Miembros del Consejo de Derechos Humanos manifestaron preocupación por el estado del sistema de justicia venezolano y los efectos del Arco Minero en los derechos humanos

(Caracas, 16/07/2020) Durante el diálogo interactivo realizado en el 44° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, con motivo de la presentación del nuevo informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH): «Independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia, incluyendo violaciones a derechos económicos y sociales y situación en el Arco Minero del Orinoco», varias delegaciones de los Estados miembros del Consejo expresaron preocupación por los hallazgos del informe, así como la negativa de la delegación venezolana de no reconocer las violaciones y problemáticas en derechos humanos documentadas.

El Grupo de Lima en voz de la delegación del Perú, manifestó un profunda preocupación por la crisis multidimensional que afecta a Venezuela  y que ha tenido como consecuencia un gran número de venezolanos que han dejado el país. Además, manifestaron estar preocupados por la falta de independencia y el deterioro de las instituciones democráticas. «Rechazamos la decisión sobre el Consejo Nacional Electoral, ya que no están siendo ofrecidas las garantías de un proceso electoral democrático», expresaron. Añadieron la falta de reconocimiento de la oposición y el irrespeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. «Es necesario restablecer el orden democrático y garantizar el pleno derecho de ejercer los derechos humanos», indicaron.

Esta declaración fue respaldada por el resto de los países miembros del grupo que actualmente forman parte del Consejo, como Brasil, cuyo representante afirmó que es necesario garantizar elecciones transparentes y el rol de la Asamblea Nacional durante todo el proceso. A su vez, hizo mención sobre los hechos denunciados en el informe sobre la minería desmedida en Venezuela, «La explotación de las minas es un problema grave para el ambiente y para las poblaciones que ahí habitan», dijo.

La delegación de Colombia apoyando el pronunciamiento destacó que la única solución es a través de elecciones libres y transparentes. Además, Argentina, en consonancia con el comunicado, indicó que es necesario el restablecimiento del Estado de derecho para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos e hizo un llamado contra el aislamiento de Venezuela y la aplicación de sanciones. En la misma línea, el Ecuador alertó que el derecho a la vida, la educación, integridad,  el alimento,  el empleo, la  libertad de expresión y acceso a la justicia se encuentran comprometidos. A su vez, condenó las decisiones del gobierno venezolano sobre allanar la inmunidad de  los diputados Juan Guanipa y Rafael Guzmán.

Por otro lado, el representante de Uruguay instó al Estado venezolano a permitir el acceso a centros de detención y rechazó las serias violaciones de derechos humanos  y privación de las libertades fundamentales documentados en el informe. Manifestó su preocupación por las denuncias de persecución de lideres políticos y la falta de independencia del sistema judicial; por todo esto alentaron al gobierno venezolanos a cumplir con las recomendaciones de la Alta Comisionada.

La Unión Europea expresó gran preocupación por los últimos descubrimientos hechos por la Alta Comisionada sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en especial por la represión hacia los oponentes políticos, las casos denunciados de detenciones arbitrarias y torturas, las ejecuciones extrajudiciales, las restricciones y ataques a la libertad de expresión y los medios de comunicación, así como el deterioro de la situación de los derechos humanos de la población indígena. «Manifestamos una gran preocupación por el empeoramiento de las crisis política y por el contracción del espacio político y democrático». Reiteraron que la solución a la crisis venezolana debe estar basada en elecciones creíbles, respeto y reconocimiento de todas las instituciones democráticas. Además, hizo un llamado al Estado venezolano a colaborar completamente con la Misión de Determinación de Hechos y brindar mayor apertura de la Oficina de la Alta Comisionada.

En consonancia con el comunicado, Francia señaló que parte de la crisis se enfoca en la persecución de periodistas, lo cual se ha intensificado durante el COVID-19. «No hay información de confianza por los ataque a la prensa», señalaron. Portugal llamó la atención a la delegación venezolana sobre sus obligaciones como miembro del Consejo, entra las cuales se encuentra promover los derechos humanos, pero sus acciones son contrarias e indicó que la mayoría de las recomendaciones hechas a Venezuela no han sido cumplidas por el gobierno. España expresó preocupación sobre los hallazgo del Arco Minero del Orinoco y los efectos de la minería indiscriminada. Luxemburgo aseguró estar preocupado por el cambio del Consejo Nacional Electoral (CNE). «El gobierno debe ser transparente con los venezolanos», destacó.

En respaldo del pronunciamiento, Alemania, Croacia, La República Checa, Dinamarca, Países Bajos y Austria expresaron preocupación por la disminución del espacio cívico y democrático que ha causado la persecución de opositores políticos, la prensa y defensores de derechos humanos. «No hay espacio para que la sociedad civil actúe», alertó Países Bajos. Además, Polonia llamó al resto de la comunidad internacional a tomar más medidas para incrementar la ayuda a Venezuela.

El Reino Unido repudió la violencia sistemática de los derechos humanos y recalcó la importancia de que el Estado venezolano cumpla con la recomendaciones del informe anterior, entre ellas el desmantelamiento de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Añadió la obligación del Estado de garantizar el acceso a los servicios básicos,  como lo es el alimento. Alertó que la pandemia causado por el COVID-19  ha agudizado la crisis humanitaria. «Es necesario que se permita el acceso humanitario para brindar asistencia», insistió.

Georgia expresó consternación y repudio por el aumento de la violencia y las muertes extrajudiciales, «El régimen sigue atacando a la oposición», aseguró;  denunció que no se están tomando las medidas necesarias para prevenir y detener la propagación de COVID-19 en Venezuela.

Japón aseguró estar preocupado por las detenciones arbitrarias y violaciones a las garantías al debido proceso documentadas en el informe, así como por el nombramiento de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral por el Tribunal Supremo de Justicia. En cuanto a las operaciones de la Oficina de la Alta Comisionada en Venezuela, demandó que se de un mayor acceso a los centros penitenciarios. Esta postura se ve complementada con la asumida por Australia quien alerta que en Venezuela existe una crisis en el acceso a la justicia, por la falta de independencia del sistema judicial y agregó la importancia de llevar a cabo elecciones democráticas e imparciales.

Contrario a las posturas mencionadas anteriormente, países como China,Rusia, Camboya, Bielorrusia, Myanmar, Corea del Norte, Irán, Siria, Nicaragua y Laos manifestaron su apoyo al gobierno presidido por Nicolás Maduro, asegurando que ha actuado de buena fe en su cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada y su compromiso con los derechos humanos. Argumentaron que las resoluciones del Consejo se encuentran impulsadas por motivaciones políticas  e instó al resto de los miembros a no interferir en los asuntos internos de Venezuela.

Vídeo del diálogo interactivo