Zair Mundaray: Venezuela se encuentra ante un funcionamiento anómalo del Estado

(Ginebra, 11/09/2017. Civilis DDHH) En el marco de las reuniones del 36º Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Director General de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray, expuso brevemente la situación en la que se encuentran los derechos fundamentales en Venezuela, sustentándose en investigaciones y procedimientos ejecutados por fiscales del Ministerio Público.

Primeramente, agradeció el esfuerzo del Alto Comisionado (ACNUDH) por su aporte en la realización de una investigación seria e independiente en materia de derechos humanos que, pese a las adversidades expuestas en el material recopilado, refleja los resultados obtenidos por el Ministerio Público, a lo que agregó que poseían pruebas de que «la situación es aún peor».

En palabras de Mundaray, resulta poco ortodoxo que como miembros de un Poder Público del Estado cuyas autoridades ejercen funciones constitucionales en defensa de la legalidad, preservación del Estado de Derecho, así como del ejercicio de la acción penal, deban concurrir a otros espacios para visibilizar los hallazgos obtenidos producto de años de investigación de delitos en contra de los derechos humanos, como consecuencia de las imposibilidades que se tienen para la obtención de justicia en Venezuela.

Según Mundaray, «las investigaciones independientes basadas en elementos de carácter científico universalmente constatable ejecutadas por el Ministerio Público» fueron un hito importante para la toma de dicha instancia a la fuerza por autoridades ilegítimas pero afectas al gobierno. Por ello, “todos los Estados democráticos respetuosos del Estado de Derecho reconocen a la Dra. Luisa Ortega Díaz como Fiscal General de la República en función»

Asimismo, el representante del Ministerio Público hizo referencia a las conclusiones del Informe del Alto Comisionado, enfatizando lo referente a las escasas condenas en casos de violaciones a los derechos humanos y la sistematicidad con que actúan los cuerpos estatales; mientras aprovechó la ocasión para explicar que las autoridades nacionales premian públicamente a los perpetradores de dichas violaciones e impiden sistemáticamente el ejercicio de la función de justicia del Ministerio Público. En este orden de ideas, citó los casos del Coronel Vladimir Lugo, del General José Benavides y el Director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) Gustavo González López.

De igual forma, se refirió a lo que denominó «mecanismos de control social y político» – CLAP, Carnet de la Patria, Consejos Comunales – impuestos por el Gobierno Nacional como parte del modelo político de pensamiento único que compromete los derechos más elementales de los venezolanos, que han servido para crear un esquema de corrupción complejo.

Con respecto a la seguridad ciudadana, indicó que, según el Informe Anual del Ministerio Público 2016, se cometieron 21.752 homicidios, es decir, 70.11 homicidios por cada 100 mil habitantes. Igualmente se refirió a la OLP como un mecanismo de violación sistemática de derechos humanos, que arrojó como resultado 505 personas asesinadas al margen de la legalidad, generando así 357 investigaciones por estos hechos, de las cuales 77 fueron por violación de domicilio y privación ilegítima de libertad, tratos crueles y torturas; 112 funcionarios policiales y militares procesados y 1074 investigaciones por violaciones de derechos humanos, para un total de 3696 actos de investigación.

En cuanto a la militarización del orden público, Mundaray advirtió que los cuerpos de seguridad usaron armas de fuego en manifestaciones, modificaron municiones con el objeto de aumentar su letalidad, hicieron uso desmedido de gases tóxicos, incluso en zonas de población vulnerable escuelas y hospitales. También expuso sobre las detenciones arbitrarias, allanamientos y torturas.

Para Mundaray, en Venezuela existe una alta criminalización del pensamiento divergente que se traduce en patrones represivos hacia la disidencia política. Según investigaciones del Ministerio Público, actores políticos fueron incriminados en delitos sin prueba alguna, como sucedió en los casos de Yon Goicochea, Coromoto Rodríguez, el Concejal José Vicente García, Carlos Melo y Braulio Jatar; mientras que los casos de Steyci Escalona y el Diputado Willmer Azuaje, fueron llevados a jurisdicción militar , violando así el derecho al debido proceso.

Finalmente, solicitó que se mantenga el foco sobre las sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, y que se genere la presión necesaria para evitar que se sigan cometiendo las atrocidades que ahora ocurren con una alta imposibilidad en la realización de justicia.

Video completo de la intevención aquí.