El Comité de Derechos Civiles y Políticos manifestó preocupación por las denuncias sobre deportaciones de venezolanos solicitantes de asilo en Curazao

El Comité de Naciones Unidas para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR) durante su revisión a los Países Bajos, manifestó su preocupación por las dificultades que atraviesan las personas refugiadas y solicitantes de asilo, entre ellos los venezolanos con necesidad de protección internacional que se encuentran en Curazao.

A pesar de que el Comité afirmó apreciar los esfuerzos por parte de los Países Bajos para atender a los solicitantes de asilo, como la reunificación familiar y el brindar asistencia legal a pesar de que las peticiones hayan sido rechazadas. Sin embargo, el CCPR manifiesta su preocupación por reportes de devoluciones forzadas de solicitantes de Afganistán, Sudán y Bahrain, contrario al principio de de no devolución. También preocupó el alto número de peticiones de reunificación familiar que están en espera, así como la falta de claridad en los datos sobre migración y refugio.

Además, el CCPR destacó los retos que implican el gran flujo migratorio de personas venezolanas que buscan por protección internacional en los países del Caribe en años recientes, pero sobre este punto, el Comité manifestó su preocupación por las denuncias de venezolanos que buscan protección internacional y han sido retornados a Venezuela, así como por las denuncias de malos tratos y abusos en los cetros de detención.

Para concluir el CCPR dio una serie de recomendaciones para mejorar las condiciones de los solicitantes de asilo:

  1. Introducir legislación que rija el asilo en línea con los derechos humanos internacionales y las leyes de refugiados, en particular en los países constituyentes del Caribe y considerar la ratificación de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados por parte de todos los países constituyentes;
  2. Asegurar que el principio de no devolución esté garantizado por ley;
  3. Asegurar que se lleven a cabo investigaciones sobre los casos de violación del principio de no devolución;
  4. Intensificar sus esfuerzos para reducir los retrasos en el proceso de solicitud de asilo y el proceso de reunificación familiar.

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