Propaganda de guerra, criminalización de las manifestaciones y reducción de los espacios de sociedad civil no son compatibles con la democracia y los derechos humanos

(Caracas 28 de junio 2015, CivilisDDHH/Sinergia). Civilis Derechos Humanos (CivilisDDHH) y la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil (Sinergia) presentaron Informe Alternativo al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para su consideración en el examen del Cuarto Informe del Estado venezolano sobre cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a celebrarse en Ginebra los días 29 y 30 de junio de 2015. El informe aborda específicamente los artículos 20, 21 y 22 del Pacto, referidos a la prohibición de la propaganda de guerra e incitación al odio y los derechos de libertad de reunión pública, manifestación pacífica y asociación.

Discursos de odio y propaganda de guerra

En Venezuela se ha instituido un discurso oficial, ampliamente difundido por los medios estatales, de menosprecio y estigmatización de toda persona, grupo o sector por sus ideas políticas, defender intereses legítimos o exigir derechos, como “enemigos de la revolución”, con la intención de ejercer el mando del Estado en beneficio de una parcialidad política, sin diálogo ni espacio para la pluralidad democrática.

Además, definido como un gobierno cívico-militar y partiendo de la existencia de supuestos “enemigos internos” que constituyen una amenaza para la continuidad de la Revolución, las autoridades han justificado la politización de las fuerzas armadas; el entrenamiento de una milicia armada de funcionarios y ciudadanos; la organización militar del Estado y una incesante propaganda de guerra, en la que se advierte del empleo de las armas del Estado contra estas “amenazas”, así como el uso de servicios de contrainteligencia para la vigilancia y el hostigamiento de civiles, sobre la base de posibles escenarios o hipótesis de solución de conflictos en el terreno de la violencia.

La constancia de este discurso a lo largo de los años, trasciende una situación económica o política específica o un escenario de polarización, comprometiendo la responsabilidad del Estado con la protección de los derechos humanos y el respeto a la pluralidad en una sociedad democrática; por lo que solicitamos al Comité se inste al Estado el cese de discursos que estimulan el odio en la sociedad venezolana; despolitizar las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad, situación incompatible con principios de imparcialidad e igualdad, además de poner en grave riesgo garantías democráticas; y desactivar todo dispositivo de vigilancia de población civil y sancionar a quienes utilicen indebidamente sistemas de información que puedan vulnerar el derecho a la privacidad e intimidad de las personas y la legítima labor que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos.

Criminalización e ilegalización de la reunión pública y la manifestación pacífica

El Estado ha dictado políticas y normas severamente restrictivas para el libre ejercicio del derecho a la reunión pública y a la manifestación pacífica, a las que se ha ido criminalizando, reprimiendo sistemáticamente e ilegalizando sobre la base de una relación automática con supuestas agendas o planes de violencia, desestabilización o conspiración contra el Estado. Desconociendo deliberadamente el carácter pacífico de la mayoría de las manifestaciones ocurridas en el primer semestre del año 2014, el Ejecutivo autorizó operaciones militares y policiales que condujeron a la represión desproporcionada, ataques sistemáticos y violaciones múltiples de derechos humanos contra manifestantes y población civil en zonas residenciales, junto con grupos paraestatales para agredir y aterrorizar a los habitantes y causar la destrucción de bienes privados. En el 2015, el Ministerio de la Defensa dictó la norma 008610 que permite el despliegue de efectivos militares y uso de armas de guerra en el control del orden público.

Hoy en Venezuela, convocar, organizar, colaborar o participar en una reunión pública o manifestación pacífica implica altos riesgos de perder la libertad y de exponerse a violaciones de la seguridad y la integridad personal.Ante este cuadro, se solicita al Comité exhorte al Estado revisar la legislación y las medidas judiciales que puedan representar restricciones a las libertades de reunión pública y de manifestación pacífica; detener las prácticas de represión contra manifestantes y desactivar unidades o planes que lo permitan, garantizando la libre convocatoria, organización y desarrollo de reuniones públicas y manifestaciones pacíficas; así como la libertad plena e inmediata de todas las personas privadas de libertad o bajo régimen de presentación por ejercer los derechos a la reunión pública y la manifestación pacífica; investigar y sancionar diligentemente los casos de abuso, exceso y conducta indebida por parte de funcionarios; garantizando las reparaciones a las víctimas y sus familiares.

Reducción de espacios de libertad, autonomía de independencia de la sociedad civil

Preocupa además un entorno de mayor hostilidad e inseguridad para la sociedad civil venezolana y la reducción de los espacios de libertad, autonomía e independencia para ejercer los derechos de asociación, participación y defensa de derechos humanos.

En 2009 y 2010 se aprobaron leyes de la Reforma Constitucional rechazada en referendo del 2007, que crearon las organizaciones del Poder Popular (OPP), figuras destinadas a cumplir fines del Estado a las que se constriñe el ejercicio de la soberanía y toda forma de organización social reconocida con acceso a instancias públicas; violando el derecho de las personas a no asociarse o a asociarse libremente para participar en los asuntos públicos y ser beneficiarias de políticas públicas sin discriminación alguna. Las OPP monopolizan el espacio de interacción con el Estado. Aún cuando se reportan más de 40.000 OPP, su creación no ha repercutido en una mayor cooperación ni incidencia de los ciudadanos en las políticas públicas. Por el contrario, la mayoría de sus voceros afirman que la participación disminuyó y que la politización, la escasa influencia en decisiones y la falta de información, impide que las OPP expresen o canalicen auténticas reivindicaciones comunitarias.

Además de ser excluidas de los ámbitos de relación con el Estado, las organizaciones de la sociedad civil que promueven o exigen derechos son constantemente descalificadas como agentes con intereses políticos y se encuentran expuestas a un marco legal adverso en el que pueden ser objeto de investigación administrativa y penal por el origen de su financiamiento. Adicionalmente, en 2014 se aprobó la Ley de Alistamiento y Registro para la Defensa Integral de la Nación, en la que se establece el registro obligatorio de toda entidad con personalidad jurídica en órganos de jurisdicción militar, con fines no claros de cumplimiento de un supuesto servicio civil, y a los que debe entregarse información sobre miembros y actividades con el objeto de vigilar que a todas las personas contratadas se les exija también dicho registro.

Por tal motivo, se solicita al Comité recomiende al Estado, revisar la legislación vinculada a nuevas figuras asociativas promovidas o creadas desde el Estado, a fin de garantizar que su objeto y alcance no afecte los derechos a la libertad de asociación y de participación de todos los ciudadanos, y se abstenga de tomar medidas restrictivas al financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo fondos de origen extranjero o internacional, y de imponer el registro militar a las organizaciones de la sociedad civil, conforme a las disposiciones del Pacto que protegen el derecho a la libertad de asociación y a la objeción de conciencia, tanto de las organizaciones como de sus miembros.

Informe Alternativo CivilisDDHH Sinergia

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