ONG denunciaron ante la CIDH la criminalización y estigmatización de los migrantes venezolanos en el Perú

En el marco del 173 periodo de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las organizaciones: Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB) y el Centro Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH), expusieron ante los comisionados las violaciones y abusos de los derechos humanos a los cuales se ven sometidas las personas venezolanas migrantes que han ingresado o han intendo ingresar al Perú luego de una serie de restricciones migratorias, en particular la visa humanitaria.

Las organizaciones destacaron que a pesar de la acogida que brindó el Perú a los migrantes venezolanos, y que ha hecho referencia a la crisis migratoria forzada y sus causas estructurales en diversos escenarios, entre ellos el Grupo de Lima (iniciativa propia); junto a otros países de la región ha ido implementado visados obligatorios para los nacionales venezolanos, «Solicitando documentos difíciles de obtener y elaborados por un gobierno que el Perú ya no reconoce como legítimo», subrayo Eduardo Trujillo, director del CDH UCAB.

Muchas de estas personas migrantes han llegado caminando, han sido víctima de extorsiones e incluso víctimas de trata de personas

Eduardo Trujillo, Director CDH UCAB. Washignton D.C, 24/09/2019

A su vez, el CNDDHH señaló la intensificación en la rigurosidad de los requisitos exigidos por el gobierno de Perú a los migrantes forzados venezolanos para ingresar al territorio desde el 1 de julio de 2018, luego de una serie de ataques xenófobos reforzados por las declaraciones de funcionarios públicos que afirmaban la necesidad de exigir pasaporte a los venezolanos debido a que «habían demasiados».

Además, la organización denunció que el Ministerio del Interior de Perú afirmó que el Proceso de Quito no es de cumplimiento obligatorio, a pesar de que el gobierno peruano fue uno de los participantes e impulsores de la declaración. «Ahora el gobierno peruano impuso un visa humanitaria que requiere de antecedentes penales emitidos por un gobierno que el Perú ya no reconoce», afirmó la ONG.

«La primera ola de venezolanos que llegaron al Perú estaba compuesta (en su mayoría) por hombres con educación técnica o universitaria, ahora vemos que los migrantes son mayormente mujeres y grupos familiares completos. Estamos ante el fenómeno de la reunificación familiar», señaló la defensora de derechos humanos Ligia Bolívar a la comisión, quién añadió que las nuevas exigencias migratorias están impidiendo la reunificación.

Las organizaciones alertaron a los comisionados sobre los efectos que la imposición de visados puede tener sobre la integridad de los migrantes, incentivando la trata y otras violaciones de los derechos humanos.

La delegación del Estado de Perú informó a la comisión los resultados de las iniciativas de regularización migratoria, «convirtiéndonos en el primer país de la región en implementar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), el cual ha sido realizado en 3 oportunidades, lo que nos ha vuelto un país modelo en la región».

La delegación también indicó que los venezolanos pueden acceder a servicios de salud, trabajo y educación (incluidos niños sin documentación), y permiten la reunificación familiar y las solicitudes de asilo.

Sobre la visa humanitaria, la cual requiere de la presentación de antecedentes penales, el Estado peruano señaló que motivado a un aumento de los índices de inseguridad y violencia en el país «nunca antes visto», tienen la obligación de proteger a su población mediante el establecimiento de un filtro que asegure el ingreso de personas sin intenciones de delinquir. «Estamos en el deber de proteger a nuestra población», afirmaron.

Ante los argumentos de la representanción del Estado las organizaciones lamentaron que se quiera responsabilizar a los migrantes venezolanos por el aumento de la inseguridad en el Perú, «desconociendo un conflicto armado anterior, así como casos terribles de femicidios».

El CNDDHH señaló que el despliegue comunicacional del plan de migración segura hace mención directa sobre los venezolanos, «fomentando la xenofobia».

Las organizaciones destacaron que la implementación de la visa no ha tenido impacto alguno sobre la seguridad. «Los argumentos del Estado sobre la criminalidad solo refuerzan la xenofobia», señaló el director del CDH UCAB.

«Los delincuentes que quieran ingresar al Perú no van a solicitar visa. Esta medida solo afectan a las personas honestas», afirmó Ligia Bolívar.

Los comisionados hicieron varias solicitudes de información al Estado peruano:

  1. Proyectos presentes y futuros para la atención de la población migrantes;
  2. Denuncias sobre devolución de 43 venezolanos;
  3. Medidas de protección especial para la población con necesidades de protección;
  4. Inversión y recursos usados para la atención de los venezolanos migrantes.

La secretaria adjunta de la Comisión informó que se elaborará un informe sobre la situación regional de los migrantes forzados venezolanos, ya que «Países de la región están aplicando cada vez más medidas restrictivas» .

El Relator para los migrantes y refugiados en la región, Luis Ernesto Vargas, destacó que las políticas migratorias no deben ser modificadas por eventos puntuales de violencia que involucran a venezolanos «Las reglas no deben alterarse para atender a la población venezolana por unas circunstancias puntuales».

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