Informe CIDH: Criminalización de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos

(11.04.2016, Washington, CIDH) En el marco del 157 período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Informe Temático Criminalización de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos donde se analiza de forma detallada el uso indebido del derecho penal para criminalizar la labor de las y los defensores de derechos humanos. Este es el tercer informe que la Comisión realiza dirigido a este tema. El primero de ellos, fue publicado el 7 de marzo de 2006, fue titulado: Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores en las Américas. Allí la Comisión identificó los obstáculos a los que se enfrentan los defensores y las defensoras con mayor frecuencia: a) ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; agresiones, amenazas y hostigamientos; b) campañas de desprestigio; c) violaciones al domicilio y otras injerencias arbitrarias; d) actividades de inteligencia; e) restricciones al acceso a la información y a las acciones de hábeas data; f) controles administrativos y financieros arbitrarios a las organizaciones de derechos humanos; g) impunidad en las investigaciones de ataques sufridos por defensores y defensoras.

El Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas publicado el 31 de diciembre de 2011, le dio seguimiento a los resultados del Primero, señalando que los obstáculos descritos en el informe de 2006 persisten y en algunos casos se han intensificado. Por otra parte, en este Tercer Informe publicado el 09 de abril se detalla el contexto y las principales formas de criminalización que enfrentan las defensoras y defensores en las Américas, así como las recomendaciones necesarias para afrontar los desafíos:

1.-Contextos en los que se observa el uso indebido del derecho penal y grupos más afectados por esta práctica en Venezuela.

  • Iniciación de acciones penales en contra de quienes participen en protestas pacíficas por la reinvidicación de sus derechos, bajo el argumento de que se desarrollan en un marco de perturbación del orden público o de que atentan contra la seguridad del Estado. En el caso venezolano esta situación quedó en evidencia durante el 150 período de sesiones, en la audiencia sobre la situación de derechos humanos y conflictos laborales, el Coordinador General del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), explicó que el 37 % de los conflictos que han tenido lugar en Venezuela en los últimos cinco años sedeben a motivos laborales por incumplimiento de las convenciones colectivas o para exigir reformas de la legislación laboral sobre todo del sector público. No obstante, agregó que la respuesta del Estado ha sido la criminalización de la protesta, y la apertura de procesos judiciales a sindicalistas quienes inclusive han sido enjuiciados en la jurisdicción militar.
  • Criminalización de defensores y defensoras tras interponer denuncias contra funcionarios públicos acusados de corrupción.
  • En los contextos de la defensa del derecho a la tierra y el medio ambiente, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, así como la defensa de los derechos de las personas LGBT (Lesbianas, Gays, Trans yBisexuales), los defensores son frecuentemente víctimas del uso indebido del derecho penal. Al respecto, según ha indicado el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, “una de las deficiencias más graves en la protección de los derechos humanos de los últimos años es la tendencia a la utilización de las leyes y de la administración de justicia para castigar y criminalizar las actividades de protesta social y las reivindicaciones legítimas de las organizaciones y movimientos de indígenas en defensa de sus derechos” Esa deficiencia se concreta mediante la aplicación de leyes de emergencia, como las leyes contra el terrorismo, y el procesamiento de manifestantes por delitos comunes.

2.-Principales formas de criminalización de la labor de defensoras y defensores de derechos humanos

  • Pronunciamientos de funcionarios públicos que acusan a defensoras y defensores de la comisión de delitos en la ausencia de decisiones judiciales. En el caso venezolano se citan las acusaciones que llevaría a cabo el entonces Ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres hacia Humberto Prado, Coordinador General de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, así como las contínuas acusaciones perpetradas por Diosdado Cabello en su programa «Con el mazo dando». Ante esto, la Comisión considera que las declaraciones estigmatizantes en contra de defensoras y defensores pueden llegar a lesionar tanto el derecho a la integridad personal, el derecho a la honra y dignidad y el principio de presunción de inocencia, deslegitimando su labor frente a la sociedad. Así como contribuyen a exacerbar el clima de intolerancia por parte de distintos sectores de la población.

3.-La criminalización de los discursos de denuncia de violaciones a derechos humanos y el derecho a la protesta social pacífica

  • En el ordenamiento jurídico de algunos Estados se mantienen tipos penales como las leyes de desacato, la difamación, injuria y calumnia, y son utilizados como herramienta para procesar, sancionar y silenciar tanto a periodistas como a defensoras y defensores que denuncian o manifiestan opiniones críticas frente a actos de funcionarios públicos o personas públicas en cuestiones que atañen al interés público o por el mal desempeño de su función. Estos tipos penales constituyen medidas innecesarias y desproporcionadas sobre el ejercicio de la libertad de expresión respecto de asuntos de interés público, dado su efecto silenciador incompatible con una sociedad democrática. En este caso, la Corte Interamericana, se pronunció en el Informe de Fondo No. 88/10 emitido en el caso Néstor José y Luís Uzcátegui y Otros respecto de Venezuela 163F 164. En este caso, concluyó que el Estado venezolano había vulnerado el derecho a la libertad de expresión del defensor de derechos humanos, Luis Enrique Uzcátegui, quien fue objeto de una denuncia por el delito de difamación, por parte de un Comandante policial, que condujo a la apertura de un proceso penal en su contra durante cinco años.

4.-Leyes que criminalizan la protesta social 

5.-Tipos penales que priorizan el derecho a la libre circulación sobre otros

  • La libertad de reunión se encuentra consagrada en los artículos XXI de la Declaración Americana y 15 de la Convención Americana. Con respecto a este derecho, la Comisión ha reconocido que en algunas ocasiones su ejercicio “distorsiona la rutina de funcionamiento cotidiano, especialmente en las grandes concentraciones urbanas, y que, inclusive, puede llegar a generar molestias o afectar el ejercicio de otros derechos que merecen de la protección y garantía estatal, como, por ejemplo, el derecho a la libre circulación. Sin embargo, ha sostenido que este tipo de alteraciones son parte de la mecánica de una sociedad plural, donde conviven intereses diversos, muchas veces contradictorios y que deben encontrar los espacios y canales mediante los cuales expresarse.

6.- Uso indebido de tipos penales de lucha contra el terrorismo y otras leyes relativas a la seguridad nacional en contra de defensores y defensoras.

  • En el caso de Venezuela, el Estado sancionó la ley antiterrorista del 01 de febrero de 2012. Además de la sanción de la ley, se aprobó la creación de la Oficina Nacional de Delincuencia Organizada. Por su parte, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, ha expresado que “la adopción de definiciones de terrorismo demasiado amplias pueden dar lugar a tergiversaciones deliberadas del término.

7.- La criminalización de las actividades de promoción y defensa de defensores y defensoras en atención a las causas que promueven.

8.-Detenciones ilegales y arbitrarias. 

9.- La aplicación de medidas cautelares con el fin de criminalizar las labores de defensores y defensoras.

  • Prisión preventiva, la prestación de una caución económica y otras medidas cautelares.

A juicio de la Comisión, la principal repercusión de la criminalización a través del uso indebido del derecho penal radica en el derecho a defender los derechos humanos. La criminalización no solamente afecta al defensor o defensora procesado penalmente, quien debe invertir su tiempo y recursos en su defensa procesal, descuidando su trabajo o el de su organización. A su vez, la criminalización genera un efecto amedrentador y paralizante en otras defensoras y defensores quienes por miedo a sufrir retaliaciones pueden abstenerse de realizar sus tareas de promoción y protección de los derechos humanos, lo cual afecta a la sociedad en general dado que las defensoras y defensores promueven denuncias, reclamos y reivindicaciones a nivel social y colectivo que contribuyen a la realización del Estado de derecho y la democracia por medio del combate a la impunidad.

Descarga el Informe Completo aquí: Criminalización de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos