Casi 30% de los venezolanos entrevistados por ACNUR en Máncora, Perú, durante el mes octubre afirmaron haber solicitado refugio

(Máncora, 23/12/2019) Más de 860,000 refugiados y migrantes venezolanos han llegado al Perú, según cifras oficiales. La mayoría ingresó al país entre 2018 y 2019, tras abandonar sus hogares ante el creciente deterioro de la seguridad, la economía, el acceso a derechos básicos, la paz pública, y las denuncias de violaciones graves a los derechos humanos en Venezuela. Su principal punto de entrada ha sido Tumbes, con 90% de los ingresos registrados (ENPOVE 2019). Desde Tumbes, los refugiados y migrantes continúan su camino, muchos de ellos asentándose en poblaciones aledañas como Máncora.

En el mes de octubre 2019, la Municipalidad de Máncora y el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana – CODISEC solicitaron apoyo a ACNUR para realizar un monitoreo de protección en la ciudad, con el fin de identificar tendencias, características y necesidades de protección de la población venezolana. El presente informe presenta los principales resultados del ejercicio y busca brindar información para desarrollar acciones que contribuyan a dar una respuesta a las necesidades de protección de las personas venezolanas y su integración con la comunidad de acogida.

NECESIDADES DE PROTECCIÓN

La protección puede entenderse como el conjunto de actividades destinadas a asegurar el acceso igualitario y el disfrute de los derechos humanos de las personas. En este sentido, resulta relevante resaltar las necesidades de protección de las personas venezolanas en Máncora, para entender el perfil y los potenciales riesgos de las y los entrevistados/as y sus familias, según su edad, género y diversidad.

18% de los miembros de las familias tiene necesidades de protección específicas2, es decir, están en una situación de vulnerabilidad y están más expuestos a riesgos, como:

  • 37% horares monoparentales.
  • 9% Personas con condiciones médicas crónicas o críticas.
  • 8% Mujeres embarazadas o lactantes.
  • 3% Niñas, niños o adolescentes separados o no acompañados.
  • 3% Personas con discapacidad.
  • 2% Menores sin registro de nacimiento, en su mayoría porque no se permite en el país donde nacieron.
INCIDENTES DE PROTECCIÓN

El monitoreo buscó identificar los incidentes de violencia, verbal o física, así como los riesgos vividos por las personas y/o sus familiares que han afectado su integridad, tanto en Venezuela como durante la ruta y la llegada a Perú. 15% de los entrevistados (29 personas) reportó uno o más incidentes de protección.

Cerca de la mitad de los incidentes ocurrió en Venezuela, el año antes de la salida del país. Allí las personas fueron víctimas de robo/hurto, intimidación/amenaza, violencia física, trato inhumano y degradante, violación o extorsión. En la ruta (Colombia y Ecuador), la mayoría de los incidentes reportados se relacionan con robo/hurto y violencia física).

30% de los incidentes ocurrió en Perú. La mayoría de estos incidentes están relacionados con robos/hurtos, intimidación/amenaza y violencia física. Esto da cuenta de la vulnerabilidad de estas personas incluso al llegar a Perú, y las necesidades de reforzar la protección de las personas en Perú, incluyendo el trabajo de integración con la comunidad de acogida.

ESTATUS LEGAL
Entrada al territorio

Casi 80% de las personas entrevistadas ingresó a Perú de forma regular. Dentro de los motivos para ingresar de forma irregular, casi 80% indicó la falta de documentos, lo cual ratifica las dificultades para obtener un pasaporte en Venezuela.

Más de 20% de los entrevistados manifestó haber tenido que realizar pagos irregulares para poder cruzar una frontera, aumentando así los riesgos del camino. Al preguntar a quién debió hacer el pago, los entrevistados incluyeron, principalmente pagos a personas que ofrecían ese servicio o, en la categoría ‟otros”, pagos a la policía y funcionarios públicos (en Venezuela y en los países de tránsito.

Documentación

Es importante destacar que casi 80% de los entrevistados no tiene pasaporte, esto es indicativo de las dificultades de obtener este documento en Venezuela. Así, la mayoría de entrevistados durante las diferentes rondas del monitoreo de protección da cuenta de dificultades como los altos costos, tiempos de espera, falta de insumos, etc. A manera de ejemplo, el costo del trámite ha aumentado recientemente y es extremadamente alto para la población venezolana cuyo salario mínimo es de menos de 10 dólares5 (el costo del pasaporte sería de aproximadamente 200 dólares para trámites de primera vez en Venezuela, según tasa de cambio oficial.

Así mismo, la falta de un pasaporte genera que las personas más vulnerables y de escasos recursos que no pueden acceder a este documento, también estén impedidos para solicitar una Visa Humanitaria para Perú.

La falta de documentos, particularmente del pasaporte, incrementa la vulnerabilidad de las personas refugiadas y migrantes, las expone a mayores riesgos como trata y tráfico, al tiempo que disminuye las capacidades de afrontarlos. Además, puede ser un impedimento en los procesos de integración con la comunidad de acogida, reduciendo el impacto positivo que podría tener la población extranjera en el desarrollo del país.

Tipo de permiso de residencia o visa

Más de 20% de las personas venezolanas entrevistadas en Máncora tiene el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) y 6% tenía permiso o visa de turismo vigente. Sin embargo, más de 60% de los entrevistados no tenía permiso de residencia en el momento de la entrevista. Esto incluiría a las personas que no entraron de forma regular y a quienes entraron de forma regular pero no han logrado acceder a un estatus migratorio y que, al no poder o temer volver a Venezuela, han sobrepasado el tiempo permitido de estadía con visa de turista.

Asilo y protección internacional de refugiados

Las personas refugiadas huyen de sus países por temor a que su vida, seguridad o libertad corran peligro. Las razones incluyen persecución, violencia generalizada, violaciones masivas de derechos humanos, entre otras. Al no tener garantizada la protección de su país, salen en búsqueda de protección internacional. Ésta, es un derecho de las personas y una responsabilidad de los Estados. En Perú, la ley dicta que las personas solicitantes de la condición de refugiado y los refugiados deben recibir protección, y no pueden ni deben ser devueltos a su país de origen, donde su vida podría estar en riesgo.

En Máncora, más de 30% de las personas entrevistadas ha solicitado la condición de refugiado. Casi 60% indicó que no había solicitado refugio por desconocimiento de este derecho, mientras 13% consideró que la razón es la larga duración del procedimiento. Sin embargo, 74% de quienes no han solicitado refugio señaló tener la intención de hacerlo en Perú, al considerar que su vida, seguridad o libertad correría peligro si tuviera que volver a Venezuela.

Informe completo aquí