En Venezuela no se ofrece seguridad de garantías mínimas de atención a la salud

(Caracas 01 de junio de 2015, Codevida) Codevida y Provea presentaron informe sobre la situación del derecho a la salud, reconocido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con motivo del Examen que rendirá el Estado venezolano el 2 y 3 de junio, ante el Comité encargado de supervisar la implementación de este Pacto en los países que lo hayan ratificados.

En este informe se destaca que actualmente, Venezuela no se ofrece seguridad de garantías mínimas de atención a la salud. En los servicios de salud pública, de los que depende más del 60% de la población, existe un pronunciado deterioro, que los inhabilita para funcionar conforme a estándares mínimos; y en los servicios privados, tampoco hay seguridad de atención, dado que al igual que los públicos, existe una crisis general de desabastecimiento de insumos y medicamentos.

Las políticas económicas y de orden interno están generando la crisis actual de desabastecimiento de insumos y medicamentos importados, que ha provocado una alarmante y creciente suspensión o cierre de servicios, fundamentalmente en los públicos.

Esto ha traído como consecuencia que personas afectadas por condiciones de salud diversas no encuentren atención ni medicinas esenciales y sCodevida y proveae estén perdiendo vidas humanas.

La situación compromete la responsabilidad del Estado con sus obligaciones de proteger la integridad física y la vida de las personas, y prevenir o frenar riesgos inminentes para la salud.

En un análisis de 130 hospitales de 19 estados del país en marzo del año 2015, realizado por MédicoxLa Salud, se encontró:

  • 67% fallas graves o absolutas de medicamentos
  • 61% de material médico quirúrgico.
  • 65% de catéteres y sondas.
  • 86% equipos de Rayos X dañados.
  • 94% tomógrafos dañados o sin funcionar.
  • 94% laboratorios con falla de reactivos.
  • 44% quirófanos cerrados o inoperativos.

Personas quemadas, heridas de bala, infartadas, con accidentes cerebovasculares, obstrucción de arterias o lesiones severas, están en alto riesgo por fallas del instrumental y equipos.

Personas con problemas renales no reciben las condiciones mínimas en atención, insumos médicos y exámenes.

5.000 personas esperan por trasplantes, 1.200 niños y niñas cardiopatas y cerca de 40.000 personas están en listas de espera a nivel nacional por intervenciones quirúrgicas.

La mortalidad materna pasó de 92 a 110 madres fallecidas por 100.000 niños nacidos vivos entre 2012 y 2013, ubicando a Venezuela con una de las cifras más altas de América Latina.

La malaria alcanzó 71.802 casos en 2014, la mayoría en el estado Bolívar, afectando a comunidades indígenas y a niños, niñas y adolescentes en el hogar y centros educativos, como producto del mal estado de los servicios de salud y la actividad minera ilegal sin control.

Los medicamentos en falla afectan con mayor severidad a personas con problemas de salud complejos del sistema nervioso central, hipo e hipertiroidismo, diabetes e hipertensión.

Personas afectadas por condiciones de salud crónicas como lo son: personas con hemofilia, diálisis, linfomas, cáncer, VIH, entre muchas están viviendo momentos difíciles debido a la intermitencia en el suministro de medicamentos esenciales para mantener su calidad de vida.

Recomendaciones principales:

a) Implementar un plan de recuperación de los hospitales y ambulatorios de la salud pública y de la seguridad social de todo el país, que tenga metas y plazos precisos para hacer seguimiento, medir y presentar avances a corto y mediano plazo, con la participación de profesionales, trabajadores, directivos, personas afectadas y organizaciones de la sociedad civil; incluyendo la colaboración que puedan prestar organismos internacionales de protección de derechos humanos y agencias internacionales y regionales de cooperación.

b) Poner en práctica un sistema transparente y ágil de financiamiento para garantizar la suficiente y permanente disponibilidad, distribución y dotación de insumos, reactivos, medicamentos y equipamiento de los centros de salud, los laboratorios y las farmacias, de carácter público y privado, velando que se guarden ciertos niveles de seguridad de inventarios y absteniéndose de aplicar mecanismos de racionamiento que puedan reducir la demanda, sin considerar las necesidades reales, o implicar registros que violen la confidencialidad y la privacidad de las personas.

c) Fortalecer las capacidades institucionales y financieras de los programas dirigidos a la salud materno-infantil, enfermedades crónicas, endemias y epidemias con énfasis en malaria, VIH y tuberculosis, a fin de mejorar y ampliar sus funciones de vigilancia y control, planificación y gestión, prevención y respuesta eficaz a las necesidades de la población y de las personas directamente afectadas.

d) Promulgar una Ley Orgánica de Salud que cumpla las normas y garantías del ordenamiento constitucional y, conforme a ellas, se reorganicen las estructuras de funcionamiento y financiamiento de los servicios de la salud pública y de la seguridad social, como ejes vertebrales del Sistema Público Nacional de Salud, con un presupuesto adecuado y personal de salud suficiente y calificado, en coordinación con gremios de la salud, universidades y gobernadores y alcaldes en sus respectivas jurisdicciones.

e) Proteger eficazmente los legítimos derechos a la denuncia y a la manifestación libre y pacífica, de las personas con problemas de salud y sus familiares, personal asistencial, periodistas, defensores y organizaciones de derechos humanos; ante violaciones del derecho a la salud.

Ver Informe aquí: Informe Alternativo Derecho a la Salud Codevida y Provea PIDESC