157° Período de Audiencias ante la CIDH

(Caracas, 05/04/2016. Civilis DDHH) Este lunes 04 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio inicio a su 157° período de sesiones en su sede en Washington D.C. En esta ocasión, el Estado venezolano y organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales participaron en cuatro audiencias respectivas al cumplimiento y protección de los derechos humanos en Venezuela: la primera trató sobre la situación general de los derechos humanos en el país, la segunda sobre el derecho a la salud, la tercera sobre el caso de Jimmy Guerrero y Ramón Molina, presuntas víctimas de ejecución extrajudicial en el estado Falcón y la última sobre la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP).

Durante las audiencias la representación del Estado estuvo en manos del Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, y el Embajador de Venezuela ante la OEA Bernardo Álvarez. Ambos funcionarios demostraron reiteradamente su descontento por el hecho de que el resto de la delegación estatal no pudiera asistir a las audiencias, ya que no se les concedió la visa para entrar a territorio estadounidense. Sin embargo, se logró conocer que dichas visas habían sido solicitadas con dos y tres días de anticipación, aun cuando el calendario de audiencias fue publicado con suficiente tiempo de anticipación.

Rueda de prensa Provea-Human Rights Watch

Previo al inicio de las audiencias, Provea y Human Rights Watch presentaron en rueda de prensa el informe «Poder sin Limites» sobre los abusos cometidos por autoridades policiales y militares durante la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), que incluyen detenciones masivas arbitrarias, desalojos forzosos, demolición y quema de viviendas, robo de pertenencias, uso excesivo de la fuerza y posibles ejecuciones extrajudiciales.

Situación general de los derechos humanos en Venezuela

Durante la primera audiencia, los representantes del Estado presentaron ante la CIDH el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019 aprobado por el Ejecutivo algunas semanas antes. El Estado explicó ante la Comisión el proceso mediante el cual había sido redactado y aprobado, afirmando que contó con una amplia participación de la sociedad civil, quienes habrían introducido «modificaciones sustanciales».

Comunicado sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos: Foro por la Vida y organizaciones independientes de la sociedad civil

Posteriormente, los representantes del Estado denunciaron la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional recientemente aprobada por la Asamblea Nacional, ya que ésta «tendría como objetivo perdonar delitos».

Por último, el Estado solicitó que se considerara el «contexto de ruptura en los órdenes económico, político y social» al evaluar el cumplimiento de los derechos humanos en Venezuela.

La Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas inició la intervención de la sociedad civil señalando que el Estado se encuentra en «desacato abierto y contumaz» de los dictámenes de los sistemas internacionales de protección, a la vez que recrudece el hostigamiento y los ataques a los defensores de derechos humanos que colaboran con estos sistemas.

Le siguió la organización Espacio Público, que presentó el informe «Sin Papel no hay Periódico«, en el cual se explica cómo el acceso al papel periódico ha sido monopolizado por la Corporación Maneiro relacionada al Estado, la cual lo distribuye arbitrariamente, afectando así la publicación de periódicos independientes. 22 periódicos han tenido que cerrar por falta de papel, el caso más reciente el de El Carabobeño.

De igual forma, Espacio Público señaló que el periodismo independiente ha sido castigado a través de sanciones civiles y penales completamente desproporcionadas. Señaló el ejemplo del director de El Correo del Caroní, quien recibió una sentencia privativa de libertad debido a la publicación en el diario sobre un caso de corrupción en el estado Bolívar.

Posteriormente, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) presentó información sobre la escalada de la conflictividad en la sociedad venezolana. La organización señala que en Venezuela se producen 17 protestas diarias, de las cuales el 98% son pacíficas. Los temas más recurrentes son salud, vivienda y alimentación. La respuesta del Estado ante las protestas ha sido represiva, haciendo uso desproporcionado de la fuerza. El OVCS mostró su preocupación por la creciente problemática de los saqueos e intentos de saqueos. Nada más en 2016 se han registrado 107 saqueos en Venezuela y advierte que, ante la inacción del Estado respecto a la crisis económica y social, «la paciencia de la gente se acaba».

El Foro Penal Venezolano se refirió a la judicialización de la política en Venezuela, donde en este momento hay 82 personas presas por persecución política. Aclaró que la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional no incluye los delitos de narcotráfico ni corrupción.

Por último, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés) criticó la posición de rechazo y desacato del Estado antes las decisiones y recomendaciones de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Dicha organización internacional señaló que el Estado busca deslegitimar y desprestigiar a estos sistemas internacionales, como lo demuestran las varias sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que han declarado como «inaplicables» las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al finalizar las intervenciones, el nuevo Relator para Venezuela, Francisco Eguiguren, tomó la palabra para expresar su compromiso a que su gestión sea un espacio neutral para el diálogo y su deseo de que Venezuela regrese al Sistema Interamericano de Protección y de que pueda visitar libremente el país.

Derecho a la salud en Venezuela

La audiencia inició con la intervención de la representante del Consejo Nacional para la Defensa del Derecho Humano a la Salud (CNDDHS), quien aseguró que su organización creía en la libre determinación de los pueblos, así como en la independencia y soberanía de los Estados. Acusó a otros países de «llevarse» a los médicos venezolanos y a éstos de trabajar para otros países. De igual forma, señaló al contrabando, la caída de los precios del petróleo y los intereses privados de las farmacéuticas como los responsables por la escasez de medicamentos en el país, aunque no hizo referencia a la crítica situación actual del sistema de salud. Para la representante, la escasez de alimentos es más un problema de organización de los trabajadores de la salud, y si falta un medicamento, debía ser sustituido por otro. Por último, la representante del CNDDHS abogó por una ley de salud y por producir en Venezuela los medicamentos necesarios para la población.

Por su parte, el Estado acusó a la sociedad civil de manejar de manera «alegre e irresponsable» el concepto de crisis humanitaria en Venezuela. Para el embajador Álvarez, en Venezuela no existe una crisis humanitaria en salud y, por tanto, no es necesaria la ayuda internacional. Afirmó el embajador que con la recuperación económica, la situación en salud iba a mejorar poco a poco.

El embajador Álvarez aseguró que la salud era un tema de preocupación del gobierno, insistiendo en la conformación de mesas de diálogo entre farmacéuticas, sociedad civil y el Estado – a pesar de que ninguna de las mesas que se ha instalado con la sociedad civil ha tenido resultados -. El embajador afirmó que, en materia de salud, existía un «debate entre la accesibilidad y la disponibilidad de los medicamentos» y que en Venezuela los medicamentos se hacían accesibles a través de subsidios, por lo que, ante la situación económica actual, se dificultaba su disponibilidad.

El embajador aseguró haber estado él mismo en el call center del  0800 SALUD YA, donde «diariamente se reciben 17.000 llamadas y se resuelven el 70% de los casos», aun cuando ese mismo día el mismo Presidente Maduro había admitido los diversos vicios de la línea de ayuda.

Mientras ocurría la audiencia, representantes de las organizaciones Provea, CODEVIDA y Acción Solidaria sostuvieron una reunión con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien mostró su preocupación por la grave crisis humanitaria del sector salud en Venezuela. Durante la reunión, hicieron entrega de un informe que fue publicado por la página web de la OEA, y que puede ser descargado aquí.

Caso: Jimmy Guerrero y Ramón Molina

La tercera audiencia tuvo como objetivo escuchar los argumentos de fondo de las partes en el caso Jimmy Guerrero y Ramón Molina vs. Venezuela.

Argumenta el peticionario que Guerrero y Molina fueron ejecutados extrajudicialmente por la policía del estado Falcón el 29 de marzo del 2003, y que dicha acción constituye un patrón seguido por esta fuerza policial, que ha cobrado otras 260 víctimas. Jean Carlos Guerrero, hermano de Jimmy Guerrero y Ramón Molina, afirma que en el estado Falcón se conformaron grupos de exterminio que asesinaban personas y luego los presentaban como «fallecidos en enfrentamiento». En sus palabras, se sabía que eran policías del estado Falcón, pero iban vestidos de civiles y usaban vehículos particulares para llevar a cabo estas acciones.

Jimmy Guerrero se desempeñaba como taxista y buhonero en el centro de Coro, capital del estado Falcón. Varias veces había sido hostigado y detenido por PoliFalcón sin motivo aparente. De igual forma, su casa fue allanada varias veces sin orden judicial. A sus familiares les decían que buscaban a Guerrero, pero no les decían el motivo. A la madre y hermana de la víctima querían obligarlas a confesar que un arma supuestamente encontrada durante uno de los allanamientos pertenecía a la víctima. Varias veces se presentaron denuncias ante las autoridades correspondientes y se solicitaron medidas de protección sin recibir respuesta.

El 29 de marzo del 2003, Jimmy Guerrero, Ramón Molina y un tercer hombre fueron detenidos por PoliFalcón. Al preguntar la razón de su detención, recibieron una ráfaga de disparos, según relata el tercer hombre, quien logró sobrevivir al simular que había fallecido.

El caso fue denunciado ante el Ministerio Público, pero trece años después los familiares de las víctimas aún no reciben respuesta. Ante esta situación, Jean Carlos Guerrero organizó en un Comité de Víctimas a todos los familiares afectados por estos operativos.

Operación para la Liberación del Pueblo (OLP)

La última de las audiencias sobre los derechos humanos en Venezuela hizo referencia a los abusos cometidos por las fuerzas policiales y militares durante la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), recogidos en el informe realizado por Provea y Human Rights Watch «Poder sin Límites«.

De la información presentada por ambas organizaciones, destacan las siguientes cifras oficiales:

  • Detenciones masivas, afectando a 14.000 personas, de las cuales menos de 100 fueron procesadas penalmente.
  • 245 personas fallecidas en 2015 y otras 200 en el 2016 durante los operativos. La versión oficial indica que murieron en enfrentamientos, pero existen indicios de que al menos 20 fueron ejecuciones extrajudiciales.
  • 1.421 familias desalojadas forzosamente de sus viviendas, castigando así a todo el núcleo familiar, aun cuando la responsabilidad penal es netamente personal. El Ejecutivo denominó estos desalojos «recuperación de viviendas», ya que en estas «vivían delincuentes que azotaban a su comunidad».
  • 976 viviendas demolidas y otras 10 incendiadas, operativo sin precedente en la historia venezolana.
  • 17.000 allanamientos sin orden judicial, en los cuales se registraron robo de las pertenencias de las víctimas.
  • Deportación forzosa de 1.700 personas de nacionalidad colombiana en los estados Táchira y Zulia, de los cuales 400 cuentan con el estatus de refugiados.

Durante la audiencia, los peticionarios mostraron dos fotografías satelitales: la primera, tomada en el 2015, muestra a la comunidad Brisas del Hipódromo en el estado Carabobo. La segunda, tomada en 2016, muestra la desaparición total de la comunidad: 436 viviendas demolidas con maquinarias pesadas. Los habitantes de dicha comunidad viven actualmente en refugios bajo condiciones indignas. Esta situación se repitió en la Carretera Panamericana del estado Miranda y en los estados Táchira y Vargas. El Comisionado Cavallaro comentó estar shockeado por las fotos, que cumple con las características de una «acción de guerra».

José Miguel Vivanco, Director de la División para las Américas de Human Rights Watch, quien representó a dicha organización durante la audiencia, comentó que «nunca había visto algo similar a las OLP en la región.»

el embajador Álvarez aseguró que «revisarían el informe presentado con mucho detenimiento». Reconoció que la criminalidad en Venezuela es un gran problema, pero que la OLP no tenía como fin combatir la delincuencia, sino «desarticular mafias y detener a personas solicitadas por la justicia.» De igual forma, afirmó que entre los afectados habían personas que habrían cometido delitos.

Con respecto a los desalojos forzosos de familias enteras, negó que hubiese una política de Estado dirigida a quitarle la vivienda a las personas, ya que, por el contrario, el gobierno había hecho grandes esfuerzos en proveer a las familias de viviendas. De igual modo, desestimó la denuncia según la cual la falta de título de propiedad vulneraban los derechos de las personas que habitaban en viviendas otorgadas por el Estado, ya que éstas son entregadas «en el sentido de la familia».

Por último, el embajador se quejó de que criticar a Venezuela en Washington D.C. «no tiene ningún costo» ya que no hay personas dispuestas a defenderla en esa ciudad. Afirmó que la situación en Venezuela «la pintan de una forma, que pareciera que más bien hay una finalidad política detrás» y que seguramente en otros países como México o Colombia se han visto cosas similares. A su parecer, los países de América no deberían estar presionando a Venezuela, sino presionándose a sí mismos.

Por su parte, Larry Devoe afirmó que la reforma policial para hacerla más humanista era una política de Estado y que la OLP, desde su creación, estaba en constante evaluación, a la vez que los policías acudían a una universidad especializada (la UNES).

El Relator para Venezuela, el Comisionado Eguiguren, aseveró que numerosas experiencias en la región habían demostrado que estas estrategias policiales y militares fracasan e incluso pueden ser contraproducentes para reducir los niveles de violencia y los planes de seguridad ciudadana.

Los Comisionados mostraron su preocupación sobre si las OLP se encontraban dentro de los límites de la Constitución y de si existía alguna normativa para regularla. También preguntaron si las fuerzas participantes en los operativos eran de carácter civil o militar y sobre el entrenamiento que recibían en el uso de la fuerza. El Comisionado Cavallaro preguntó cuál era el marco normativo y el procedimiento seguido para la «recuperación de viviendas».

Los peticionarios hicieron el señalamiento de que la criminalidad en Venezuela es un problema muy grave y real, que afecta los derechos humanos de los ciudadanos. Sin embargo, cualquier estrategia de seguridad ciudadana debe ser de carácter civil, democrático, transparente, respetuoso de los derechos humanos y debe incluir al sistema de administración de justicia y el sistema penitenciario.

Videos de las audiencias disponibles aquí.