Informe R4V: Entre enero y julio 2019 hubo más de 5 mil solicitudes de asilo de personas venezolanas en países del Caribe

(El Caribe, 18/09/2019) En los últimos años, cinco países en el Caribe han acogido un número creciente de refugiados y migrantes de Venezuela: Aruba, Curazao, República Dominicana, Guyana y Trinidad y Tobago. Se estima que alrededor de 146.9001 han llegado por aire, tierra y mar hasta la fecha, incluidos algunos retornados guyaneses en Guyana. Los países del Caribe varían en términos de su geografía, antecedentes lingüísticos, legales y socioeconómicos, lo que resulta en diversos entornos operativos locales y respuestas humanitarias. 

Teniendo en cuenta el tamaño pequeño o la capacidad de absorción limitada de los países interesados, el creciente número de refugiados y migrantes de Venezuela ha tenido un impacto en sus comunidades de acogida. A través del Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes (RMRP) de 2019, los socios han identificado las necesidades prioritarias para refugiados, migrantes y comunidades de acogida.

Contexto operativo

Por primera vez, dos países del Caribe se adhirieron al Proceso de Quito. Los gobiernos de Guyana y República Dominicana participaron en la IV Reunión Técnica Internacional del Proceso de Quito, que tuvo lugar en Buenos Aires los días 4 y 5 de julio, y firmaron tanto la Declaración de Quito IV como la Hoja de ruta que se adoptaron durante la reunión. El Proceso de Quito tiene como objetivo armonizar las políticas y prácticas de los países de la región, coordinar la respuesta humanitaria y mejorar el disfrute de los derechos de los refugiados y migrantes de Venezuela.

En la 40ª Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM) celebrada en Santa Lucía los días 3 y 5 de julio de 2019, CARICOM enfatizó su «postura de no intervención, no injerencia y de respetar la soberanía de Venezuela . ”El Jefe de los Estados de CARICOM reiteró la importancia de resolver la crisis en Venezuela de manera pacífica a través del diálogo entre las partes.

Una misión del Coordinador del «Grupo de trabajo sobre la crisis de los migrantes y refugiados venezolanos» de la Organización de los Estados Americanos (OEA) tuvo lugar en Aruba y Curazao en junio de 2019. La OEA recomendó que tanto Aruba como Curazao otorguen estatus legal a los venezolanos. y garantizar su acceso al empleo, la atención médica y la educación, y recomendó la implementación de campañas contra la xenofobia.

El 25 de julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó su Quinto Examen Periódico sobre los Países Bajos para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El Comité reconoció los desafíos que plantea la afluencia de ciudadanos venezolanos que buscan protección internacional en los países constituyentes del Caribe en los últimos años y expresó su preocupación por la falta de marcos legales que rijan el asilo, la escasez de datos relacionados con los solicitantes de asilo y las condiciones de detención en los países constituyentes. El Comité recomendó que los países constituyentes introduzcan una legislación que regule el asilo de conformidad con las leyes internacionales de derechos humanos y refugiados y establezcan o fortalezcan sus procedimientos de asilo.

Según el Informe de Trata de Personas (TIP) de 2019 publicado anualmente por el Departamento de Estado de EE. UU., Aruba y Curazao no cumplieron con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas establecidos por la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata (TVPA). Si bien el informe reconoce los esfuerzos cada vez mayores de Trinidad y Tobago y la República Dominicana, afirma que estos países tampoco han cumplido los estándares mínimos. Por último, el informe reconoció los esfuerzos sostenidos realizados por el Gobierno de Guyana al aumentar los fondos para la asistencia a las víctimas e identificar y ayudar a más víctimas por tercer año consecutivo.

En junio de 2019, el Gobierno de Aruba anunció que extenderá el cierre de la frontera con Venezuela por tres meses adicionales y hasta que se implemente un «Sistema avanzado de información de pasajeros» para evaluar a los venezolanos antes de su llegada a Aruba. En Trinidad y Tobago, el puerto oficial de entrada del Complejo de Seguridad Cedros, desde donde desembarcaban los transbordadores desde Venezuela, permanece cerrado para los venezolanos, incluso para aquellos con documentación para ingresar.

El 26 de julio, el Gobierno de Trinidad y Tobago comenzó a emitir tarjetas de registro a los venezolanos que se habían registrado en el ejercicio de dos semanas que se realizó del 30 de mayo al 14 de junio de 2019. Las tarjetas de registro permitirán a los venezolanos trabajar legalmente durante seis meses, después de lo cual puede otorgarse la renovación por otros seis meses. Los titulares de tarjetas aún requieren una visa para viajar entre Trinidad y Venezuela. Aunque la tarjeta de registro no es un documento de identidad, al menos un banco en Trinidad y Tobago anunció que la aceptará como una de las dos formas de identificación necesarias para acceder a los servicios bancarios (cuentas de ahorro y cajeros automáticos).

El Gobierno de Guyana continuó registrando venezolanos, otorgando permisos de estadía renovables de tres meses al momento del registro. Hasta la fecha, 9.356 venezolanos han sido registrados. El Gobierno reconoce que no capturan a todos los que llegan a los principales puntos de entrada ni alcanzan a la población en todas las regiones, como la Región 8, un área minera. El Gobierno confía en que con la implementación del nuevo sistema de registro biométrico, que esperan implementar en los próximos meses, se logrará una recopilación de datos más precisa. Los movimientos internos de los venezolanos desde las zonas fronterizas a la ciudad capital de Georgetown continuaron limitándose a aquellos que han verificado miembros de la familia allí.

Tras el anuncio del Gobierno holandés de proporcionar 23,8 millones de euros a Aruba y Curazao para apoyar la respuesta a la crisis de Venezuela, el Primer Ministro de Aruba anunció que Aruba solicitó que se destinen 3 millones de euros al fortalecimiento de la autoridad nacional de asilo (DIMAS). La autoridad de inmigración (IASA) y la Guardia Costera (Guarda Nos Costa), aseguran la implementación de los procedimientos de inmigración y la reestructuración de los centros de detención de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Se deben asignar 2,5 millones de euros adicionales para apoyar la educación, los servicios de salud y la Fuerza de Policía de Aruba (KPA).

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