El Comité de Derechos Humanos publica sus recomendaciones al Estado venezolano

(Caracas, 23 de julio del 2015) El Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano conformado por 18 expertos independientes de diversos países del mundo, publicó el día de hoy el Informe de Observaciones Finales relativo al examen que realizó al Estado venezolano durante los días 29 y 30 de junio en Ginebra. Este informe contiene las acciones y medidas que el Estado debe tomar para cumplir con sus obligaciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en Venezuela desde el año 1976. 

En el Informe, el Comité señala aquellas medidas más urgentes que el Estado debe aplicar en un período máximo de un año para proteger efectivamente los derechos consagrados en el Pacto y evitar que se vean vulnerados. Tal es el caso de la observancia de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones. El Comité exhortó al Estado a capacitar a los organismos encargados de mantener el orden público en el uso adecuado de la fuerza, a que sean únicamente los cuerpos policiales y no los militares los que cumplan con estas funciones y a que se lleven a cabo las investigaciones y posterior sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones durante los primeros meses del 2014.

De igual forma, el Estado debe tomar medidas para asegurar la independencia, autonomía e imparcialidad del Poder Judicial. En este sentido, debe resolver el problema de la provisionalidad de los jueces, considerando que apenas el 34% son titulares. El Estado debe garantizar que sus actuaciones estén libres de toda injerencia o presión. El Comité hace especial énfasis en el caso de la Jueza María Afiuni, a la cual se le debe garantizar un juicio justo y se deben llevar a cabo las averiguaciones necesarias sobre los alegatos de que habría sido sometida a malos tratos y agresión sexual durante su reclusión en el INOF.

El Comité también exhorta al Estado a garantizar que cesen los actos de intimidación y ataques contra periodistas, defensores de derechos humanos y abogados, así como las detenciones arbitrarias contra miembros de la oposición política. La última de las recomendaciones de aplicación urgente se refiere a que cesen las declaraciones descalificatorias contra los miembros de la sociedad civil que han colaborado con los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

El resto de las recomendaciones deben ser aplicadas en un plazo no mayor de tres años (hasta el 2018). Entre éstas, se encuentran la aplicación directa e inmediata del Pacto por los tribunales, tal como ejerce el derecho nacional; que se garantice la independencia, autonomía e imparcialidad de la Defensoría del Pueblo para que no rebaje su calificación; que se tomen medidas destinadas a garantizar la igualdad de género, la protección de la mujer contra la violencia y la despenalización del aborto no terapéutico; que se tomen medidas para evitar la discriminación y actos de violencia contra la comunidad LGBTI; que se adopte una legislación amplia e integral contra la discriminación;  que se lleven a cabo planes para desarmar a la población civil y a la población carcelaria; que cese la impunidad; que se eliminen las condiciones de hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos de la población penitenciaria; que la prisión preventiva sea la excepción y no la regla; que cesen las medidas y prácticas que tienen como efecto que se censure la expresión crítica y que no se publique información crítica; que CONATEL aplique la ley de forma independiente, imparcial y autónoma; que se respete el derecho a la reunión pacífica y la libertad de asociación sin más limitaciones que las establecidas en el Pacto; que se lleve a cabo el proceso de consulta previa a los pueblos indígenas en los proyectos de exploración y explotación que afecten sus tierras y que se acelere el proceso de demarcación de las tierras indígenas.

Por último, el Comité llama al Estado a volver a formar parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual representa una medida complementaria para la protección progresiva de los derechos humanos.

Ver aquí Compilación de Recomendaciones sobre países de América Latina del Comité de Derechos Humanos 1977-2004