Intervención Francisco Valencia-CODEVIDA

  • Actualmente, en Venezuela no se ofrece a la población seguridad de garantías mínimas de atención a la salud.
  • En los servicios de salud pública, de los que depende más del 60% de la población, existe un pronunciado deterioro, que los inhabilita para funcionar conforme a estándares mínimos de una atención adecuada y oportuna.
  • En los servicios privados, tampoco hay seguridad de atención, dado que al igual que los públicos, están severamente impactados por una crisis general de desabastecimiento de insumos y medicamentos, con efectos especialmente devastadores en la salud pública.

  • Hacia la salud privada se ha desplazado un número creciente de la población que no encuentra garantías de atención en la salud pública, incluyendo a funcionarios y funcionarias del Estado cubiertos con fondos públicos.
  • El estado de deterioro de la salud pública es producto de condiciones de restricción a las que han estado sometidos los centros de salud durante muchos años.
  • Estas condiciones están asociadas a una sistemática conducta de omisión del Estado con su obligación de garantizar el derecho a la salud.
  • El empeoramiento de la salud pública ha exacerbado las inequidades en salud, trasladando los costos a las personas de menos recursos.
  • A la par, el Estado ha contribuido con el socavamiento de la rectoría, gestión y financiamiento de las instituciones públicas nacionales y estatales, adoptando medidas discrecionales sobre la dirección de políticas y recursos, distrayendo enormes esfuerzos hacia estructuras paralelas, hoy aisladas y también con amplias restricciones.
  • Esto ha contribuido a reducir las capacidades institucionales para conducir las políticas de salud y administrar los servicios, resolver sus deficiencias y enfrentar con eficaz desempeño problemas de salud apremiantes.
  • Las políticas económicas y de orden interno están generando la crisis actual de desabastecimiento de insumos y medicamentos importados, que ha provocado además una alarmante y creciente suspensión o cierre de servicios en los centros de salud, fundamentalmente en los públicos.
  • Esto ha traído como consecuencia que personas afectadas por condiciones de salud diversas no encuentren atención ni medicinas esenciales y se estén perdiendo vidas humanas.
  • La situación crítica compromete la responsabilidad del Estado con sus obligaciones de proteger la integridad física y la vida de todas las personas en Venezuela, así como de prevenir y frenar cualquier riesgo inminente para la salud.

Es urgente que el Estado

  • Implemente en el menor plazo posible un plan de recuperación de los hospitales y ambulatorios de la salud pública y de la seguridad social de todo el país, que tenga metas y plazos precisos para hacer seguimiento, medir y presentar avances a corto y mediano plazo, con la participación de profesionales, trabajadores, directivos, personas afectadas y organizaciones de la sociedad civil; incluyendo la colaboración que puedan prestar organismos internacionales de protección de derechos humanos y agencias internacionales y regionales de cooperación.
  • Poner en práctica un sistema transparente y ágil de financiamiento para garantizar la suficiente y permanente disponibilidad, distribución y dotación de insumos, reactivos, medicamentos y equipamiento de los centros de salud, los laboratorios y las farmacias, de carácter público y privado, velando que se guarden ciertos niveles de seguridad de inventarios y absteniéndose de aplicar mecanismos de racionamiento que puedan reducir la demanda, sin considerar las reales, o implicar registros que violen la confidencialidad y la privacidad de las personas.
  • Hoy, muchas personas están falleciendo en mi país, no por enfermedades, sino porque los servicios de salud no tienen como atenderlas.