Amnistía Internacional recuerda al Perú que los refugiados venezolanos deben ser protegidos

(Perú, 27/1/2020) Mientras millones huyen de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, los países de América tienen la obligación de ofrecer seguridad y protección, asegura Amnistía Internacional. «El anuncio del gobierno peruano de la creación de una unidad de seguridad pública para atacar específicamente a los venezolanos en Perú es una medida discriminatoria que contraviene las obligaciones del estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos», afirma la ONG. Además, señala que en lugar de demonizar a las personas necesitadas, las autoridades peruanas deben garantizar sus derechos al debido proceso y buscar protección internacional.

El anuncio del gobierno peruano de que planea crear una brigada para combatir el crimen cometido por extranjeros es discriminatorio y viola el derecho internacional de los derechos humanos. Si bien se enmarca en centrarse en los extranjeros, lo que en cualquier caso sería discriminatorio, esta medida claramente tiene como objetivo dirigirse a los venezolanos, indica AI. Con más de 800,000 ciudadanos, los venezolanos representan la mayoría de los extranjeros en el país, seguidos por 96,000 ecuatorianos y 74,000 chilenos según las estadísticas del gobierno. «En los últimos meses, funcionarios de alto rango han tratado de culpar a los venezolanos por el crimen en Perú, en una grave negación de su responsabilidad hacia una población que necesita protección urgentemente», enfatiza la organización.

Según el anuncio del Ministro del Interior, la brigada especial formará parte de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, informando al Ministerio del Interior, e incorporará investigadores de varias divisiones, incluidos asesinatos, robos y secuestros. La creación de una brigada para enfocarse en un grupo particular, en este caso contra los venezolanos, es un acto abierto de discriminación por parte del gobierno peruano. «Perú está obligado a abstenerse de tomar medidas que discriminen a un grupo en particular, incluso en el desarrollo de legislación, regulaciones y prácticas», recuerda Amnistía.

Además, las frecuentes declaraciones públicas hechas por las autoridades, que confunden a los venezolanos con la criminalidad, son irresponsables y peligrosas. Las autoridades peruanas tienen el deber de evitar las declaraciones que estigmatizan a los venezolanos, lo que solo sirve para incitar el miedo a una población que vino a Perú en busca de seguridad y podría ponerlos en peligro de ataques xenófobos, alerta el comunicado.

La aplicación de la ley debe hacerse de manera que cumpla con las obligaciones legales nacionales e internacionales del Perú, incluidas las de los refugiados y solicitantes de asilo. Cualquier venezolano acusado de haber cometido delitos en Perú debe rendir cuentas mediante juicios justos, como lo haría cualquier ciudadano peruano acusado de delitos. Solo en casos raros y extremos, como los crímenes contra la humanidad, las personas pueden ser excluidas de la protección internacional, aclara Amnistía.

El principio internacional de no devolución prohíbe a los gobiernos trasladar a cualquier persona, de cualquier manera, a un lugar donde corran un riesgo real de sufrir graves violaciones de los derechos humanos. Cualquier procedimiento de deportación debe cumplir con las garantías del debido proceso, incluidos los exámenes objetivos de las circunstancias de las personas y los riesgos que enfrentarían al regresar, así como el acceso a representación legal y el derecho a remediar.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han pedido a los gobiernos anfitriones de la región que tomen medidas para prevenir la xenofobia y la discriminación contra los venezolanos que buscan seguridad. Además, el gobierno peruano, junto con otros gobiernos de los países anfitriones, se ha comprometido a prevenir la discriminación y la xenofobia contra los venezolanos como parte del Proceso de Quito.

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