ONG internacionales alertan sobre hostigamiento y criminalización a organizaciones venezolanas tras el informe de la Misión de Determinación de Hechos

(Ginebra-París, 29/09/2020) – Tras el informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU de determinación de los hechos sobre Venezuela, que denunció la comisión de crímenes contra la humanidad en el país, un portal gubernamental, Misión Verdad, inicia una campaña de hostigamiento y señalamiento de las organizaciones de la sociedad civil, lo que hace temer la comisión de represalias y actos de represión por parte del gobierno venezolano contra ellas, advierten la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) a través de su observatorio conjunto para la protección de los defensores de derechos humanos.

 Desde el pasado 24 de septiembre, la cuenta en redes sociales denominada “Misión Verdad” ha iniciado una campaña para criminalizar, hostigar y estigmatizar a varias organizaciones no gubernamentales venezolanas, acusándolas de transmitir información falsa a la Misión de la ONU, que documentó centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, entre otras violaciones de derechos humanos.

En la campaña se apunta directamente a organizaciones como el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) –miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT–, Espacio Público, Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Control Ciudadano, todas ellas organizaciones de reconocida trayectoria en la documentación y defensa de los derechos humanos en el país. En el caso de COFAVIC, el artículo señala a la organización como principal fuente de información del informe de la ONU e incluso se incluye una foto de su directora, la Sra. Liliana Ortega.

“Misión Verdad” difunde desde hace varios años contenidos que buscan criminalizar el trabajo de organizaciones y personas que defienden derechos humanos. Dada la clara vinculación de esta plataforma con el Gobierno – de hecho el propio ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores re-tuiteó este contenido en su cuenta personal, desde el Observatorio tememos que esta acción sea el preludio de una nueva campaña de represión estatal contra las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en Venezuela.

El Observatorio denuncia que esta nueva amenaza contra la sociedad civil se desarrolla en un contexto de amenazas y ataques sistemáticos contra las personas defensoras de derechos humanos y ONG que, en la práctica, ya han tenido un fuerte impacto en el cierre del espacio cívico democrático en Venezuela. Efectivamente, como ya venimos documentando ampliamente, la estigmatización de las personas defensoras se ha convertido en un mecanismo esencial en Venezuela para reducir el impacto de las personas y organizaciones que defienden derechos humanos y consolidar una peligrosa narrativa del “enemigo interno”.

El patrón identificado para la persecución siempre es el mismo: primero la estigmatización se recrudece en los medios de comunicación públicos de alcance nacional y redes sociales de alta penetración en Venezuela. Posteriormente, el hostigamiento a las personas defensoras inicia con acusaciones realizadas por funcionarios del Estado, generalmente de altos niveles del poder, donde se les acusa y desprestigia de forma sistemática. Finalmente se consolidan las agresiones y campañas de estigmatización y descrédito a las personas defensoras.

«Estas campañas de estigmatización y descrédito se alimentan de un discurso de odio y desprestigio del trabajo de defensa de derechos humanos. Estos ataques se han convertido en una política de Estado en Venezuela«, declaró Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.

Este patrón de hostigamiento se dirige especialmente a personas defensoras que cooperan con organismos internacionales de protección y realizan labores de incidencia y denuncia a escala internacional y viene acompañado de una estigmatización al financiamiento internacional, como sucede en este caso. Son varios los intentos de restringir el acceso a fondos internacionales por parte de las organizaciones de la sociedad civil venezolana, denunciados por el Observatorio como parte de un intento de silenciar el trabajo de las mismas. A modo de ejemplo, el pasado 19 de febrero el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Sr. Diosdado Cabello, anunciaba un proyecto de reforma legislativa ante la ANC que buscaba restringir la financiación extranjera a las ONG.

Es preciso recordar también que el Informe Anual del Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres presentado al Consejo de Derechos Humanos según su Resolución 12/2 por acciones de agentes del Estado ocurridas entre junio de 2019 y abril de 2020, pone en evidencia como ciertas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, entre ellas, el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA) han sido atacadas por el gobierno por colaborar con el Sistema de Naciones Unidas.

«Reiteramos que los estándares internacionales de derechos humanos de aplicación e Venezuela reconocen sin duda alguna que el derecho de las ONG a la financiación internacional es una parte integral del derecho a la libertad de asociación» declaró Alice Mogwe, Presidenta de la FIDH.

 Por todo ello, manifestamos nuestra preocupación y nuestro profundo rechazo a las campañas de desprestigio continuas hacia las ONG venezolanas y urgimos a las autoridades de Venezuela a poner fin a todo tipo de hostigamiento en contra de ellas. El Estado debe respetar y garantizar su trabajo, tal y como está establecido en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998. Asimismo, exhortamos a las autoridades a establecer plenas garantías para el ejercicio de la libertad de prensa, de información y de defensa de los derechos humanos en el país, incluida la financiación de éstas, como parte integrante del derecho a la libertad de asociación.

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