Venezuela no cumple con su obligación de respetar y garantizar los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad

(Caracas 01 de junio de 2015) El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización fundada en el año 2002 con la misión de velar porque se respeten los Derechos Humanos de la población privada de libertad en Venezuela. En razón de ello, hemos presentado un informe alternativo sobre la situación de privados de libertad en Venezuela con motivo de la revisión del tercer informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, a fin de hacer del conocimiento del Comité lo siguiente: 

El Estado venezolano no publica cifras oficiales sobre la situación penitenciaria en Venezuela y tampoco permite el ingreso de miembros de ONG a las cárceles. La población penitenciaria de Venezuela alcanza la cifra de 51.256 personas, de las cuales: 31.860 son procesados, 18.316 son penados, 590 están bajo Destacamento de trabajo y 490 se encuentran en depósitos policiales. La capacidad instalada es de 19.000 plazas, el hacinamiento alcanza el 170%. Del total de la población reclusa 48.314 son hombres (94%) y 2.942 mujeres (6%) distribuidos en cincuenta y un centros penitenciarios a nivel nacional. Entre los principales problemas y vulneraciones a los derechos de la población reclusa se encuentra la violencia interna que sólo en 2014 ocasionó la muerte de 309 privados de libertad.

La población reclusa femenina se ve afectada particularmente, de los 51 recintos sólo 1 funciona exclusivamente para la reclusión de mujeres: el Instituto Nacional de Orientación Femenina, conocido por sus siglas como INOF. El resto permanece en anexos o departamentos específicos de centros masculinos, generando problemas de acceso a servicios comunes, sanitarios, educativos y laborales. La distribución de las mujeres presas, no se realiza de acuerdo al lugar de residencia como lo establecen las Reglas, tampoco se le permite recibir visitas conyugales bajo el argumento de que el Estado debe prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual. El Estado tampoco ofrece a las internas métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades. En los recintos denominados de nuevo régimen penitenciario son obligadas a recibir formación militar y realizar orden cerrado todos los días durante varias horas.

La Asamblea Nacional aprobó el Código Penitenciario que aún no se aplica pero es motivo de preocupación ya que este Código considera el trabajo como una obligación y no como un derecho. Alertamos al comité que todo recluso que se niega a participar en actividades labores es castigado, un ejemplo es el centro penitenciario “Sargento David Viloria” en el estado Lara, donde funcionarias han obligado a las reclusas a realizar labores administrativas y de limpieza bajo amenazas de ser castigadas, violando el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece el derecho de toda persona a tener un trabajo libremente escogido o aceptado. A su vez, en algunos recintos el trabajo no es remunerado

En los centros penitenciarios venezolanos no existe asistencia médica durante las veinticuatro horas. La gran mayoría de los recintos carece de personal (enfermeras y médicos), así como de equipos y medicamentos. Esto sumado a la inadecuada alimentación y a la falta de agua potable, hace frecuentes las enfermedades A pesar que el Ministerio Penitenciario ha implementado planes educativos dentro de las cárceles a través de las Misiones el nivel de participación en estas actividades educativas es muy bajo.

Las condiciones indignas de reclusión caracterizadas por el hacinamiento, la insalubridad, la falta de ventilación adecuada, entre otras cosas, han favorecido la proliferación de enfermedades respiratorias y dermatológicas. El Estado no ha desarrollado acciones eficaces ni efectivas para prevenir el VIH-SIDA, ni para garantizar la asistencia a quienes ya lo padecen. Durante el año 2014 fallecieron once (11) internos por complicaciones relacionadas con VIH- Sida.

Por esto, hemos solicitado al Comité Derechos Humanos Naciones Unidas que considere la información reseñada en nuestro informe al momento de examinar al Estado venezolano sobre su cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y recuerde al Estado venezolano su obligación de respetar y garantizar los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad

Ver Informe aquí: Informe Alternativo Derechos de las Personas Privadas de Libertad Observatorio Venezolano de Prisiones PIDESC