Persecución de la disidencia política venezolana

(Caracas 28 de junio 2015, Cepaz) Como consecuencia de la reforma constitucional del año 2000 y la segunda juramentación del presidente Hugo Chávez Frías, se inicia un esquema de gobierno con un desarrollo ideológico bajo parámetros de izquierda y el inicio de una nueva etapa en la historia venezolana denominada por el gobierno como la “Revolución Bolivariana”. El fortalecimiento de la ideología del gobierno y la insatisfacción de parte de la población frente a la ejecución de las políticas del gobierno, ha dado inicio en contrapartida a una oposición que ha ido creciendo y manifestándose de forma tajante frente a la situación política, económica y social del país, dando paso al nacimiento de figuras políticas y liderazgos que han dirigido el movimiento opositor.

Frente a la clara manifestación de inconformidad y crítica de los movimientos liderados por dirigentes opositores, ha surgido la reacción inmediata por parte del gobierno a través de una consistente y progresiva persecución en contra de la disidencia política venezolana, incluso de aquella disidencia que surge desde las propias filas del chavismo.

En el año 2013, tras el fallecimiento del presidente Hugo Chávez, se inicia el período de presidencia de Nicolás Maduro, bajo los mismos esquemas de la ideología chavista, izquierdista y revolucionaria. Hasta la fecha de publicación del presente informe, el gobierno de Nicolás Maduro, se ha caracterizado por una profunda crisis política, determinada por la ausencia de poderes públicos imparciales, corrupción administrativa y una aguda polarización política. El tratamiento frente a la continuada inestabilidad política, el crecimiento de la oposición y el fortalecimiento de los líderes frente a esta situación, ha sido el incremento de actos de ataque y percusión en contra la disidencia y junto con ello la violación sistemática de los  Derechos Humanos y los Derechos Civiles y Políticos de los venezolanos.

En el período de gobierno actual se ha acentuado en demasía la crisis política en Venezuela, sectores de la sociedad venezolana han salido a manifestar su desacuerdo frente al gobierno de Nicolás Maduro, dando inicio a una fuerte manifestación opositora y como respuesta del gobierno, un nivel de mayor represión que utilizó para dar control a la situación de inestabilidad vivida en el país.

La respuesta a todas estas protestas sociales y de carácter pacífico han sido la detención y persecución a estudiantes, ciudadanos, y dirigentes políticos pertenecientes a la oposición venezolana, la criminalización de la protesta; las denuncias de ciudadanos por maltratos físicos y psicológicos de los funcionarios del SEBIN y la Guardia Nacional Bolivariana durante su detención, son prácticas sistemáticas y reiteradas aplicadas por funcionarios públicos del Estado venezolano en distintas instancias en contra ciudadanos venezolanos que adversan o disienten del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Tras las manifestaciones que se han desarrollado durante todo el primer semestre del año 2014, la acción del gobierno para mantener el control de la situación, han sido sin duda aplicar la represión en contra de los manifestantes, sin embargo, hay personas que por su nivel de influencia en la población y el liderazgo que representan para la oposición han significado un foco clave para el gobierno.

En ese sentido, durante el presente estudio, a pesar de la cantidad de denuncias que se han conocido en el año 2014, se tomó sólo una muestra de 35 casos (donde se destacan diputados de la oposición venezolana ante la Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, dirigentes políticos, funcionarios de la Administración Pública de los Estados y Municipios, concejales, estudiantes y manifestantes, que nos permiten acercarnos a resolver la inquietud en relación a los distintos patrones que ha utilizado el gobierno de forma sistemática y concurrente para perseguir por razones de divergencia política a quienes disienten de éste. A partir de estos casos individuales se identificarán los medios de represión y persuasión que han sido utilizados por el gobierno en cada uno de ellos, y que reflejarán los patrones determinados.

Del estudio realizado se desprende que el tipo de patrón de persecución que más ha sido utilizado por parte del gobierno es la apertura de procedimientos de carácter judicial o administrativo en contra de quienes disienten de su gestión, dichos procedimientos se han caracterizado por no contar con los parámetros establecidos por el debido proceso, desvirtuando la función judicial, la cual ha pasado de velar e impartir justicia, a ser un mecanismo de represión y persecución por parte del gobierno, todo con la finalidad de intimidar o anular la actuación de la oposición venezolana.

De manera adicional, señalamos que siendo la persecución política una forma de represión y ataque ante la práctica de una ideología que discierne de quien ejerce el poder, y a los fines de demostrar como ésta no se corresponde sólo a casos aislados de ciertos líderes de la oposición, sino que, se vincula evidentemente con una práctica generalizada dirigida a criminalizar, desprestigiar y anular la actuación de la disidencia altamente crítica con el gobierno y que concentran un importante liderazgo en la oposición venezolana, realizamos también un recuento estadístico por partido político, a los fines de evidenciar aquellas agrupaciones que se han visto más afectadas por los actos de persecución realizados por el gobierno.

A través del presente informe pretendemos presentar una visión independiente y objetiva y no partidista, que pueda dar a conocer con mayor detalle la situación que vive Venezuela y alertar a la sociedad y a la comunidad internacional, sobre la existencia de prácticas reiteradas y sistemáticas por parte del gobierno venezolano que son tendientes a la persecución de la disidencia política y por tanto violatorias de los derechos civiles y políticos por parte del Estado venezolano consagrados en la CRBV, el PIDCP, la CADH, así como de los principios y estándares internacionales referentes, al derecho al debido proceso, las libertades fundamentales de manifestación y opinión, la no discriminación y el derecho a la igualdad, la participación política y el respeto a la integridad física del individuo, entre otros.

Informe Alternativo Cepaz
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