Civicus emite una alerta por el Estado de Excepción en Venezuela

La organización internacional Civicus, con presencia en más de 140 países, se une al llamado de otras organizaciones internacionales como Transparencia Internacional, la OMCT, Human Rights Watch y organizaciones nacionales de derechos humanos en rechazo al Decreto Presidencial 2.323 del 13 de mayo del 2016, que declara el Estado de Excepción en Venezuela.

A continuación presentamos una traducción libre del comunicado de Civicus. La versión original en inglés la pueden conseguir aquí.

La alianza global de la sociedad civil, CIVICUS, se encuentra preocupada por el impacto negativo en Venezuela del «Estado de Excepción y Emergencia Económica» sobre las libertades de la sociedad civil. El 13 de mayo del 2016, el Presidente Nicolás Maduro publicó un decreto declarando un Estado de Excepción sobre la base de «circunstancias extraordinarias de naturaleza social, económica, política, natural y ecológica (…) que afectan seriamente el orden constitucional, la paz social, la seguridad nacional, las instituciones públicas y a los ciudadanos de la República.»

Cabe destacar que el decreto alega intentos de desestabilización por la oposición política, incluyendo la «deliberada confrontación» del Legislativo contra las autoridades públicas con la «intención de derrocar al gobierno» y «esquemas perversos» que distorsionan la economía venezolana, tales como el acaparamiento, el boicot, la usura, la escasez e inflación inducidas.

«El presidente de Venezuela ya tiene amplios poderes ejecutivos, y la vaguedad y amplitud del Decreto 2.323 los extenderá aún más», afirmó Mandeep Tiwana de CIVICUS. «Mucho se ha dejado a merced de una interpretación discrecional para restringir el ejercicio de las libertades de asociación y reunión, las cuales, de acuerdo con los términos utilizados, estarían condicionadas a no ser interpretadas como desestabilizadoras.»

Un artículo del decreto permite al Presidente «encargar al Ministro de Relaciones Exteriores a que audite y revise los acuerdos firmados entre individuos o entidades legales nacionales e instituciones o agencias internacionales para la ejecución de proyectos en el país, y a ordenar la suspensión del financiamiento relacionado a estos acuerdos cuando se presuma que son utilizados con fines políticos o desestabilizadores». Tales medidas tendrían consecuencias negativas inmediatas en relación a la sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil que dependen de fuentes externas para su financiamiento.

Varias disposiciones del decreto amenazan la libertad de asociación, incluyendo el nuevo poder dado al presidente para «promulgar e implementar planes de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público de cara a acciones desestabilizadoras que busquen alterar la vida interna del país o sus relaciones internacionales, y que permitan avances contundentes en la restitución de la paz de la ciudadanía, la seguridad personal y el control por la fuerza pública sobre la conducta delictiva». Por su parte, el decreto asigna «funciones de monitoreo y organización (…) para mantener el orden público y asegurar la seguridad y soberanía de la nación» a grupos partidistas y a las fuerzas armadas, yendo mucho más allá de las atribuciones legales de mantenimiento del orden público que poseen las agencias civiles encargadas de aplicar la ley. Este preocupante tema se presenta como una clara continuidad del proceso de militarización de la política y la sociedad que organizaciones de la sociedad civil han denunciado repetidamente.

CIVICUS ha monitoreado varias violaciones a los derechos de la sociedad civil en Venezuela en los últimos años, como se encuentra atestiguado en el informe que CIVICUS envió en marzo para el segundo Examen Periódico Universal de Venezuela. En dicho informe, CIVICUS ha destacado problemas tales como regulaciones restrictivas, ataques e intimidación contra organizaciones y defensores de derechos humanos, hostigamiento y ataques contra periodistas y medios que han mostrado una postura crítica, y violaciones al derecho de reunión pacífica mediante ataques y uso de la tortura contra manifestantes.

CIVICUS demuestra su solidaridad con la sociedad civil de Venezuela que hace frente a restricciones injustificadas al núcleo de libertades fundamentales del espacio de la sociedad civil, y hace un llamado al gobierno venezolano a reconsiderar su postura agresiva contra la sociedad civil.

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