Amnistía Internacional «Personas venezolanas necesitan de protección internacional»

(Amnistía Internacional, 03/09/2018) Amnistía Internacional en el marco de la reunión en Quito, Ecuador donde autoridades de diferentes gobiernos de la región se reunen desde el día de hoy al 5 de septiembre para tratar sobre los efectos de la migración forzada de venezolanos en la región, llama a los gobiernos a priorizar la protección internacional de los venezolanos.

La carta abierta recuerda que Venezuela atraviesa desde hace varios años una grave crisis de derechos humanos, donde Amnistía  ha documentado las violaciones de los derechos humanos, como  la práctica recurrente de detenciones arbitrarias por motivos políticos, la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, en especial contra quienes protestan o disienten políticamente, la sujeción de personas civiles a la competencia de tribunales militares, entre otros temas que demuestran el palpable deterioro de diversos derechos civiles y políticos en Venezuela, así como las  violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, las cuales han llevado a serias violaciones respecto de los derechos a la salud y a la alimentación de los venezolanos. Estas condiciones implican una regresión de los derechos humanos en el país, afirma Amnistía.

Ante esto Amnistía insta a los gobiernos asistentes a la reunión, tener presente las contínuas violaciones de derechos humanos en Venezuela, que fomenta la migración forzada de venezolanos. También recomiendan a los gobiernos lo siguiente:

  1. Los gobiernos de América Latina deben expresar de forma unánime que Venezuela atraviesa una situación de violaciones masivas de derechos humanos y que, en tales circunstancias, las personas forzadas a huir requieren una respuesta inmediata enmarcada en una perspectiva de derechos humanos. Los Estados de la región deben brindar acceso sin restricciones a los sistemas de protección internacional como el refugio u otros mecanismos complementarios, en el marco de sus
    compromisos adquiridos. Los Estados deben abstenerse de imponer barreras y/o condiciones que obstaculicen el acceso a estos mecanismos de protección, incluyendo la imposición de solicitud de pasaportes o visados.
  2. Reconociendo la magnitud y la celeridad del desplazamiento de personas, los Estados deben tomar medidas de protección que permitan un reconocimiento Prima Facie que dé solución a las personas venezolanas a través de una estadía legal y con las salvaguardas apropiadas, fortaleciendo a su vez los sistemas internos de protección.
  3. Este reconocimiento debe implicar el estricto apego y respeto al principio de no devolución. En este marco, los Estados deben garantizar estándares mínimos de legalidad y accesibilidad que permitan a la población venezolana obtener soluciones oportunas y acceder a servicios públicos y derechos en igualdad de condiciones y sin discriminación, en particular acceso a la salud, educación, la libertad de circulación, derecho a la unidad familiar, y al derecho al trabajo.
  4. Los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos tanto de las comunidades de
    recepción como de las personas en necesidad de protección internacional, y garantizar su seguridad
    apoyando el fortalecimiento socio-económico de la comunidad local.
  5. Los Estados y otros actores de la comunidad internacional -incluyendo agencias especializadas de las Naciones Unidas como el Alto Comisionado para los Refugiados y la Organización Mundial de las Migraciones- deben trabajar en conjunto para buscar soluciones de responsabilidad compartida de los Estados y activar las estrategias discutidas en el marco del Pacto Global de Refugiados. En
    especial deben tomar en cuenta que las soluciones duraderas requieren fuertes alianzas y compromisos tangibles en cuanto a recursos técnicos y económicos. América Latina tiene la oportunidad de avanzar en la operacionalización del principio de responsabilidad compartida que incluya la complementariedad entre la ayuda humanitaria y la cooperación para el desarrollo, entre otras estrategias. Para permitir que las personas refugiadas participen activamente y contribuyan a los países de acogida.

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