Refugees International: «La respuesta a los migrantes y refugiados venezolanos de Ecuador ha sido incongruente»

(Washington D.C, 27/06/2019) Refugees International elaboró el reporte «Una acogida frágil: La respuesta de Ecuador a la afluencia de migrantes y refugiados venezolanos», donde evalúa las medidas aplicadas por el gobierno ecuatoriano en respuesta a la afluencia de venezolanos migrantes y refugiados en el país.

La salida masiva de venezolanos como consecuencia de la crisis interna del país ha creado la segunda crisis más grande de desplazamiento en el mundo —se estima que hay 3,7 millones de refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo. Alrededor de 3 millones de personas han salido del país desde 2015, y las estimaciones recientes predicen que el número de venezolanos en el extranjero llegará a los 5 millones de aquí a finales de 2019. De hecho, este éxodo es “sin precedentes por su magnitud y velocidad” en esta región.

Casi 1,2 millones de venezolanos han ingresado a Ecuador desde 2015, de los cuales la mayoría han seguido camino a Perú u otros terceros países. No obstante, en la actualidad hay
alrededor de 221.000 refugiados y migrantes venezolanos en Ecuador y cada vez más están
decidiendo quedarse en el país. La llegada de tantas personas en un período breve ha ejercido presión sobre la capacidad institucional de Ecuador. Muchos venezolanos carecen de acceso a servicios sociales, como la salud, la educación, la vivienda y los medios de vida. Muchos también han sido víctimas de la violencia sexual y de género, la discriminación y la xenofobia. A medida que más venezolanos con necesidades cada vez más graves llegan y deciden quedarse, Ecuador tiene dificultades para responder.

La respuesta de Ecuador ha sido incongruente y es un reflejo de las complejas tensiones políticas y los desafíos institucionales a los que se enfrenta. Por un lado, Ecuador ha sido históricamente un país receptor de refugiados y ha mantenido técnicamente vías para la regularización de los venezolanos. De hecho, el país tiene algunas de las leyes sobre derechos humanos, migración y asilo más progresistas de la región. Entre ellas están la Ley de Movilidad Humana de 2017, que consagra un enfoque basado en firmes principios para la regularización de la situación de los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes. Por medio de esta ley, Ecuador se
compromete también a cumplir los principios de no devolución (non-refoulement), no discriminación e integración.

Sin embargo, algunas políticas han menoscabado la intención de la ley, al impedir que los venezolanos accedan a sus derechos en la práctica. Estos cambios tienen aparentemente una motivación política y han surgido en respuesta al aumento de las llegadas, los cambios en la
opinión pública o un marcado incremento de la xenofobia. Como consecuencia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió recientemente que, a pesar del marco jurídico en el país, el acceso a la situación regular es actualmente uno de los desafíos principales para los venezolanos en Ecuador.

Esto ha tenido consecuencias devastadoras para los venezolanos. Por ejemplo, los nuevos requisitos de entrada impuestos a finales de 2018 y principios de 2019 cerraron en la práctica la frontera a muchos venezolanos, y provocaron en ocasiones la separación de familias. Esta política forzó a muchas personas a emprender rutas irregulares para acceder al país, a veces con ayuda de traficantes y tratantes de personas, lo que las expuso a mayores riesgos y las dejó sin las protecciones asociadas con la situación regular. Estas medidas también impiden que muchos venezolanos accedan al mercado laboral —una consecuencia especialmente perjudicial dado que los venezolanos que huyen en la actualidad tienen necesidades más cruciales que los que llegaron anteriormente. Algunos grupos —como las mujeres y los niños, y las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero y queer (LGBTI)— son especialmente vulnerables.

Las reversiones de políticas en Ecuador también han menoscabado su credibilidad como líder en la región. Aunque renuncie a su papel de anfitrión del Proceso de Quito —un foro regional para abordar la respuesta humanitaria al desplazamiento de refugiados— debe seguir plenamente involucrado en el proceso y cumplir los compromisos adoptados en Quito. Ecuador debe mantener sus fronteras abiertas en términos políticos y prácticos, garantizar las protecciones de los que buscan refugio y seguir fomentando el acceso de los migrantes a servicios sociales y oportunidades de medios de vida.

La situación de los venezolanos en Ecuador se encuentra en un momento crítico. Frente la creciente presión sobre su capacidad institucional, el Gobierno debe decidir acatar su Constitución, que protege los derechos de los migrantes y los refugiados. Por su parte, la comunidad internacional debe aumentar el financiamiento y las operaciones para que Ecuador pueda cumplir estas obligaciones. De hecho, solo se han obtenido fondos para cubrir el 17% de la parte asignada a Ecuador dentro del llamamiento de financiamiento de la ONU para responder a la crisis regional de venezolanos. A medida que continúe la crisis irá aumentando la necesidad de
asistencia adicional para proporcionar tanto ayuda humanitaria como asistencia a largo plazo para la integración y el desarrollo. Se debe reforzar la frágil acogida de Ecuador.

Recomendaciones

Al gobierno de Ecuador
  • Mantener las fronteras abiertas para los venezolanos y eliminar las barreras financieras y burocráticas para el ingreso regular. Esto incluye aumentar la capacidad de procesar trámites migratorios y reducir las tasas para obtener visas o por exceder el período permitido en ellas. También conlleva hacer respetar el compromiso de Ecuador con la no devolución, la no discriminación, la integración y la no criminalización de la migración irregular.
  • Acelerar las determinaciones de la condición de refugiado para asegurar que los venezolanos con una solicitud creíble de asilo dentro del marco de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados (Convención de 1951) puedan obtener las protecciones internacionales a las que tienen derecho y que las personas elegibles para la protección internacional en virtud de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados (la Declaración de Cartagena) tengan acceso a ella.
  • Integrar a los venezolanos desplazados en la economía venezolana mediante la creación de oportunidades para obtener medios de vida y acceder al mercado laboral. Los permisos de trabajo deberían ser más asequibles y los venezolanos desplazados deberían poder acceder a mecanismos para convalidar certificados profesionales.
  • Seguir apoyando los principios del Proceso de Quito, como la armonización de los requisitos de entrada, las normas comunes para los permisos de residencia y trabajo, un sistema coordinado par combatir el tráfico y la trata de personas y la reunificación familiar a través
    de las fronteras.
  • Invertir en campañas contra la xenofobia para combatir la discriminación y el discurso anti-inmigrante —una prioridad urgente, especialmente en vista del rechazo público masivo como consecuencia de un acto aislado de violencia ocurrido en la ciudad de Ibarra a principios de 2019.
A la comunidad de donantes internacionales:
  • Financiar la solicitud de la ONU de USD 738 millones para responder a la crisis de Venezuela —lo que incluye USD 117 millones para Ecuador— tal como se presentó en el Plan Regional para las Personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela para 2019.
  • Apoyar los servicios e invertir en comunidades que acogen a venezolanos desplazados. Esto incluye reforzar la salud, la educación y otros servicios sociales, bajo una presión creciente en Ecuador. También conlleva expandir los programas de medios de vida y otras
    intervenciones a más largo plazo, a medida que Ecuador pasa de ser un país de tránsito a un destino final para un número creciente de venezolanos.
  • Aumentar el apoyo a los grupos vulnerables de venezolanos. Promover programas para
    combatir la trata y la explotación de mujeres y minimizar el riesgo de violencia sexual y de género; ofrecer servicios específicos para las personas LGBTI y proporcionar transporte en autobús y alojamiento a los caminantes que emprenden el viaje a pie.
A la ONU:
  • Aumentar el apoyo al Proceso de Quito. Este apoyo podría incluir asistencia técnica a través de la Plataforma Regional co-liderada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones
    (OIM), para fomentar que los participantes en el Proceso de Quito cumplan sus respectivos compromisos de desarrollar un enfoque regional más armonizado para enfrentar la crisis.
  • Aumentar los programas y los recursos para ampliar las oportunidades de obtener medios de vida, teniendo en cuenta que cada vez más venezolanos deciden quedarse en Ecuador. Esto incluye profundizar la relación con los agentes del desarrollo y el sector privado para ayudar a financiar soluciones sostenibles para los que se quedan en Ecuador.
  • Proporcionar asistencia técnica y financiera al Ministerio del Interior y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para mejorar los trámites migratorios y de asilo, lo que incluye destacar a más personal en los pasos fronterizos oficiales y adoptar nuevas tecnologías.

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