El Estado ha generado un marco legal que le permite actuar discrecionalmente y vulnerar la libertad de expresión e información

(Caracas 28 de junio 2015, Espacio Público). En Venezuela ha habido un incremento sostenido de las violaciones a la libertad de expresión que se ha fortalecido con las prácticas restrictivas del Estado. Espacio Público consignó un informe sobre la aplicación del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pidcp), ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el marco de 114° Sesión del Comité de Derechos Humanos, en la que el Estado será evaluado sobre el cumplimiento de este Pacto.

Dentro de las prácticas contrarias a este derecho se cuentan las reformas de leyes, que permiten la aplicación de sanciones arbitrarias; los cierres de medios, por presiones tales como la crisis de papel; el hostigamiento judicial y verbal a periodistas tras la publicación de informaciones que involucran a funcionarios públicos, además de los procesos de compra-venta que trajeron consigo los cambios drásticos de líneas editoriales.

En el contexto de protestas que sacudieron al país en los primeros meses de 2014, autoridades del Estado, entre ellas el presidente Nicolás Maduro, ejercieron prácticas atentando contra la libre expresión. La represión de los cuerpos de seguridad para intentar impedir la difusión de información vulneró también el derecho a la vida, como en el caso de Alejandro Márquez, quien falleció luego de recibir una brutal golpiza al ser detenido por grabar una manifestación pública.

Los cuerpos de seguridad han servido como brazo ejecutor del Poder Político para silenciar a quienes informan sobre temas sensibles a la gestión gubernamental: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a voceros tras declaraciones relacionadas a temas de la salud, inseguridad y economía.

El informe de Espacio Público hace saber al Comité que, en resumen, los elementos más graves de la situación venezolana en materia de libertad de expresión son: el hostigamiento y la descalificación, la violencia. La opacidad en el acceso a la información pública, los mecanismos de censura y las violaciones a la libertad de expresión ocurridas en internet, dentro de las que se considera el hostigamiento judicial a tuiteros.

Conatel como brazo del Estado

El informe presentado resume la actuación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que durante el año 2014, en medio del periodo de conflictividad social, informó a los medios del espectro radioeléctrico que de hacer cobertura a los hechos violentos podrían enfrentar sanciones. En este contexto, el día 12 de febrero de 2014, por órdenes del Ejecutivo, fue sacado del aire el canal de noticias colombiano NTN24, que en horas de la tarde informaba del asesinato de Bassil Dacosta y Juan Montoya. En el mismo escenario se amenazó con sacar del aire a la cadena estadounidense CNN en Español, así como la prohibición de trabajar en el país a sus reporteros.

Sobre las más de 18.071 sanciones que Conatel informó al Comité haber realizado, Espacio Público realizó una petición de información para conocer cuáles medios han sido sancionados con acciones previstas en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorte-me), pero no hubo respuesta del ente encargado. Las sanciones a las que se tiene acceso siempre han sido contra medios críticos al gobierno.

El Directorio de Responsabilidad Social de Conatel es el ente responsable de aplicar estas sanciones a los medios que, según su criterio, incurran en alguno de los ilícitos de la Ley Resorte-me. La ausencia de objetividad en la toma de decisiones se vincula directamente con la composición de los miembros de este ente: de los siete (7) miembros, cinco (5) son elegidos directamente por Presidente de la República. Esta composición no  garantiza la independencia que este órgano amerita. Este Directorio toma sus decisiones por mayoría simple y de sus 7 integrantes, 5 son nombrados por el Ejecutivo nacional.

Acoso a la prensa 

El diario Tal Cual tuvo que pasar a semanario como consecuencia de las presiones del Gobierno, entre sanciones, multas y demandas lograron debilitar al medio económicamente. La primera demanda contra este rotativo y su director Teodoro Petkoff fue en 2003, fue el primer intento para presionar económicamente y desde entonces no cesaron.

El documento de Espacio Público también recoge las sanciones aplicadas en 2006 en contra del humorista Laureano Márquez y Teodoro Petkoff, por una editorial que hacía mención a la hija menor de Hugo Chávez. Uno de los más recientes episodios de esta persecución fue en marzo de 2014, cuando Diosdado Cabello demandó al diario y al articulista Carlos Genatios por un artículo de opinión.

Tras una demanda impuesta por el diputado Diosdado Cabello, el 12 de mayo de 2015 se prohibió salir del país a 22 directivos de El Nacional, La Patilla y Tal Cual, la razón de este proceso judicial es haberse hecho eco de una información publicada por el Diario ABC de España donde se señala a Cabello de narcotraficante.

En el informe se recomienda al Comité a que inste al Estado a investigar de manera imparcial los casos de agresiones, hostigamiento y muertes de profesionales de la comunicación; se recomienda que se inste al Estado a abstenerse de continuar el bloqueo arbitrario del acceso a sitios web y medios audiovisuales en  cableoperadoras, así como también que se inste al Estado a garantizar el acceso a papel e insumos necesarios a los medios de comunicación nacionales y regionales.

Las sesiones del Examen del Pidesc se realizarán en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza los días 29 y 30 de junio. Se consignaron 17 informes de sociedad civil y 2 informes internacionales.

Informe Alternativo Espacio Público

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