María Esperanza Hermida: Evaluación del PIDESC

Entre los días 2 y 3 de junio el Estado venezolano será evaluado ante el Sistema de Protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales con los derechos humanos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). La última revisión se efectuó hace 14 años.

El examen es un proceso con varias fases, que comenzó durante el año 2014 con la presentación de los Informes del Estado venezolano ante los Comités que revisan la situación de cumplimiento de cada Pacto. Posteriormente, estos Comités construyeron el listado de cuestiones que resumen las inquietudes, preocupaciones e interrogantes que serán sujeto de la evaluación. Finalmente, el escrutinio se hará en sendas sesiones a celebrarse en junio próximo en Ginebra, con las autoridades nacionales. 

Este contexto abrió la oportunidad para que un conjunto de organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela, entre las que se encuentra PROVEA, presentara al Comité del PIDESC un informe sobre asuntos y datos que justamente toman en cuenta su Lista de Cuestiones elaborada en el mes de diciembre del 2014.

Un tema crucial es la situación de la libertad sindical el país, ante el auge de la protesta y la movilización de calle como escenario de la demanda social, especialmente en el caso de los derechos laborales. En este sentido, el Informe de las organizaciones de derechos humanos venezolanos señala que “desde el año 2000 se desarrolla una política de Estado contra la libertad sindical. Fundamentalmente se ejecuta contra aquellas organizaciones sindicales que mantienen posiciones críticas a la gestión de gobierno. Esa política involucra a altos funcionarios del Estado tales como el Presidente de la República, ministros, diputados y gobernadores.”

El informe señala que las vías para coartar la libertad sindical son diversas. El Estado interviene desde procesos electorales de los sindicatos hasta el registro de nuevas organizaciones sindicales, especialmente en casos cuyos promotores y promotoras son considerados críticos al gobierno.

Otro mecanismo que se denuncia es impedir la realización de las actividades sindicales esenciales a la vida interna de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras como las asambleas en centros de trabajo –principalmente en el caso del sector público-. Esta forma de consulta democrática es obstruida por el Estado, a pesar que está concebida para permitir la participación, opinión y decisión sobre pliegos de peticiones y acciones de movilización para la defensa de los derechos colectivos laborales.

Una limitante creciente está representada por los obstáculos para tramitar oportuna, eficaz y libremente los pliegos de peticiones, bien sean de carácter conciliatorio o conflictivo, tanto en el sector público como en el privado, mediante trabas arbitrariamente impuestas por las autoridades del trabajo.

Entre las prácticas injerencistas que adelanta el Estado venezolano, especialmente en el sector público, se encuentran la negativa a otorgar permisos sindicales y despedir sindicalistas, violando el fuero sindical. A ello se suma la permanente descalificación pública de la labor sindical, así como el desprestigio personal de sindicalistas.

El informe indica que el Estado venezolano ha escalado la represión y los ataques al sindicalismo. La violación a la garantía de la integridad y libertad personales, usando como patrón la agresión física y el hostigamiento policial, militar y judicial, las detenciones arbitrarias y el enjuiciamiento penal por participar en manifestaciones pacíficas u organizar o participar en huelgas, se agregan a una larga lista de crímenes impunes, en los que han sido asesinadas más de un centenar de personas relacionadas con el sindicalismo, particularmente el sector de la construcción.

Esperamos del gobierno compromisos de solución. (Fuente: Provea)