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Misión de Determinación de Hechos (FFM) en Venezuela

La FFM – por sus siglas en ingles Fact Finding Mission – establecidas por mandato de la ONU, se emplean para responder a situaciones de graves violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.

La finalidad de este mecanismo es promover la responsabilidad por las violaciones y combatir la impunidad. Para el desarrollo de las misiones, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) proporciona conocimientos técnicos y asistencia mediante varias fases clave: la formulación de guía, el asesoramiento metodológico y sobre derecho internacional, la elaboración de herramientas de investigación, la configuración de secretarías con personal especializado, y el suministro de apoyo administrativo, logístico y de seguridad, entre otros aspectos.

El 8 de octubre de 2019, en su resolución 42/25, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió crear una misión para Venezuela con el objetivo expreso de “investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014 con el fin de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas”. Los miembros de esta misión fueron nombrados el 2 de diciembre de 2019. Marta Valiñas es especialista en justicia penal internacional y justicia transicional, con experticia en el caso de Yugoslavia. Por su parte, Francisco Cox Vial, es abogado penalista y dirigió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso de Ayotzinapa en México. Paul Seils es el director de Prácticas de Paz e Innovación en el Instituto Europeo de la Paz y trabajó en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

La Misión de la ONU  tiene como objetivo la rendición de cuentas sobre los crímenes relacionados con las violaciones graves a los derechos humanos, especialmente los vinculados con las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, así como las torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes ocurridos, en Venezuela, a partir del año 2014.

Un aspecto importante de la Misión de Determinación de Hechos es que se establecerá a los responsables de las atrocidades comentadas. Este proceso hará énfasis en la cadena de mando involucrada en los sucesos. De allí que no debe olvidarse que, al tratarse de crímenes cometidos dentro de una política de Estado, la responsabilidad personal de quienes los cometen apenas se inicia con los autores materiales y luego escala a los supervisores y jefes de las instituciones que los cometieron.

En su primer informe, publicado el 16/09/2020, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela indicó que el Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza. La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

Días mas tarde, durante la última sesión del 45° periodo del Consejo de Derechos Humanos, fue presentada la resolución 45/20 (bajo el patrocinio de 50 estados) y aprobada con 22 votos a favor, 3 en contra y 22 abstenciones, la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela, y se extendió su periodo por dos años.

La resolución cuenta con dos aspectos  relevantes e innovadores:

  1. La decisión de extender el mandato de la misión internacional independiente de determinación de los hechos por un período de dos años, a fin de que pueda seguir investigando las violaciones  de los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, cometidas desde 2014, con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas, y solicita a la misión que presente informes verbales actualizados sobre su labor en los diálogos interactivos que tendrán lugar en los períodos de sesiones 46º y 49º del Consejo, y que prepare informes por escrito sobre sus conclusiones para presentarlos al Consejo en los diálogos interactivos que se celebrarán en sus períodos de sesiones 48º y 51º.
  2. Decide tener un rol activo y crea la posibilidad de adoptar nuevas medidas, como establecer una comisión de investigación, si la situación sigue deteriorándose o si las autoridades venezolanas no cooperan seriamente
    con la Oficina del Alto Comisionado, la misión internacional independiente de determinación de los hechos y los procedimientos especiales, en particular mediante la aplicación de las recomendaciones que figuran en los informes de la Alta Comisionada.

En la actualización de la FFM el 10/03/2021, la Presidente de la Misión, Marta Valiñas, presentó ante los de este organismo de Naciones Unidas en su cuadragésimo sexta sesión, la actualización oral sobre los hallazgos de la FFM desde la presentación de las conclusiones preliminares en octubre 2020.

 

Resolución «Protección y Promoción de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela»

El 27/09/2019, los gobiernos de los países miembros del Grupo de Lima presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la resolución «Protección y Promoción de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela».

La resolución, que inicialmente fue presentada por 11 países y luego fue copatrocinada por 31 países, para un total de 18 Estados patrocinantes, hace un llamado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a tener un papel activo en la búsqueda de la plena realización de los derechos humanos para todos las personas en todas partes del mundo.

Los países expresaron ante el Consejo lo siguiente:

  1. Gran preocupación por la graves violaciones de derechos humanos en el contexto de una crisis económica, política, social y humanitaria.
  2. Insta al Gobierno de Venezuela a cooperar con la oficina del Alto Comisionado y los mecanismos de los derechos humanos.
  3. Solicitan a la Alta Comisionada que prepare un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y a ser presentado en el 41 periodo de sesiones, seguido por un diálogo interactivo y presentar avances orales al Consejo en los periodos 40 y 42.

La resolución fue puesta a votación, la cual tuvo como resultado: 23 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones, lo que llevó a su adopción. De los 47 Estados que actualmente conforman el Consejo de Derechos Humanos, 49% de los miembros  estuvo a favor de la resolución.

Actualizaciones hechas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet: