Carta Abierta de Amnistía Internacional al Primer Ministro de Trinidad y Tobago

(Amnistía Internacional, 24/04/2018) La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, envió una carta abierta a Keith Christopher Rowley, primer ministro de Trinidad y Tobago, donde manifiesta su preocupación por la deportación de 82 venezolanos el  sábado 21 de abril por parte de su gobierno.En la carta Guevara hace una solicitud de información sobre las causas de esta deportación, debido a las declaraciones emitidas por el Alto Comisionado para los Refugiados, donde este informó que entre el grupo de deportados había un número considerable de personas que «habían iniciado la solicitud de asilo o habían expresado la intención de hacerlo debido al temor de regresar a Venezuela», lo que no concuerda con las declaraciones dadas el sábado en cuestión por el Ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, donde expresó que la decisión de deportar a los 82 venezolanos fue tomada luego de una reunión con representantes del Estado venezolano, y que estas personas retornaron voluntariamente a su país de origen.

Guevara afirma que «Amnistía Internacional ha recibido información que sugiere que, a diferencia de lo expresado por el Ministro, las personas retornadas no lo hicieron voluntariamente, sino que les fueron presentados documentos para firma, en un lenguaje que no comprendían, estableciendo que aceptaban un retorno voluntario». Esto es una clara violación a la Convención sobre el Estatus de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y al Trinidad y Tobago ser parte de estas está obligada a proteger plenamente los derechos de aquellas personas en necesidad
protección internacional. Hacer lo contrario, implica una violación del derecho internacional y resulta lamentable que su gobierno haya elegido ignorar sus obligaciones de una manera incompatible con las normas de derechos humanos».

En la carta se recalca la prohibición de deportaciones masivas y el respeto a los  principios de de non-refoulement, confidencialidad, no-penalización, y el derecho al debido proceso y las garantías judiciales, que de acuerdo a la Convención de 1951 obligan a los Estados a   no expulsar o retornar, bajo ninguna circunstancia, a una
a un refugiado a países donde su vida o su libertad esté en peligro; a no compartir información con su país de origen; e imponer sanciones penales por causa de su entrada o presencia ilegales.

De igual forma Guevara expresa su desacuerdo con las acciones llevadas a cabo por el gobierno de Trinidad y Tobago,debido a que «pareciera que se  eligió ignorar cada uno de estos principios fundamentales de protección y permanece abierta la cuestión de por qué un país que debería proteger a personas refugiadas y solicitantes de asilo como parte de sus obligaciones internacionales, ofreció información confidencial a las autoridades venezolanas, y deportó a solicitantes de asilo con solicitudes formales de refugio, al país donde podrían enfrentar tortura u otras violaciones graves de derechos humanos». Además, solicita que estas acciones no vuelvan a repetirse y hace un llamado al gobierno de este país a  garantizar los derechos del cada vez mayor número de personas en necesidad de
protección oficial, cuya esperanza de sobrevivir, son países como el suyo. No hacerlo es ignorar el compromiso
de su país con la protección de los derechos humanos»

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