Intervención de Rafael Uzcátegui (PROVEA) ante las Naciones Unidas

Ponemos a consideración de los honorables comisionados lo siguiente:

El contexto venezolano en el que se realiza esta evaluación es desfavorable para la satisfacción de los derechos sociales, debido a la severa disminución de ingresos públicos, la dependencia de importaciones para cubrir necesidades básicas, una creciente devaluación de la moneda que genera elevados índices de inflación y una gestión de gobierno en la que se han acentuado tendencias anti-democráticas y autoritarias expresadas en la negativa del Estado a un diálogo plural y democrático con todos los sectores de la sociedad venezolana. Asimismo por la militarización interna de la gestión pública y la aplicación de medidas no constitucionales contra los derechos de expresión, asociación, reunión y manifestación pacífica.

A diferencia de la situación de los derechos sociales en Venezuela que existía antes del año 2013, hoy existe un acelerado proceso regresivo de los avances realizados entre 1999 y 2012 de inclusión social, por el efecto de medidas económicas con severos costos sociales y la persistencia de políticas incoherentes, ineficaces e ineficientes que han demostrado pocos resultados a pesar de los cuantiosos recursos invertidos. A esta situación se une la falta de acceso a la información pública, las permanentes campañas de descalificación y hostigamiento contra defensores y defensoras de derechos humanos que acudimos a las instancias regionales y universales de protección.

Específicamente, sobre el derecho a un nivel de vida adecuado, la gestión del presidente Maduro ha generado un aumento significativo en la cantidad de personas excluidas en el país. En las últimas cifras oficiales difundidas, que corresponden al año 2013, la pobreza se había incrementado en 6,7%, lo que significó que un total de 416.326 hogares se incorporaron a la gran población de pobres que padecen a diario la exclusión social. No conocemos los datos de pobreza para el 2014, pero la persistencia del deterioro de diferentes indicadores económicos, como el de una tasa de inflación general de 68%, que en el sector alimentos fue del 100%, tuvo consecuencias negativas en la capacidad adquisitiva de los venezolanos, especialmente de los sectores más vulnerables. Aunque no han sido divulgados los datos del año 2014, el año pasado, las proyecciones económicas para 2015 sostienen que la inflación general sobrepasará el 100%, lo que arrojará como resultado que tendremos en el país la misma cantidad de personas pobres que existían en el año 2000. Todos los avances en la lucha contra la pobreza logrados por el presidente Hugo Chávez están desapareciendo bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Una segunda situación que deseamos alertar es sobre el desconocimiento de derechos consagrados en el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales que se encuentran presentes en la Constitución venezolana, y que no poseen una normativa específica para su cumplimiento o la que existe es ignorada. Ejemplos: La inexistencia de una ley que regule la existencia de un Sistema Nacional Público de Salud por el cual el Estado garantice el acceso a toda la población a los centros de salud públicos, tratamientos y medicinas. Hoy, en Venezuela la salud se encuentra sólo al alcance de quien tenga dinero para costearla, violando lo expresado en la Constitución. Un segundo ejemplo, sobre los derechos de las minorías étnicas, es sobre el derecho a la consulta previa a las comunidades indígenas sobre el aprovechamiento de los recursos naturales presentes en sus territorios. Desde el año 1999 diferentes proyectos de extracción minera, energética y maderera en territorios indígenas han sido aprobados por el gobierno venezolano, y no se ha realizado ningún proceso de consulta previa, como lo establece tanto la Constitución como el Pacto.

Por último queremos reiterar nuestra preocupación por las campañas de hostigamiento contra las organizaciones independientes de la sociedad civil que nos encontramos hoy ante ustedes por participar en la evaluación del Estado venezolano. Nuestras comunicaciones privadas han sido intervenidas y difundidas en medios públicos de comunicación, y nuestra presencia en Ginebra y en otros espacios del sistema universal y regional de protección a los derechos humanos, ha sido calificada por altos voceros del gobierno como parte de un plan desestabilizador de injerencia extranjera contra las instituciones venezolanas.