ACAPS: «Venezuela debe levantar restricciones irracionales sobre la ayuda humanitaria»

(Ginebra, 17/9/2019) En medio de la lucha en curso entre el gobierno y la oposición por el control del Estado, los venezolanos enfrentan una crisis de larga data con riesgo de que se comentan crímenes atroces. Influenciado por años de militarización de las instituciones del Estado, el liderazgo de las fuerzas armadas se ven forzadas a permanecer leales a Maduro, arriesgándose a permanecer en una crisis política. La violencia política ha creado un ambiente que facilita la realización de serias violaciones y abusos de los derechos humanos, entre los cuales se pueden denominar como crímenes contra la humanidad. Razones por las cuales el ACAPS mantiene a Venezuela en la categoría de «Gran Preocupación».

Los esfuerzos actuales de mediación constituyen una importante oportunidad, pero sigue sin estar claro si el gobierno está dispuesto a trabajar junto a la oposición para resolver el conflicto político.

Aunque el gobierno ha acordado permitir algo de ayuda humanitaria brindada por las Naciones Unidas y otros actores neutrales, el acceso continua siendo restringido. Según OCHA, un estimado de 7 millones de personas, 25% de la población, tienen necesidad urgente de asistencia. Es probable que las recientes extensiones de las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro exacerben la emergencia humanitaria al poner en riesgo la importación de productos esenciales, incluyendo alimentos y medicinas.

El gobierno está fallando en cumplir su responsabilidad de proteger a todos los venezolanos, sin importar sus afiliaciones políticas.

Respuesta Internacional

Varios gobiernos, incluyendo la mayoría de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), han criticado públicamente las violaciones y abusos sistemáticos de derechos humanos en Venezuela, y más de 50 gobiernos ahora reconocen a Guaidó como Presidente Interino.

Durante noviembre 2017, la Unión Europea (UE) impuso un embargo de armas sobre Venezuela. La UE también ha impuesto prohibiciones de viaje y congelamiento de cuentas de 18 oficiales del gobierno. Los Estados Unidos ha impuesto sanciones extensivas sobre Maduro, su familia y altos cargos del gobierno.

El 26 de septiembre de 2018, seis Estados refirieron la situación de Venezuela a la Corte Penal Internacional (CPI). Al solicitar a la Fiscal en Jefe abrir una investigación formal sobre la posible ejecución de crímenes contra la humanidad: Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú se convirtieron en los primeros países en referir a la CPI sobre crímenes que tuvieron lugar en el territorio de otro Estado parte.

Acciones necesarias

El gobierno debe terminar inmediatamente la persecución de oponentes políticos, desmovilizar milicias auxiliares, asegurar la realización de investigaciones imparciales de todas las ejecuciones extrajudiciales, y levantar restricciones irracionales sobre la ayuda humanitaria. El gobierno debería mantener su compromiso manifestado de conceder a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) acceso total a los centros de detención y liberar a todos los que han sido detenidos arbitrariamente.

Traducción no oficial

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