163° Período de Sesiones de la CIDH culmina sin que el Estado venezolano reconozca la grave crisis de DDHH

(Lima, 07/07/2017. Civilis DDHH). La grave crisis de derechos humanos en Venezuela estuvo nuevamente presente en los tres días de audiencias del 163º Período de Sesiones de la CIDH. A pesar de la denuncia de la Carta de la OEA y las amenazas de que el gobierno no participaría más en ninguna actividad de la Organización, los representantes del Estado acudieron a todas las sesiones e, incluso, solicitaron una de las audiencias otorgadas a Venezuela. Como de costumbre, la participación de los funcionarios se basó en la negación de los hechos, en atribuir las causas de los problemas a factores externos y en el descrédito personal contra las organizaciones de la sociedad civil e, incluso, los mismos Comisionados.

Afectación de los derechos de niños, niñas y adolescentes

La primera audiencia tuvo como objeto el «impacto de la crisis política y económica sobre la niñez en Venezuela» y estuvo dividida en cinco segmentos: a) impacto de la crisis y la conflictividad social; b) institucionalidad para la protección de esta población; c) violencia; d) derecho a la alimentación y e) derecho a la salud.

En palabras de las organizaciones de la sociedad civil, la rectoría en materia de infancia ha pasado por 5 ministerios distintos y ninguno ha cumplido su función, a la vez que el Sistema de Protección es inoperante y la acción pública es débil y no está coordinada. Por su parte, la reforma de la LOPNNA en el 2007 limita la participación social y autónoma en el Sistema de Protección.

Considerando que la tasa de homicidios en adolescentes es más alta en la región, según cifras del Plan de Acción (2015-2019) de UNICEF, las organizaciones aseguraron que los niveles de violencia constituyen un problema de salud pública. Dentro de las causas, señalaron que no existen políticas públicas para lidiar con los adolescentes en conflicto con la ley penal y las complicaciones presentadas por la reforma penal de la LOPNNA para la atención de los adolescentes victimarios.

Con respecto a la alimentación, indicaron que la escasez ha afectado a los niños en sus casas y en las escuelas, que además presentan el problema de la centralización del Sistema de Alimentación Escolar; mientras que la solución presentada por el gobierno, los CLAP, no resuelve el problema del acceso a los alimentos.

En materia de salud, tal como en alimentación, la escasez de insumos y medicinas y la caída del sistema de salud pública ha impactado de especial forma a los niños, niñas y adolescentes: la mortalidad infantil ha aumentado de manera alarmante, a la vez que no se encuentran vacunas para enfermedades contagiosas, o se cotizan a precios impagables por la mayoría de la población. A ello, se le suma la falta de respuesta de los organismos jurisdiccionales ante las numerosas solicitudes hechas para la protección de los derechos de este sector de la población.

Las organizaciones recordaron que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ejercer con todas las garantías su libertad de reunión y manifestación pacífica. Aclaró ante la audiencia que una de las principales razones por las que menores de edad participaban en las protestas era porque conseguían la comida que no obtenían en sus casas o escuelas.

La respuesta del Estado se limitó a culpar a una supuesta guerra económica de ocasionar una crisis que ha afectado los derechos de esta población, así como a acusar a «grupos violentos» y dirigentes políticos de la oposición de atacar centros de salud y de manipular a menores para participar en «manifestaciones violentas».

Gracias a la información presentada, la Relatora especializada de la CIDH reconoció el impacto que la crisis humanitaria, económica y social ha tenido sobre la niñez.

 

«Asistencia jurídica gratuita»

El Estado venezolano solicitó una audiencia para exponer sobre el «derecho a la asistencia jurídica gratuita como parte de las garantías judiciales en Venezuela». Durante la sesión, representantes de la Defensa Pública se dedicaron  a describir el sistema establecido en las leyes y en la Constitución, sin hacer referencia a datos verificables que permitiesen comprobar que, efectivamente, el Estado habría avanzado en garantizar el disfrute del derecho al acceso a una asistencia jurídica gratuita como elemento del derecho de acceso a la justicia y el debido proceso.

Por su parte, los funcionarios de la Defensa Pública no hicieron referencia a las denuncias de que, de manera ilegal e inconstitucional, detenidos en el marco de manifestaciones pacíficas eran obligados o chantajeados a aceptar un defensor público, a pesar de contar con defensa privada.

En los comentarios finales, el Comisionado Eguiguren, quien funge como Relator para Venezuela, hizo referencia a las numerosas solicitudes al Estado para realizar una visita in situ, con el objetivo de constatar la situación de derechos humanos directamente en el país. Asimismo, hizo mención al pedido hecho por organizaciones de la sociedad civil de realizar un informe país.

 

Libertad de expresión y democracia

Al día siguiente, se llevó a cabo la audiencia sobre «derecho a la libertad de expresión y democracia en Venezuela», en la cual las organizaciones de la sociedad civil expusieron los casos de agresiones, robos y detenciones contra periodistas llevados a cabo por cuerpos estatales, no estatales y por particulares; los cuales aún hoy permanecen sin ser sancionados, comprobando así que existe un patrón de impunidad. Señalaron la organizaciones que la libertad de expresión es uno de los derechos afectados por el Estado de Excepción en el que vive el país desde enero del 2016.

William Castillo, Viceministro de Comunicación Internacional de la Cancillería, señaló que existía un «sesgo en las cifras», pues estas solamente harían referencia a las agresiones sufridas por determinados medios, afirmando que faltaban en ellas las agresiones sufridas por Globovisión, VTV y otros medios pro-gobierno – a pesar de que en el informe estaban contabilizadas dichas agresiones. El Viceministro culpó a los cuerpos municipales de ciertos hechos de violencia en el contexto de manifestaciones, a pesar de que dichos cuerpos no tienen competencia para el mantenimiento del orden público. Como en ocasiones anteriores, en su intento de defender los procedimientos por medio de los cuales han cerrado medios de comunicación críticos al gobierno, Castillo reconoció la arbitrariedad y discrecionalidad de los procedimientos para otorgar y negar concesiones a canales de televisión y radio.

Como ya lo ha hecho la CIDH en ocasiones anteriores, el Comisionado Eguiguren recordó que existe una diferencia entre las expresiones de ciudadanos privados y de titulares de puestos públicos, considerando que una «opinión» emitida desde el poder podría convertirse en una estigmatización y una agresión. Por su parte, Edison Lanza, Relator para la Libertad de Expresión, hizo dos preguntas al Estado que quedaron sin respuesta: «¿Por qué no ha habido una condena desde el alto gobierno contra los ataques a periodistas?» y «¿Por qué se lanzan lacrimógenas a periodistas?»

 

La audiencia en secreto

Ese mismo día, la CIDH convocó a una audiencia sobre «denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela», que contaría con la participación del diputado Julio Borges en calidad de Presidente de la Asamblea Nacional. La decisión de hacerla privada provino de la misma Comisión, amparándose en el hecho de que en ella «ambas partes representan a dos poderes del Estado». Dado el ataque de grupos oficialistas contra la Asamblea Nacional del día anterior, el Presidente de la Asamblea no logró asistir a la audiencia.

 

Diáspora venezolana

El último día del período de sesiones, se llevó a cabo una audiencia convocada por organizaciones latinoamericanas que trabajan el tema de migrantes y refugiados en la región, destinada a presentar la «situación de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados venezolanos en países de América» que, además, contó con la participación de un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para las Américas. En ella, no estuvo presente ningún representante del Estado venezolano.

Cilia Paredes, migrante venezolana, presentó su testimonio como introducción a la discusión sobre la situación de los derechos humanos de los venezolanos que se han visto obligados a dejar su país. Así, las organizaciones participantes señalaron que la respuesta de los Estados latinoamericanos ha sido invisibilizar la situación, con poca o nulas acciones. En ese sentido, señalaron que, entre los principales problemas que afrontan los venezolanos, destacan el desconocimiento de los gobiernos de la obligación de participación internacional, instituciones que no están preparadas para afrontar la situación y los retrasos en dar respuesta a las solicitudes.

Los peticionarios expusieron casos de migrantes devueltos de algunos Estados sin presentar razones para ello. Al respecto, aseveraron que «es innegable la crisis humanitaria en Venezuela, que está provocando el desplazamiento de miles de personas de sus hogares», por lo que los Estados deberían atender el asunto desde una perspectiva de derechos humanos y dar a los migrantes la protección internacional establecida en los pactos internacionales. Así, los Estados deberían cumplir con el principio de no devolución, de lo contrario, estarían sometiendo a esas personas a posibles tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Las palabras del representante de ACNUR para las Américas fueron especialmente fuertes: «creemos que ya no hablamos de una situación de migrantes, si no de refugiados. Tenemos una nueva crisis humanitaria en la región». Señaló que Venezuela es un ejemplo de cómo un país de refugio se puede convertir rápidamente en un país de origen. Como ejemplo de la magnitud del problema, señaló que se calcula que en Colombia hay alrededor de un millón de migrantes venezolanos, y que el impacto en las islas del Caribe, cuya población es bastante reducida, es desproporcionado.

El funcionario indicó que el organismo ha venido trabajando planes de contingencia con los Estados fronterizos, que debían estar preparados para una crisis de refugiados. Al respecto, aseveró que «la crisis humanitaria requiere no solamente solidaridad, si no acciones concretas y diversas de los Estados», por lo que hizo un llamado a los Estados de la región a no devolver a migrantes venezolanos.