Consejo Permanente de la OEA discute nuevamente sobre la situación en Venezuela

(Washington D.C. 26/07/2017) Luego de que no se lograra aprobar una declaración en la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y tras la presentación del tercer informe del Secretario General, el asunto de Venezuela fue nuevamente discutido en el Consejo Permanente de la OEA, esta vez durante una sesión ordinaria.

La inclusión del tema Venezuela en la agenda fue solicitada por 17 Estados: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay.

A pesar de la amenaza proferida por el Ejecutivo de que Venezuela no participaría más en ninguna reunión de la Organización tras haber denunciado la Carta de la OEA, una representante del Estado asistió a la sesión y leyó una carta oponiéndose a la discusión, que, como es costumbre, calificó de «intervencionista». Además de ello, acusó a los gobiernos de Colombia y Perú de conspirar con la CIA para derrocar al gobierno venezolano.

Posteriormente, el embajador de Panamá leyó una comunicación suscrita por trece Estados Miembros de la OEA, mediante la cual rechazaron la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y solicitaban que se respetara la voluntad del pueblo expresada el 16 de julio.

En apoyo a la comunicación leída, México aseveró que «la crisis agudiza día a día y amenaza con desbordarse». Además de ello, criticó las acusaciones hechas por la representante de Venezuela, las cuales calificó de irresponsables, ya que buscaban recurrir a un discurso divisivo y teorías de conspiración para evadir la responsabilidad. Además de pedir que se retirara la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y a que se respetara la voluntad del pueblo expresada el 16 de julio, rechazó la detención de tres magistrados recién nombrados por la Asamblea Nacional. México culminó afirmando que su intención era trabajar por una salida negociada para volver a la senda democrática.

El embajador de Estados Unidos llamó al gobierno a respetar los compromisos adoptados en el diálogo de octubre y a atender la grave crisis humanitaria, recordando que la crisis venezolana afecta a toda la región, con el aumento de las solicitudes de asilo.

Con respecto a las acusaciones de injerencismo, la embajadora de Honduras hizo una reflexión: «no podemos cerrar los ojos, no podemos llamar a diálogo y concertación sin reconocer que estamos llamados a actuar» a lo cual añadió que «es vital escuchar al pueblo venezolano en la libre expresión de su voluntad y atender la grave crisis humanitaria».

El embajador de Colombia reiteró que el silencio no era una opción, ya que la crisis estaba afectando a todo el continente. Aseguró que la constituyente ahondaba el antagonismo, y que no era el resultado de una negociación, si no de confrontación; y que no era un asunto de ideologías, sino de civilización. Finalmente, rechazó las acusaciones hechas por el gobierno de Venezuela y enfatizó la importancia de establecer un mecanismo de negociación.

Argentina leyó la más reciente declaración del MERCOSUR y algunos Estados Asociados sobre Venezuela, en el cual manifestaron su disposición a participar en el diálogo y sentenció que la constituyente era la «manipulación de la voluntad de una sociedad polarizada». Brasil hizo un llamado a la suspensión inmediata de la ANC, pues ella amenazaba con destruir la democracia y los poderes públicos. Indicó que no podían permitir que los venezolanos se quedaran sin algo que hacer ante la amenaza de que la situación se descarrilara.

En uno de los discursos más fuertes, el embajador de Costa Rica lamentó la falta de convicción de algunos Estados para encontrar una solución, y que éstos viesen hacia otro lado mientras Venezuela protestaba. En sus palabras, «el silencio cómplice y la falta de voluntad política de algunos Estados amarra las manos de los que queremos una solución», asegurando que constituyente representaba la destrucción de los últimos vestigios de democracia.

Panamá señaló que la inacción podría agravar la crisis en Venezuela, por lo que se debía insistir en la vía del diálogo. Guatemala llamó a suspender la ANC, pues sólo agravaría la confrontación y el conflicto. Lamentó el número de personas que han perdido la vida en el marco de las protestas, así como la tendencia del gobierno a avalar la violencia. Por su parte, Canadá felicitó la iniciativa de Estados Unidos de sancionar a altos funcionarios del Estado y expresó que seguirían trabajando en conjunto.

Paraguay leyó declaraciones de Hugo Chávez sobre la Constitución de 1999, en las que aseguraba que la Carta Magna «está blindada contra caprichos». Haciendo referencia a la consulta popular del 16 de julio, indicó que el gobierno debía escuchar a la comunidad internacional, pero, sobre todo, al pueblo venezolano.

Como era de esperarse, el comunicado no fue aceptado por todos los Estados.

Granada tomó la palabra en nombre del CARICOM y leyó una declaración suscrita por el organismo, en la cual muestran su apoyo al proceso de diálogo. La isla del Caribe afirmó que ofreció sus buenos oficios para una mediación entre el gobierno y la oposición, de lo cual habría avisado a ambas partes del conflicto por medio de varias comunicaciones.

Nicaragua, en una demostración de incoherencia y desconocimiento de las normas tanto del organismo internacional como de las venezolanas, rechazó que se discutiera sobre el tema «sin contar con la aprobación del gobierno venezolano», ala vez que pidió que se respetara la soberanía venezolana – como si la soberanía residiese en el gobierno y no en el pueblo venezolano.

El embajador de Bolivia aseguró – sin asidero en la Carta Magna venezolana – que la consulta popular realizada el 16 de julio era «inconstitucional». Igualmente, apoyó el comunicado del CARICOM, afirmando que las gestiones de la OEA «sólo habrían generado más dificultades». Finalmente, acusó al Secretario General Almagro de no ser un funcionario de la OEA, sino «una pieza del intervencionismo».

Por su parte, el nuevo embajador de Ecuador, desechando toda iniciativa diplomática, sentenció que de la OEA no saldría ninguna solución, y que no podía apoyar ninguna declaración que solamente fuese una expresión de buenos deseos. Asimismo, se lamentó que el tema de Venezuela fuese «el único que se trata en la OEA».

La discusión sobre Venezuela culminó con una intervención del Secretario General Luis Almagro, quien hizo un resumen de algunos de los puntos que tocó en su tercer informe, enfatizando el carácter sistemático de violaciones a los derechos humanos en el país, como las detenciones arbitrarias, las torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes; los asesinatos y heridos, las agresiones sexuales. Con respecto a la represión, Almagro aseguró que buscaba generar el mayor daño posible. Almagro confesó que el tercer informe había sido el más difícil de hacer, ya que representaba «un catálogo de la bajeza a la que puede llegar el alma humana».

De igual forma, el Secretario General hizo un llamado a que se escuchara la voluntad de 7.6 millones de personas que habían participado en la consulta popular del 16 de julio, y que ellos eran la razón para impedir que la ANC se instalara.

Finalmente, Almagro presentó el video realizado por la organización Human Rights Watch, recordando a los embajadores presentes las experiencias de la región con las dictaduras, y el compromiso que habían adquirido de decir «nunca más».


La discusión sobre Venezuela culminó sin que se adoptara ninguna nueva resolución o declaración sobre la situación en el país. Tal como lo indicó Costa Rica durante su intervención, los Estados dispuestos a tomar acciones en el marco de la OEA se encuentran de manos atadas, ya que no se contaban con los votos suficientes para tomar decisiones destinadas a ejercer algún tipo de incidencia sobre la actuación del gobierno.

Ante esta imposibilidad en el marco de la Organización, algunos Estados han optado por actuar por fuera de la OEA de diversas formas. Estados Unidos ha impuesto sanciones individuales a funcionarios públicos señalados por corrupción, violaciones de derechos humanos y hasta narcotráfico, las cuales consisten en el congelamiento de sus cuentas en ese país, su exclusión del sistema financiero y la prohibición de enajenar y gravar sus bienes. Dichas medidas han sido apoyadas por Canadá, Colombia, México y Panamá, quienes expresamente ha indicado que también adoptarían medidas similares.

Por su parte, el MERCOSUR ha tomado otras decisiones, como la suspensión de Venezuela en diciembre del 2016. Asimismo, varios de los Estados de la región han hecho numerosas declaraciones y comunicados en conjunto, como el leído por Panamá durante la sesión.