Consejo Permanente de la OEA acuerda una declaración de apoyo al diálogo en Venezuela

(Washington DC, 21/11/2016). Este 16 de noviembre, los Estados Miembros de la OEA se reunieron en Consejo Permanente a objeto de discutir y aprobar un proyecto de declaración para apoyar el proceso de diálogo en Venezuela, en línea con el acuerdo aprobado por consenso el 1º de junio de este mismo año. La delegación de Venezuela y Bolivia decidieron retirarse de la sesión por considerar que la sesión violaba los principios de soberanía y no injerencia, ya que el Estado afectado «no había sido suficientemente consultado sobre el proyecto de declaración.»

La primera en tomar la palabra durante la sesión fue la Embajadora Alterna de Venezuela, Carmen Velázquez, quien afirmó que Venezuela es «una nación comprometida históricamente con la paz» y que «el Presidente Maduro ha alentado en varias ocasiones el diálogo para resolver las diferencias». Continuó la Embajadora: «El 30 de octubre hubo una declaración pública sobre el diálogo nacional, proceso que venía en conversaciones, pero que las partes decidieron hacerlo público. Se adoptó una metodología, un camino a seguir y se abordaron unos temas.» Afirmó que el diálogo «está dando resultados, a pesar de que tiene enemigos poderosos, que lo adversan».

La Embajadora aclaró que, en reuniones que habría sostenido con las delegaciones, «dentro de la prudencia y la confidencialidad», se había dado información «porque en los acuerdos se pedían reservas». Alabó la «Declaración Conjunta para Convivir en Paz», asegurando que la convivencia en paz era el lema de los venezolanos. Advirtió que Venezuela ha hecho suyos dos «principios que consideran intocables», los cuales son la no intervención en los asuntos internos del Estado y el respeto a la soberanía. En palabras de la Embajadora Velázquez, el proceso del diálogo es «completo, dinámico, que tiene sus tiempos, como todo proceso de diálogo, pero afortunadamente va por muy buen camino (…) es como un bebé que requiere cuidado, atención y cariño».

Posteriormente, hizo alusión a algunas dudas «que pudiesen tener los Estados», la primera de ellas sobre la ausencia de la Organización de Estados Americanos de la mesa, sobre lo cual afirmó que «no hacen falta otros actores, las partes están de acuerdo en los que están. El diálogo se da sin la OEA y estamos convencidos que porque no está la OEA el diálogo está avanzando.» Aclaró que agradecen a todos los Estados que han hecho pronunciamientos sinceros de apoyo al diálogo, pero que existían personajes «que no favorecen el diálogo, son enemigos del diálogo y apuestan a que la situación en Venezuela tome otros caminos» que, afortunadamente, no estaba tomando.

Posterior a dicha «introducción», la Embajadora denunció que se había estado llevando a cabo un proceso de consulta entre las delegaciones «cuyo único tema es Venezuela, como si en la región (…) no ocurrieran otras cosas». En palabras de Velázquez, el tema de Venezuela pareciera ser una «cortina de humo, como cuando uno tiene problemas en la casa y busca afuera las responsabilidades». Por ello, circularon una comunicación entre las delegaciones, con el objetivo de que la OEA «fuese buscando confianza entre los países, de manera de ir erradicando la práctica intervencionista, injerencista y de no respeto a la soberanía». En este sentido, aclaró que Venezuela no se encontraba en contra del texto de fondo del proyecto de acuerdo, sino de que un grupo de Estados se hubiese conformado para discutir un proyecto de declaración sobre Venezuela sin haberlo consultado con ellos, puesto que eso estaría violando los principios de no injerencia en asuntos internos y respeto a la soberanía. La Embajadora enfatizó en que se había enterado que existía un proyecto de acuerdo «por casualidad», el cual había sido circulado justamente por los Estados Unidos de América y al cual no pudieron tener acceso. Luego de enterarse de que ya se estaba discutiendo la tercera versión del documento, dijo la Embajadora que se quejaron «en términos amigables, como las relaciones cordiales que nos caracterizan con las delegaciones, pero fuertemente», pues no era aceptable que se estuviese «negociando sobre un país, a espaldas de ese país».

La Embajadora Velázquez prosiguió con una respuesta a aquellos que alegaban que había que fortalecer el Consejo Permanente, asegurando que el «exitoso proceso de integración y diálogo político a nivel regional» que había impulsado Venezuela (CELAC, UNASUR, ALBA) se fundamentaba en el respeto que había imperado a las diferencias y a los asuntos por los que atravesaban los países. Luego, continuó con su queja sobre el procedimiento que había llevado a la creación y presentación del proyecto de acuerdo, aceptando que había recibido una convocatoria a una reunión, a la cual había respondido que no reconocía la convocatoria ni el texto. A pesar de ello, «se sorprendió» con la convocatoria a la reunión, pues en su comunicación habría pedido «prudencia», ya que era necesario «apoyar el diálogo, y que el diálogo necesitaba tiempo». La Embajadora fustigó a la organización por su «expediente», expresando que era un secreto a voces que «Venezuela no confía en la organización», tomando en cuenta «primero, la campaña mediática que la organización ha impulsado para desacreditar al gobierno de Venezuela y crear una matriz de opinión de que en Venezuela la democracia está en peligro (…) y se ha dado un debate sobre las actuaciones y extralimitaciones del Secretario General«. Al respecto, afirmó que se le había dicho que «un pronunciamiento del Consejo Permanente era una forma de dejar claro al Secretario General que quien gobierna la organización son los Estados.» Finalizó solicitando que, ya que se podía discutir sobre Venezuela en el Consejo Permanente, debería también establecerse una fecha para discutir sobre las actuaciones del Secretario General.

La Embajadora Velázquez finalizó su intervención aseverando que no se iba a pronunciar sobre el fondo del asunto, puesto que sí estaban comprometidos con la paz en Venezuela y el diálogo, pero no en cómo se había llegado hasta ahí, por lo que no podían acompañar, aunque sonara a contradicción, un proyecto de declaración donde se estarían violando dos principios sagrados para ellos». Seguidamente hizo una reflexión sobre la urgencia de la declaración, haciendo la aclaratoria que «algunos» le habían dicho que era porque «el Secretario General no estaba en ese momento», ante lo cual afirmó que «llegó el momento de enfrentar la situación, de que el Consejo Permanente se empodere y que sea el Consejo el que rija la Organización y que el Secretario General atienda y obedezca las normas de la Organización». Agregó que «hay muchas cosas oscuras, más allá de aprobar un proyecto de declaración de apoyo al diálogo (…) no sabemos si es un apoyo al Departamento de Estado, a la intervención de la soberanía». Por tanto, «por el compromiso con la Patria», no podía acompañar un espacio donde se perturbara un proceso, por lo cual se retiró de la reunión del Consejo Permanente.

Posteriormente, Nicaragua tomó la palabra para expresar que no se pronunciaría sobre el fondo, pero que no era correcto que se convocara a una sesión para discutir sobre los asuntos internos de otros Estados, «práctica injerencista» en la que no podían caer para no dejar un mal precedente.

Luego de ello, el Consejo Permanente pasó a analizar la propuesta de declaración:

Bolivia también demostró su desacuerdo con respecto a la propuesta de declaración y la sesión del Consejo Permanente, a la cual calificó «apócrifa y al margen de los principios de la OEA… ilegal e ilegítima, por haber sido convocada sin solicitud oficial». Alegó que la presidencia del Consejo y, por tanto, la competencia para convocar una reunión, correspondía a Barbados y no Jamaica quien, además convocó a la reunión «de la manera más perversa. motivada por el apasionamiento del Secretario General Almagro y sus amigos» echando por lo suelos los principios de soberanía y no injerencia. El embajador aclaró que acuerda el diálogo y los acuerdos logrados para una convivencia pacífica, pero que la convocatoria a la sesión y el proyecto de declaración «no era la forma de contribuir al diálogo» y que «una iniciativa de esta naturaleza sólo contribuye a la inestabilidad y el caos». Además de ello, expresó su preocupación por «la coincidencia de las amenazas de volver a la violencia de la oposición y la solicitud generada por un grupo de países» y que esperaba que «la OEA no esté retornando nuevamente a su viejo y oscuro pasado de conspiraciones e intervenciones». Por las razones expresadas, dado su compromiso y respeto al derecho internacional, la soberanía de los pueblos y la no injerencia, y para no acompañar ni servir a los «intereses hegemónicos», también se retiró de la sesión del Consejo Permanente.

Luego de esta intervención, el Secretario de Asuntos Legales de la organización tomó el derecho de palabra para aclarar que la convocatoria por parte de Jamaica estaba ajustada a las normas, ya que la delegación de Barbados no había presentado aún sus credenciales y, por tanto, la presidencia seguía en manos de Jamaica.

México hizo uso de su derecho de palabra para defender y apoyar el proyecto de declaración presentado, alegando que «que fue debidamente consultado con todas las partes, incluyendo sesiones informales abiertas y en contacto con todas las delegaciones, incluida la delegación de Venezuela»; que la sesión era pertinente e importante para dar seguimiento al acuerdo aprobado el 1º de junio y que el único objetivo de la declaración era «expresar apoyo a (un) ejercicio de facilitación, de búsqueda de entendimiento para encontrar una salida por los venezolanos y para los venezolanos». También defendió la idea de que la convocatoria y el proyecto presentado buscaban darle al Consejo el papel que les correspondía con respecto a las obligaciones y principios de la propia Carta de la OEA y otros instrumentos que rigen nuestro comportamiento, incluida la Carta Democrática». Aclaró que el proyecto de declaración también alentaba al gobierno y la oposición a llegar a acuerdos «en un plazo razonable» y subrayó la necesidad de que las autoridades y todos los actores políticos actuaran «con prudencia» y evitaran «cualquier acto de violencia o amenaza al proceso en marcha».

Seguidamente, el embajador de Argentina tomó la palabra también para defender el proyecto y la celebración de la sesión, afirmando que «los señalamientos hechos, por más que sean atendibles, son completamente falaces» y que el proceso había sido completamente transparente, demostrando su disgusto, ya que la iniciativa de diálogo «había salid del mismo Consejo Permanente». Indicó que todo lo que los copatrocinantes habían hechos había sido «completamente transparente y con un espíritu constructivo para apoyar a un diálogo», sobre el cual sabían que «no es fácil» y que, por lo observado, «iba a necesitar todo tipo de apoyo». Lamentó que Venezuela no estuviese presente, pero recordó que, por principios, no podían permanecer silentes e inermes, y que el ofrecimiento de apoyo y ayuda se tenía que hacer expresamente, se aceptara o no se aceptara. Negó que la OEA fuese un obstáculo bajo ningún punto de vista a las acciones que tengan lugar o vayan a tener lugar como parte del diálogo, afirmando que era la obligación de los Estados presentes «levantar de nuevo a la OEA». Finalmente, solicitó que se adoptara el proyecto por aclamación.

Acto seguido, el embajador de Canadá expresó su apoyo al proceso de diálogo y a la declaración. ante la duda que había puesto Venezuela sobre la mesa relativa a la celeridad para aprobar el acuerdo, respondió que era porque «el diálogo es frágil y la situación volátil». Expresó su deseo de que las partes tuviesen un «compromiso genuino» y trabajasen en conjunto para «resolver los retos económicos, políticos y humanitarios que enfrentan Venezuela y sus ciudadanos». Aclaró que también apoyaba «los derechos democráticos de Venezuela de llevar a cabo reuniones pacíficas, el derecho a decidir su futuro político a través de medios legales y constitucionales».

Durante su intervención, Antigua y Barbuda afirmó que era perfectamente plausible que un grupo de países se reuniera para discutir un proyecto de declaración y presentarlo ante el Consejo Permanente, ante lo cual la Presidencia no tenía otra opción sino convocar a los Miembros a sesión. También se mostró de acuerdo con el fondo del proyecto, al que felicitó por su «tono no confrontacional» y por haber eliminado la convocatoria a que se formara un «Grupo de Amigos», como expresaba su primera versión, a la cual consideró una propuesta «disruptiva». Sin embargo, también expresó «gran simpatía por la postura de Venezuela», la cual, a su parecer, no había sido suficientemente incluida en el proceso de discusión, y que lo correcto y la obligación de los Estados era incluir al Estado afectado en las discusiones. Finalizó puntualizando que esa sería su única reserva, el derecho de los Estados a ser escuchados apropiadamente».

Perú se sumó a los que consideraban que era necesario que el Consejo Permanente se pronunciara, por el principio de solidaridad que rigen las relaciones de los Estados y dentro del espíritu de la declaración del 1º de junio. Indicó que consideraba deber de los Estados Miembros «respaldar y alentar a los participantes a alcanzar resultados en un plazo razonable, para lograr la estabilidad política y la recuperación económica, en un marco de pleno respeto a los derechos humanos».

El embajador de los Estados Unidos afirmó que apoyaba «fuertemente» el proceso de diálogo, y que lo seguiría apoyando, pues era la única oportunidad de encontrar soluciones pacíficas a lo que estaba sucediendo en Venezuela. Afirmó que el Consejo Permanente tenía el legítimo interés y el deber de discutir sobre la situación en Venezuela, por lo que querían expresar su apoyo de manera expedita. Finalizó uniéndose a la petición de que se aprobara la declaración por aclamación.

Jamaica expresó su apoyo a la declaración, por considerar que la OEA tiene el «deber de expresar su apoyo y ofrecer su ayuda a un proceso de diálogo pacífico y estable».

Guyana mostró su preocupación por la situación que vive Venezuela y extendió sus deseos de que se pudiese encontrar una solución pacífica para seguir los caminos establecidos en la Constitución. Ante las preocupaciones expresadas por la delegación venezolana, indicó que apoyaba los principios de soberanía y no intervención, apoyados, seguramente, por todos los Estados del Consejo. Indicó que, si bien consideraba que el documento era bastante valioso, «el camino al consenso se debe basar en la consulta plena».

El embajador de Brasil aseveró que su país «es y será siempre amigo de Venezuela», por lo cual seguían «con gran interés la evolución del país». Hizo un recuento de las últimas actuaciones de Brasil en el Consejo Permanente ante las discusiones sobre Venezuela: cuando la Canciller Delcy Rodríguez hizo su presentación el 5 de mayo, saludaron el espíritu de diálogo y entendimiento. El 1º de junio apoyó la redacción de la resolución adoptada por el Consejo Permanente, adoptada por consenso y en la cual se concluye que «la apertura a un diálogo abierto beneficia a todos los Estados, sin distinción». Afirma que, en su intervención, «Brasil apoyó que el diálogo tuviese soluciones concretas y resultados palpables en el marco de la plena del Estado de Derecho y el respeto al orden constitucional en Venezuela«. Durante la presentación del ex presidente Zapatero el 21 de junio, abogó por la «aplicación justa y oportuna de los procedimientos previstos en la Constitución«. Durante la sesión en la que el Secretario General solicitó la activación de la Carta Democrática, el 23 de junio, se mostró favorable a un «libre intercambio de ideas necesarios para promover el entendimiento». En palabras del embajador, estos principios expuestos eran justo lo que buscaba el proyecto de declaración. Expresó su deseo de que el proyecto fuese apoyado por la Organización e hizo un llamado «a todos los actores a que se mantengan por el camino democrático del diálogo con prudencia para superar la polarización de la sociedad venezolana».

El embajador de Trinidad y Tobago expresó su confianza en la legalidad de la convocatoria realizada por Jamaica y le dio la bienvenida, pues representaba una oportunidad para que el Consejo se expresara a favor de una resolución pacífica a cualquier situación. Aseveró que «respeta el principio de soberanía y no injerencia», pero que le preocupaba la continuada expresión sobre la pérdida de confianza en la Organización de Venezuela» y alentó a dicho país a que tuviera confianza en que las delegaciones presentes continuaban respetando los principios de la Organización. Afirmó ver con satisfacción que la declaración del 1º de junio había sido adoptada por consenso, aunque lamentó que esta vez no iba a ser posible. Sin embargo, mantuvo su apoyo a la declaración y expresó que esperaba que en un futuro se pudiese volver a un consenso.

Guatemala indicó que su país cree firmemente en los procesos de diálogo para solucionar problemas, por lo cual apoyaba el proceso de diálogo y el proyecto de declaración discutida, reiterando que la OEA estaba en posición de apoyar el proceso, que consideró incluso inherente a la organización, que en representación de las Américas se apoyara un proceso de diálogo.

Ecuador aclaró que no le preocupaba el fondo del proyecto de declaración, que considera parte «de la buena fe»; sin embargo, se abstuvo de apoyar la aprobación, por pensar que Venezuela debía estar presente en todas las etapas de negociación. Señaló que no iba a abandonar la sala, tal como lo hicieren Ecuador y Venezuela, ya que era su deber acompañar al Consejo Permanente en los temas de discusión, y que Ecuador no estaba dispuesto a renunciar a su derecho a discutir, solicitar reuniones al Consejo Permanente y tomar la palabra para discutir cualquier proyecto; poniendo como ejemplo, algunos «ejemplos» que pudiesen suceder en Estados Unidos y que «tendrían que defender» cuando se violasen esos derechos humanos.

El Salvador indicó que el texto le parecía «bastante aceptable» y que había participado en su redacción, pero que el sentido ya se había perdido, pues la del 1º de junio había sido por consenso; por lo cual eran de la idea de que había que continuar dialogando con el Estado para alcanzar ese consenso.

El embajador de Colombia lamentó que las dos delegaciones hubiesen salido de la sala. Indicó que, en política exterior, su país apoya el diálogo como mecanismo de resolución de conflictos, y que lo mismo aplica a lo interno. Indicó que en el comunicado expresa «la intención de mantener el camino del diálogo, así como a actuar en la convivencia democrática, comprometiéndose a una hoja de ruta que permitiese el equilibrio de los poderes, así como enfrentar la escasez«. Afirmó que el Presidente Santo y la Canciller Holguín habían demostrado la necesidad de que el diálogo fuese incluyente y que condujera a una «pronta y efectiva solución en Venezuela«, tal como había sido expresado en la declaración del 1º de junio. Reiteraron su mensaje a todos los actores a «actuar con prudencia y evitar cualquier acto de violencia que amenace el proceso de diálogo nacional». Aseveraron que el diálogo y el consenso son dos fundamentos de la Organización para enfrentar los obstáculos que se les presentan.

El embajador de Chile apoyó el texto de a declaración, afirmando que el proceso por medio del cual fue redactado había sido «respetuoso, constructivo y transparente (…) llevado a cabo de buena fe y en consulta permanente con todos los Estados» y que, además, había sido presentado de forma «respetuosa y equilibrada». Aseveró que incluía el compromiso que habían expresado todos los Estados con el diálogo, incluso el de la Canciller Rodríguez. En consecuencia, hizo hincapié en la necesidad de «fortalecer y reforzar el diálogo en un marco de respeto y de ninguna forma de injerencia» y que, «cualesquiera que sean las dificultades que enfrenten los venezolanos, serán los propios venezolanos los que encuentren solución a sus problemas». Apoyaron la idea de aprobar el texto por aclamación.

Uruguay también apoyó la aprobación del texto de la declaración.

Nicaragua volvió a tomar la palabra para señalar que no existía el consenso, mientras que algunas intervenciones habían hecho referencia a seguir discutiendo el asunto y que fuese Venezuela la que convocara, por derecho propio y soberano, la sesión del Consejo Permanente.

Posterior a ello, el Consejo Permanente adoptó el proyecto de acuerdo sin que hubiese oposición de ninguna delegación. Sin embargo, luego de adoptada la declaración se suscitó un problema con el embajador de República Dominicana, quien aseguró que había pedido la palabra antes de que se pasara a la adopción de la declaración y que no se la habían dado.

Dijo el embajador de ese país que se excluía del acuerdo, pues no había habido consenso, y que «emanar una declaración en este ambiente no es lo recomendable ni debe ser el espíritu de esta organización». En sus palabras, Una declaración determinada debía contar con el apoyo de todos, sobre todo de la parte a la que se pretendía ayudar. Al igual que Nicaragua, consideró que lo mejor era que se siguiera dialogando sobre la declaración.

Ante esto, el embajador de México solicitó un Punto de Orden para aclarar que la declaración sí había sido adoptada, pero no por consenso.

Posteriormente, el embajador de Costa Rica tomó la palabra, quien celebró la adopción de la declaración, la cual, según su consideración, «pudo haber sido aún más contundente«. Indicó que con esta declaración, «los países que integramos el hemisferio respaldamos política y democráticamente un proceso de diálogo que apenas inicia y que enfrenta grandes y profundos retos para su consolidación». Afirmó que, si bien es cierto que todo proceso de diálogo es, inminentemente interno, «la comunidad internacional está en todo derecho de respaldar toda iniciativa de diálogo y negociación para solucionar toda crisis», respaldo que «le añade legitimidad, no le resta». Según él, el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional habían esperado mucho tiempo, «quizás demasiado», por ese paso y que, ahora que había iniciado el proceso de diálogo, «no podía ser tímido, infructuoso y mucho menos ad eternum«, por lo que alentaban al gobierno y la oposición, representada en la Mesa de Unidad Nacional (MUD), a «alcanzar resultados concretos en un plazo razonable» e incluyó un «llamado a la prudencia, a evitar llamados a la violencia y amenazas al proceso en marcha; a poner el bien común por encima de cualquier diferencia». Afirmó que Costa Rica «confía en que el diálogo pueda crear una hoja de ruta para poner fin a la difícil situación que atraviesa Venezuela, una que proponga acciones para mejorar la situación humanitaria y económica que atraviesa la población venezolana, que afiance el Estado de Derecho, que garantice la Separación de Poderes, en especial el Poder Electoral y Judicial, así como la independencia de la Defensoría del Pueblo, y ofrezca las garantías constitucionales que permitan a todos los venezolanos ejercer sus derechos fundamentales (…) Una hoja de ruta que garantice el debido proceso, que evite las detenciones arbitrarias e incluya también medidas para la liberación de los presos políticos«. En este sentido, el embajador de Costa Rica respaldó los llamados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) a «garantizar la adecuada protección de los opositores políticos, los defensores de derechos humanos y otras personas que enfrentan amenazas por su trabajo». Culminó su intervención aseverando que Costa Rica seguía con mucha atención el desarrollo de los hechos, y que estaba presta a colaborar «en democracia y con democracia para que la crisis política en Venezuela sea superada por la vía política y sin mayores delaciones».

Luego de la intervención del embajador de Costa Rica, el embajador de Ecuador solicitó que constara en actas que no acompañaba la declaración.

La embajadora de Belice solicitó que constara en actas su apoyo a la declaración sin reservas y agradeció a quienes la habían redactado. Sin embargo, subrayó la importancia de notar cómo había sido adoptada la declaración, sin la participación de todos los Estados Parte del Consejo.

Posteriormente, el embajador de El Salvador pidió que constase en actas su abstención.

Luego de ello, el Asistente del Secretario General dio lectura a un mensaje enviado por el Secretario General Almagro.

Surinam aclaró que apoya la resolución de los conflictos a través del diálogo, pero que creía que debía haber consenso de todas las partes interesadas. Bahamas señaló que era preferible abstenerse, y que la mejor opción era dejar que el juego procediera sin la intervención de la OEA. Finalmente, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Haití y Nicaragua indicaron que también se abstenían, con lo cual finalizó la sesión.

Texto final aprobado:

Declaración del Consejo Permanente en apoyo al proceso de diálogo nacional en Venezuela

 16 de noviembre de 2016

(Aprobada por el Consejo Permanente en la sesión extraordinaria, celebrada el 16 de noviembre de 2016)

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,

Reiterando su Declaración del 1 de junio de 2016 sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela [CP/DEC. 63 (2076/16)],

DECLARA:

1. Dar la bienvenida y apoyar la instalación del diálogo nacional en la República Bolivariana de Venezuela y reconocer el compromiso de las partes con una convivencia pacífica, respetuosa y constructiva, así como la decisión de poner el bien común de Venezuela, por encima de cualquier diferencia entre las partes.

2. Alentar al Gobierno y a la Mesa de Unidad Democrática a alcanzar resultados concretos en un plazo razonable para poner fin a la difícil situación que atraviesa Venezuela y subrayar la necesidad de que las autoridades constitucionales y todos los actores políticos y sociales actúen con prudencia y eviten cualquier acto de violencia o amenazas al proceso en marcha.

3. Respaldar el importante acompañamiento del Vaticano y reiterar su apoyo a los esfuerzos de los tres ex Presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos.

4. Reiterar la disposición del Consejo Permanente a colaborar con estos esfuerzos.

Ver Mensaje del Secretario General, aquí.