48 organizaciones de DDHH a nivel nacional suscriben comunicado contra la «Ley del odio»

(Caracas, 21/11/2017)  Las organizaciones firmantes del presente comunicado manifiestan su profunda preocupación por la denominada “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” y las implicaciones que la aplicación de esta norma inconstitucional pueda tener en materia de derechos humanos en Venezuela.

Quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, ratificamos nuestro contundente rechazo a la mencionada “Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” pues emana de la Asamblea Nacional Constituyente la cual carece de legitimidad por haber sido convocada mediante una interpretación viciada del artículo 348 de la Constitución, teniendo esto como resultado que ninguna de las actuaciones de la ANC tendrá validez jurídica alguna.

Las disposiciones contenidas en este instrumento normativo constituyen una grave violación a la libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a la manifestación pacífica y progresividad de los derechos y libertades fundamentales. Incluye definiciones vagas e imprecisas y pretende aplicar penas excesivas que van de 10 a 20 años de prisión a quien públicamente o a través de cualquier medio de difusión transmita ideas u opiniones críticas al gobierno venezolano.

Más grave aún, es que a través del uso de conceptos jurídicos indeterminados, en esta inconstitucional ley, se configuran tipos penales, que en el marco de una justicia parcializada y no independiente como la venezolana, no tenemos duda, producirá sentencias condenatorias contra los sujetos que, en pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, disientan políticamente de los detentadores del poder.

La elaboración de normas de materia penal de acuerdo a la Constitución de 1999 son materia de reserva legal y por lo tanto solo la Asamblea Nacional podrá legislar sobre esta; asimismo, tal como lo menciona El Foro por la Vida, “la pretendida legislación descansa en la teoría del “expansionismo penal”, según la cual la cárcel es la solución de los conflictos.

El objetivo de la ley es “erradicar el odio”, lo que se traduce en criminalizar las expresiones de odio, pero no define qué entiende por “odio”, por lo tanto la imprecisión deja la puerta abierta a la penalización de cualquier expresión sin utilizar un criterio riguroso, apegada a la normativa internacional y nacional. No contempla una gradación del “odio” en las que a cada expresión o conducta le corresponde una respuesta diferenciada.

Del mismo modo, según publicación del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), la Ley contra el Odio, representa una clara violación al debido proceso, transgrediendo así el artículo 49 de la Constitución Nacional, mediante la agravante contenida en el artículo 21 de la precitada norma inconstitucional.

Por su parte, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, opinó: «Tendrá el efecto sistemático de inhibir la crítica al interior del país, porque todos los seres humanos tienen temores naturales de sufrir en un régimen sin garantías, es mucho más grave de lo que parece a primera vista».

Rechazamos las amenazas dirigidas a las organizaciones que hacemos vida en Venezuela en virtud del contenido de la Ley contra el odio; tal como sucedió el día 15 de noviembre del presente año, cuando el Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y miembro de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, durante la transmisión de su programa “Con el Mazo Dando”, pretendió criminalizar la labor de la organización “Un Mundo Sin Mordaza”, acusándola de incitar al odio y a la violencia y amenazándola con la aplicación de la Ley contra el Odio.

Es por esto que, las organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela no cesaremos en nuestra lucha por el respeto de las garantías fundamentales contenidas en la Constitución Nacional así como en pactos y tratados internacionales. Continuaremos acompañando a todos aquellos afectados por la aplicación de esta Ley y a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país, exigiendo sea aplicada la justicia contra los responsables del abuso de poder.

Suscriben:
– Un Mundo Sin Mordaza
– Provea
– Laboratorio de Paz
– CIVILIS Derechos Humanos
– Acción Solidaria
– Defiende Venezuela
– Espacio Público
– Transparencia Venezuela
– Acceso a la Justicia
– Revista SIC del Centro Gumilla
– Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
– Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
– Centro de Derechos Humanos – Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
– Monitor Social AC (MOS) – Nueva Esparta
– Asociación Venezolana para la Hemofilia
– Convite A.C.
– Cátedra DDHH UCLA
– EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
– Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI)
– Fundación Aguaclara
– Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de
Venezuela del Estado Táchira
– Coalición Clima21
– Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegio de
Abogados del Estado Apure
– Redes Ayuda
– Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ AC)
– Movimiento SOMOS
– Sinergia – Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
– Padres Organizados de Venezuela
– Comité de Derechos Humanos para la defensa de pensionados, jubilados, adultos
mayores y personas con discapacidad
– Vicaría de DDHH de la Arquidiócesis de Barquisimeto
– Madres y Padres por Los Niños en Venezuela (MAPANI VZLA)
– Fraternidad Laical Dominicana de Barquisimeto Santo Domingo de Guzmán.
– Comisión de Justicia y Paz OP Vzla.
– Fundación Emprendedores Solidarios
– Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
– Aula Abierta Venezuela
– Centro para la Paz y los DDHH UCV
– Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
– Foro Penal Venezolano
– Todos Ahora
– Asamblea de Educación
– Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes
(FENASOPADRES)
– Centro de Animación Juvenil
– Asamblea de Educación
– Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
– Unión Afirmativa
– Sociedad Hominis Iura
– Centro de Acción y Defensa por los DDHH (CADEF)