A Transparencia Internacional le preocupa que Venezuela utilice el Decreto de Estado de Excepción para silenciar a la sociedad civil

La organización Transparencia Internacional se une al llamado de otras organizaciones internacionales como la OMCT y Human Rights Watch y a organizaciones de la sociedad civil venezolana en rechazo al Decreto Presidencial 2.323 del 13 de mayo del 2016 que declara el Estado de Emergencia en Venezuela.

A continuación presentamos una traducción libre del comunicado original, disponible en inglés aquí.

A medida que la crisis económica y social en Venezuela se profundiza, a Transparencia Internacional -organización global contra la corrupción- le preocupa que el gobierno ataque a los miembros de la sociedad civil que se pronuncien sobre la crisis política o sobre otros problemas nacionales, incluyendo a activistas contra la corrupción.

«En tiempos de dificultades, es común que aquellos que dicen la verdad al poder sean acosados e intimidados. La grave situación en Venezuela, donde los ciudadanos sufren por malas decisiones gubernamentales, no debería ser utilizada como pretexto para atacar y silenciar a la sociedad civil» afirma José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional. «El espacio para la sociedad civil debería ser protegido. Muchas organizaciones trabajando para ayudar a los venezolanos a vivir libres de corrupción, inseguridad y pobreza son parte de redes internacionales de la sociedad civil y eso no debería ser utilizado para atacar su trabajo».

El Presidente Nicolás Maduro declaró un Estado de Excepción de 60 días el 13 de mayo, centralizando así el poder en el Ejecutivo. Este Decreto de Emergencia le otorga poderes discrecionales para suspender a organizaciones que reciban financiamiento externo. La Asamblea Nacional rechazó el decreto el 17 de mayo y el Tribunal Supremo de Justicia tendrá ahora la última palabra al respecto.

El Presidente Maduro alega que la crisis económica, que ha traído como consecuencia la escasez de comida y de insumos médicos, es el resultado de la oposición nacional e internacional a su gobierno. Existe una petición ganado fuerza en Venezuela para que se realice un referéndum que lo revoque de su cargo y manifestaciones contra el decreto se han llevado a cabo en las principales ciudades.

«La sociedad civil en Venezuela no debería convertirse en chivo expiatorio de los problemas que actualmente sufren los venezolanos», dice Mercedes de Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela, capítulo de Transparencia Internacional en ese país. «Se debe permitir a la sociedad civil cumplir con su rol de vigilancia para asegurar que el Estado sea responsable ante sus ciudadanos, especialmente en tiempos de una devastadora crisis que ha perjudicado la calidad de vida de toda la población.»

Cuando ya no existen los controles y balances al Ejecutivo, hay un peligro inminente de que la concentración de poderes resulte en abusos. Incluso antes del Estado de Excepción, el gobierno venezolano ha atacado a la sociedad civil que se ha pronunciado en contra de sus políticas.

Transparencia Internacional está profundamente preocupada de que este hostigamiento se intensifique. La comunidad internacional debe juntarse para proteger a la sociedad civil venezolana.

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