Venezuela repite en el Capítulo IV del Informe Anual 2015 de la CIDH

(Washington, DC, 21.03.16.,CIDH) Venezuela junto a Cuba y Guatemala figuran en el Capítulo IV del Informe Anual 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que publicó el pasado 17.03.2016 el organismo para la protección de los derechos humanos. El capítulo IV reúne a aquellos países que exhiben una situación especialmente preocupante en materia de derechos humanos.

“La Comisión ha seguido con especial atención la situación de los derechos humanos en Venezuela y ha observado, a través de sus distintos mecanismos de monitoreo, una serie de situaciones estructurales que afectan el goce y disfrute de los derechos humanos en dicho país.

En ese sentido, la Comisión se ha manifestado de manera reiterada en sus Informes anteriores respecto de Venezuela, sobre situaciones estructurales como la provisionalidad de los jueces y fiscales, la cual conlleva a la fragilidad del poder judicial y a su falta de independencia e imparcialidad.

La Comisión ha considerado que esta falla estructural impacta de manera negativa en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y el debido proceso, por lo que constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana.

En esta misma línea, siendo la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial frente al poder político, uno de los puntos de mayor fragilidad que se ha identificado, preocupa a la CIDH la utilización del poder punitivo del Estado para hostigar y estigmatizar a los defensores de derechos humanos, y periodistas, y perseguir penalmente a disidentes políticos e inhabilitar a varios de sus dirigentes”.

Por otra parte, la CIDH saludó que el Estado haya propuesto la creación de un Plan Nacional de Derechos Humanos para el período 2015-2019 que contempla diversas líneas estratégicas e incluye la creación de un Observatorio Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, considera que la puesta en marcha de este tipo de programas incluya la participación de distintos sectores de la sociedad y entre otros aspectos, tenga en cuenta las recomendaciones realizadas al Estado tanto en el ámbito del sistema interamericano como el sistema universal de protección de derechos humanos.

En particular, el informe toca como aspectos preocupantes, entre otros:

  1. La situación de violencia y seguridad ciudadana, militarización de la seguridad ciudadana y los Estados de Excepción.
  2. La persecución y criminalización de la disidencia política
  3. El respeto y garantía estatal para el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la protesta social, las agresiones, amenazas y hostigamiento a periodistas y medios de comunicación y el acceso a información, funcionarios y lugares públicos.
  4. La defensa de los derechos humanos y la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo la intención de aprobar el proyecto de ley de cooperación internacional de 2006.
  5. La situación de las personas en el contexto de movilidad humana, personas privadas de libertad, pueblos indígenas, personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), los derechos de las mujeres, personas afrodescendientes y niños, niñas y adolescentes (NNA).
  6. La tendencia regresiva de la pobreza
  7. La dependencia en la importación de alimentos, lo que en parte, habría generado desabastecimiento y escasez de alimentos.
  8. La carencia de medicamentos e insumos médicos, material quirúrgico y equipos médicos, tomando nota de la problemática del Hospital de Niños J. M. de los Ríos.
  9. Los cortes en el suministro de servicios básicos como gas doméstico y electricidad.
  10. El elevado porcentaje de personas desempleadas, particularmente entre los jóvenes y las mujeres.
  11. La incompatibilidad de contenidos de la educación pública con el pleno desarrollo de la personalidad humana y el respeto de los derechos humanos.
  12. La persistencia de asentamientos informales en gran escala y el déficit de vivienda.

Recomendaciones

Seguridad ciudadana

1. Tomar medidas integrales encaminadas a garantizar la seguridad ciudadana, sobre todo en cuanto al nivel de homicidios se refiere.

2. Reformular las políticas y prácticas de las fuerzas de seguridad en relación con operaciones de control ciudadanos, a fin de que se inscriban en un marco de respeto a los derechos humanos.

3. Capacitar a los servidores públicos encargados de tareas de orden público en temas de protección y respeto a los derechos humanos.

4. Delimitar la participación de miembros de las fuerzas armadas en acciones de orden público, de competencia de la policía y, cuando lo hagan en situaciones excepcionales, se subordinen a la autoridad civil.

5. Reservar su uso y delimitar temporalmente los estados de excepción para situaciones de extrema gravedad y real excepcionalidad.

Derechos políticos

6. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos a todas las personas, independientemente de su posición frente a las políticas del Gobierno y adoptar las medidas necesarias para promover la tolerancia y el pluralismo en el ejercicio de los derechos políticos.

7. Abstenerse de ejercer represalias o utilizar el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política y garantizar la pluralidad de espacios para el ejercicio democrático, incluyendo el respeto a las movilizaciones y protestas que se llevan a cabo en ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica.

8. Propiciar un clima de tolerancia en el cual se favorezca la activa participación e intercambio de ideas de los diversos sectores de la sociedad, así como diseñar instituciones que promuevan y no que inhiban o dificulten la deliberación pública.

Libertad de expresión

9. Adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra los y las comunicadoras tanto en situaciones de normalidad como en el contexto de manifestaciones públicas, incluyendo la condena pública a todo acto de agresión, el entrenamiento y capacitación a los funcionarios públicos y en especial de las fuerzas policíacas o de seguridad y, si fuere necesario, la expedición de guías de conducta o directrices de respeto a dicho derecho.

10. Otorgar a los y las periodistas el máximo grado de garantías para que no sean detenidos/as, amenazados/as ni agredidos/as por estar ejerciendo su profesión en el marco de una manifestación pública. Sus materiales y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados. Tampoco deben ser citados/as como testigos por los órganos de Justicia y las autoridades deben respetar el derecho a la reserva de sus fuentes de información. El Estado debe garantizar a los medios de comunicación nacionales y extranjeros las trasmisiones en directo de manifestaciones y actos públicos y respetar el deber de no adoptar medidas que regulen o limiten la libre circulación de información en esos contextos.

11. Remover todas las restricciones desproporcionadas o discriminatorias que impiden que los operadores de radio y televisión, en todas las modalidades, puedan cumplir cabalmente con la misión comercial, social o pública que tienen asignada. Los procesos de asignación de licencias o frecuencias deben ser abiertos, públicos y trasparentes, bajo reglas claras y preestablecidas, para evitar la asignación, el retiro o la no renovación de las frecuencias o licencias por razones discriminatorias o arbitrarias. Para ello, el proceso de asignación y regulación debe estar orientado por un órgano técnico independiente del Gobierno, que goce de autonomía frente a presiones políticas coyunturales, que se encuentre sometido a todas las garantías del debido proceso y que se someta al control judicial.

12. Promover la modificación de las leyes penales ambiguas o imprecisas que limitan la libertad de expresión de manera desproporcionada, como aquellas destinadas a proteger la honra de ideas o de instituciones o las que pretenden proteger la seguridad nacional o la paz pública, a fin de eliminar el uso de procesos penales para inhibir el libre debate democrático sobre los asuntos de interés público y el pleno ejercicio de los derechos políticos. Asimismo, promover la derogación de las leyes que consagran el desacato, cualquiera sea la forma en la que se presenten, dado que estas normas son contrarias a los estándares interamericanos y restringen el debate público, elemento esencial del funcionamiento democrático.

13. Adoptar legislación en materia de acceso a la información pública, de conformidad con los estándares interamericanos, con la finalidad de otorgar a todas las personas las herramientas para realizar un efectivo monitoreo del funcionamiento estatal, la gestión pública y el control de la corrupción, esenciales en el proceso democrático.

14. Abstenerse de utilizar mecanismos de presión directa o indirecta dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores, de acuerdo con el principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.

15. Reestablecer el pleno goce de los derechos de libertad de pensamiento, opinión y expresión en aquellas zonas que aún permanecen bajo estado de excepción, debido a que el Estado no ha explicado las razones imperiosas que sustentarían la limitación de estos derechos en el contexto de la alegada crisis fronteriza, en especial teniendo de presente la importancia del goce pleno de estos derechos en el marco de procesos electorales.

Defensoras y defensores de derechos humanos

16. Garantizar las condiciones para que las y los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades sin temor a intimidación y represalias; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar atentados contra su vida e integridad.

17. Mantener desde las más altas instancias estatales la condena pública de los actos de violencia contra los y las defensoras de derechos humanos, con el fin de prevenir acciones que fomenten crímenes en su contra, y de evitar que se siga desarrollando un clima de estigmatización por el hecho de realizar sus labores de promoción o protección de derechos humanos.

18. Adoptar las medidas necesarias para investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en contra de defensoras y defensores, ya sea por parte de agentes estatales o de particulares. Dicha investigación además debe ser emprendida con debida diligencia de manera exhaustiva, seria e imparcial. Asimismo, la CIDH urge al Estado a adoptar todas las medidas 749 necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos.

Administración de justicia

19. Garantizar de manera efectiva la separación e independencia de los poderes públicos y, en particular, adoptar medidas urgentes para asegurar la independencia del poder judicial, fortaleciendo los procedimientos de nombramiento y remoción de jueces y fiscales, afirmando su estabilidad en el cargo y eliminando la situación de provisionalidad en que se encuentra la gran mayoría de jueces y fiscales.

20. Adoptar las medidas que sean necesarias para proteger la vida y la integridad personal de todas las personas, así como también las medidas específicas necesarias para proteger a los comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas que participan en manifestaciones públicas, las personas privadas de libertad, los niños, niñas y adolescentes, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes y la población LGBTI. Asimismo, fortalecer la capacidad institucional de las instancias judiciales para combatir el patrón de impunidad en los casos de violencia y garantizar la debida diligencia y efectividad en las investigaciones relativas a estos hechos. Personas en el contexto de movilidad humana

21. Establecer, en conjunto con el Estado colombiano, un mecanismo que permita la reunificación familiar de todas las familias que fueron separadas como consecuencia de las deportaciones que tuvieron lugar desde el 21 de agosto de 2015.

22. Implementar, en conjunto con el Estado colombiano, un mecanismo que permita la restitución de bienes y enseres de personas deportadas y personas que retornaron desde Venezuela a partir del 21 de agosto de 2015. Respecto de aquellos bienes y enseres que no puedan ser restituidos, adoptar las medidas tendientes para que se indemnice a las personas afectadas por la pérdida de dichos bienes.

23. Detener de manera inmediata cualquier expulsión colectiva, arbitraria, y/o sumaria, y que adopte de forma urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar que cualquier migrante en situación irregular tenga acceso a un procedimiento migratorio que cumpla con las garantías de debido proceso antes de ser deportado y a que se proteja el principio de unidad familiar.

24. Adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la aplicación de los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza en los operativos de control migratorio; la excepcionalidad de la detención migratoria; la prohibición de la detención de niños, niñas y adolescentes migrantes; la detención en condiciones acordes a la dignidad humana; y la prohibición de las expulsiones masivas.

25. Adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar que refugiados y solicitantes de asilo de origen colombiano no sean deportados o retornadas a Colombia.

Personas privadas de libertad

26. Implementar las medidas tendientes a reducir la sobrepoblación carcelaria y ajustar las condiciones de detención a los estándares internacionales sobre la materia, en particular asegurando la seguridad interna en las prisiones, el control efectivo de las armas al interior de los penales, la adecuada separación de las personas privadas de libertad conforme a las categorías y criterios establecidos en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección 750 de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, y prohibiendo la ocupación de los establecimientos por encima del número de plazas disponibles.

27. Adoptar de manera impostergable las medidas necesarias para afrontar las causas de la violencia en los centros penitenciarios, especialmente mediante la investigación y sanción de aquellas personas involucradas en el tráfico de armas en los centros penitenciarios. Asimismo, implementar todas aquellas medidas destinadas a la prevención de la violencia y erradicar la tenencia de armas en todos los centros penitenciarios.

28. Adoptar las medidas necesarias para garantizar que el personal de los lugares de privación de libertad emplee la fuerza de como último recurso después de haber agotado previamente las demás vías disponibles, y por el tiempo y en la medida indispensables para garantizar la seguridad, el orden interno, la protección de los derechos fundamentales de la población privada de libertad, del personal o de las visitas.

29. Realizar investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales, sobre los diferentes hechos de violencia ocurridos recientemente en los centros penitenciarios del país, para que se individualice a los responsables y se les imponga las sanciones correspondientes, incluyendo las administrativas y disciplinarias, como mecanismo de prevención para impedir la recurrencia de nuevos hechos de violencia.

30. Adoptar las medidas necesarias a fin de erradicar la instrucción militar de la población penal, y de incrementar las actividades destinadas a su reinserción social.

Pueblos indígenas

31. Profundizar los esfuerzos para proteger el goce efectivo del derecho al territorio de los pueblos indígenas, como primer paso para resguardar sus derechos fundamentales, a través de la demarcación, delimitación y titulación pronta de sus territorios ancestrales.

32. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, especialmente en el contexto de proyectos de inversión, extracción y desarrollo. Los procesos de consulta deben llevarse a cabo de buena fe, con el objetivo de alcanzar un acuerdo o recibir el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas.

33. Proteger la vida e integridad de las personas indígenas venezolanas, en cumplimiento de sus obligaciones bajo los instrumentos interamericanos; en especial, prevenir las agresiones y hostigamientos en contra de autoridades tradicionales, líderes y lideresas indígenas de las cuales tiene conocimiento de un riesgo real e inmediato.

34. Investigar las violaciones a derechos humanos cometidas contra pueblos indígenas y sus miembros, sancionar a los responsables materiales e intelectuales, y reparar en el ámbito individual y colectivo a las víctimas.

35. Adoptar medidas decididas para el control efectivo y erradicación de la minería ilegal en territorios indígenas, así como abstenerse de realizar actos que podrían dar lugar a que agentes del propio Estado o terceros, actuando con consentimiento o tolerancia del Estado, realicen acciones que favorezcan la actividad minera ilegal.

Mujeres

36. Adoptar las medidas necesarias para garantizar que los casos de violencia basada en el género, sean investigados con debida diligencia de manera oportuna, completa e imparcial, 751 que las personas responsables sean debidamente castigadas, y que las víctimas reciban reparaciones de manera comprehensiva.

37. Adoptar una política estatal comprehensiva, coordinada y con recursos adecuados para asegurar que las víctimas de violencia tengan acceso pleno a una adecuada protección judicial, y que los actos de violencia sean adecuadamente prevenidos, investigados, sancionados y reparados.

38. Continuar trabajando en medidas adecuadas para fortalecer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas.

Personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex (LGBTI)

39. Aplicar la debida diligencia para prevenir, sancionar e investigar actos de violencia contra personas LGBT.

40. Adoptar las medidas estatales necesarias, incluyendo a través de la adopción de leyes y políticas públicas en favor de personas LGBT, en particular a fin de resguardar sus derechos económicos, sociales y culturales, sin discriminación.

41. Adoptar una ley de identidad de género no patologizante que reconozca la identidad de personas trans.

42. Promover que todas las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo aquellas que pueden ser consideradas como críticas del Gobierno, participen en el debate público en relación con los derechos de personas LGBT.

Personas afrodescendientes

43. Fortalecer las medidas adoptadas por el Estado en materia de prevención y erradicación de la discriminación racial en el país, así como asegurar la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones encargadas de estos procesos.

44. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el efectivo acceso a la justicia de la población afrodescendiente, como mecanismo fundamental de protección de sus derechos humanos.

Niños, niñas y adolescentes

45. Adoptar todas las medidas a fin de garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a participar en manifestaciones con la debida protección de su derecho a la libertad de expresión y de reunión.

46. Fortalecer el sistema de protección de la niñez, en especial modo a nivel local, con el objetivo de prevenir la violencia y proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a la misma, además de proveer la debida atención a las víctimas de la violencia y a sus familias. Diseñar políticas integrales que fortalezcan los factores de protección y disminuyan los factores de riesgo del involucramiento de niños y adolescentes en actos de violencia y delictivos, que cuenten con la participación y la opinión de los propios niños, niñas y adolescentes además de los habitantes de las zonas más afectadas por la violencia.

47. Continuar implementando las medidas adecuadas destinadas a reducir el número de armas en manos de particulares en el país.

48. Asegurar el fortalecimiento de programas de justicia restaurativa a nivel local, que suponen una alternativa a los procesos de responsabilidad penal juvenil, y de la privación de libertad 752 a modo a facilitar los procesos de rehabilitación y reintegración social en casos de adolescentes en conflicto con la ley penal.

49. Investigar y procesar a los responsables, de homicidios contra NNA, garantizar la reparación debida de estos homicidios, con especial énfasis respecto de las muertes en las que están involucrados agentes del Estado.

50. Revisar y adaptar los protocolos existentes de uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado, en especial cuando haya niños involucrados o éstos puedan verse afectados por la intervención de las fuerzas de seguridad. Asegurar que todas las situaciones de uso de la fuerza contra niños y adolescentes serán debidamente investigadas de oficio, de modo serio e imparcial, a nivel interno, así como la posibilidad de presentar denuncia ante los tribunales.

51. Implementar mecanismos institucionales que permitan la provisión expedita de alimentos, medicamentos fundamentales y leche maternizada, tomando en cuenta la prioridad absoluta que poseen los NNA en el suministro de estos.

Derechos económicos, sociales y culturales

52. Adoptar políticas públicas que permitan la continuidad a largo plazo de los esfuerzos destinados a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, asegurando que las mismas se enfoquen en el goce pleno de estos derechos y en generar condiciones de igualdad real.

53. Intensificar los esfuerzos para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos a la alimentación y la salud en Venezuela. Adoptar políticas públicas que permitan revertir de manera progresiva la situación de desabastecimiento, en particular con respecto al ámbito de la salud.

54. En cuanto al derecho a la salud, adoptar medidas para garantizar la disponibilidad y calidad de los servicios de salud, asegurando que los establecimientos y centros de atención cuenten con personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario adecuado.

55. Continuar con los esfuerzos y programas destinados a la reducción de la pobreza, tanto en la zona urbana como en la rural y asegurar que los mismos integren un enfoque de derechos humanos, dando prioridad a la satisfacción de derechos de los grupos históricamente discriminados.

56. En cuanto al derecho al trabajo, se recomienda desarrollar estrategias coordinadas de forma intersectorial en las áreas de acceso a recursos, al trabajo digno y a la educación para garantizar el empoderamiento económico y social de las mujeres y los jóvenes, mediante el ejercicio de sus derechos. Asimismo, se recomienda adoptar las medidas pertinentes para la plena garantía del derecho a la libertad sindical en el país.

57. Investigar la alegada situación de contaminación derivada de actividades extractivas y, de ser necesario, adoptar las medidas necesarias para mitigar y revertir la misma y en su caso, reparar adecuadamente y con pertinencia cultural, a las personas, grupos o colectividades que hubieran resultado afectadas.

58. En relación al derecho a la educación la CIDH recomienda adoptar las medidas necesarias para garantizar que la educación promueva el pleno respeto de los derechos humanos, así como la participación activa de representantes de la sociedad civil y estales.

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