El TSJ ha faltado a su función de control de institucionalidad sobre los poderes públicos

La Asociación Civil Estado de Derecho, presentó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un Informe Alternativo sobre las faltas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el ejercicio de su función de controlar la institucionalidad de los poderes públicos, con motivo del examen realizado al Estado venezolano sobre cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en junio del 2015.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al revisar su actuación desde la designación de los nuevos magistrados en 2004 hasta 2013, no ejerció ningún tipo de control de constitucionalidad sobre los Poderes Públicos nacionales, es especial sobre el Presidente de la República, cuyos actos no fueron nunca cuestionados a través de amparo constitucional, acciones de anulación o cualquier otra vía procesal. Muy por el contrario, a través de muchas sentencias, en particular de recursos de interpretación, protección de derechos colectivos y avocamiento, garantizó impunidad y legitimó las actuaciones contrarias a la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos del gobierno nacional.

La Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia tampoco se elevó como una garantía de los derechos de las personas frente a los entes públicos desde la designación de los nuevos magistrados en 2004 hasta 2013. No ha anulado actos administrativos, que supongan un restablecimiento pleno, en casos diferentes de funcionarios públicos destituidos o removidos en su cargo, es decir, nunca ha afectado actos administrativos que no sean organizativos o internos. Tampoco ha condenado patrimonialmente a los entes públicos en las reclamaciones por daños y perjuicios contractuales o extracontractuales. Acaso y emite condenas parciales, por montos bajísimos, y normalmente por daños morales, que calcula “prudentemente”.

En materia de medidas cautelares, mientras prácticamente ha accedido a todas las peticiones cautelares de los entes públicos, niega sistemáticamente la casi totalidad de las solicitudes hechas por las personas en contra de actos administrativos. Cuantitativamente, no hay quien gane en juicio a los entes públicos venezolanos.

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, desde la designación de los nuevos magistrados en 2004 hasta 2013, ha sido poco menos que un tribunal inoperante, sin autoridad ni competencias. No es garantía del control de la legalidad de los actos del Poder Electoral, al contrario. Más de cuatro quintas partes de las providencias del CNE han terminado siendo ratificadas por la Sala Electoral. Cuando le ha tocado resolver asuntos que enfrente a la tendencia política oficialista con la opositora, en el 90% de las veces se decantada por la primera.

De acuerdo con el análisis cualitativo realizado, los criterios judiciales de la Sala Constitucional, de la Sala Político Administrativa y de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en el período 2005-2013 se apartan y son contrarios en general al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a la jurisprudencia y doctrina universal y regional más reconocidas en materias como democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos.

Los criterios judiciales de la Sala Constitucional, de la Sala Político Administrativa y de la Sala Electoral del TSJ, en materia de principios democráticos:

  • Consolidaron la designación anti-democrática de altos funcionarios del Poder Público;
  • Avalaron la opacidad y falta de rendición de cuentas en los recursos públicos;
  • Apoyo el retiro sin consulta democrática alguna de Venezuela de sistemas de integración económica regionales y de protección de derechos humanos;
  • Legitimaron de la reforma constitucional como mecanismo para modificar la estructura del Estado y el régimen constitucional de los derechos humanos;
  • Justificaron la reelección presidencial indefinida, para asegurar la perpetuidad en el ejercicio del Poder;
  • Desconocieron de los recursos propios de los Estados y Municipios de acuerdo con la Constitución y asignación de los mismos al Poder Nacional y a instancias del –inconstitucional- Poder Popular;
  • Permitieron que la Ley Habilitante sea válida para incrementar el poder del Presidente de la República; entre otras.

Los criterios judiciales de la SC, de la SPA y de la SE del TSJ en materia de libertad de asociación y derechos sociales:

  • Consolidaron la criminalización del uso por las organizaciones de la sociedad civil de recursos provenientes de la cooperación internacional;
  • Negaron la libertad de los padres a elegir el tipo de educación que recibirán sus hijos apelando al Estado docente y a considerar servicio público a la educación;
  • Desconocieron las recomendaciones y normativas de la ONU en materia de seguridad alimentaria y derecho a la alimentación, al legitimar un sistema de control de distribución de alimentos que desconoce la libertad de elegir de los consumidores.

Los criterios judiciales de la SC, de la SPA y de la SE del TSJ en materia de participación política y sufragio:

  • Consolidaron las prohibiciones inconstitucionales al derecho a la protesta ciudadana;
  • Justificaron el uso de fórmulas electorales violatorias del principio de representación proporcional;
  • Avalaron la opacidad y falta de rendición de cuentas sobre los planes de seguridad ciudadana que involucran el uso de funcionarios militares;
  • Permitieron el uso de sistemas electrónicos de identificación táctil de los electores en los procesos electorales, pese a que ello agravó la desconfianza y aumentaron la abstención en muchos casos;
  • Legitimaron la inhabilitación política administrativa, sin sentencia judicial penal dictada previo debido proceso, contra líderes de la oposición.

Los criterios judiciales de la SC, de la SPA y de la SE del TSJ en materia de libertad de información, expresión y pensamiento:

  • Consolidaron el control y censura sobre contenidos en radio, televisión y medios;
  • Legitimaron medidas administrativas de estatización sobre bienes de propiedad privada de medios de comunicación;
  • Avalaron la instrucción pre-militar e ideologización de la educación básica, a través de programas y textos oficiales en instituciones de educación estatales;
  • Permitieron las cadenas presidenciales en radio y televisión en violación de los derechos a la libertad de expresión, opinión e información;
  • Dieron rienda suelta al uso de los tribunales penales para censurar y multar a medios de comunicación por la difusión imágenes e informaciones contrarias a intereses del gobierno nacional;
  • Permitieron usar de modo arbitrario y sectario el espectro radioeléctrico, con el fin de censurar medios de comunicación y justificar el cierre de circuitos radiales; y respaldaron poderes discrecionales del gobierno nacional para censurar programas de opinión en radio y televisión.

Ver informe aquí Informe Alternativo Un Estado de Derecho