Persisten las desapariciones forzadas y las torturas en Venezuela, denuncia la Alta Comisionada

(Ginebra, 02/07/2021) La Alta Comisionada continúo recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes durante la elaboración del nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, el cual será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el próximo 05 de julio.

La Alta Comisionada resaltó que recibió denuncias sobre golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación. De igual forma, en el informe se indica que los patrones identificados en oportunidades anteriores de desapariciones forzadas y detenciones en incomunicación persistieron. 

Para el informe se documentaron 9 casos, de los cuales las personas fueron sometidas a desapariciones forzadas, donde se les mantuvo incomunicadas y las autoridades se negaron a compartir su paradero con sus defensas o sus familiares. «Estas prácticas exponen a las personas detenidas a un mayor riesgo de sufrir malos tratos», advierte la ACNUDH.

Según la Alta Comisionada, la duración de las desapariciones forzadas documentadas oscilaron entre unas horas y varios meses. Por ejemplo, Antonio Sequea Torres fue detenido el 4 de mayo de 2020 y mantenido en privación de libertad en Caracas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El 27 de diciembre de 2020, sus familiares fueron informados de que ya no se encontraba en las instalaciones del Servicio. La ACNUDH afirma que estas dinámicas persistentes son motivo de preocupación.

Además, en el informe se destaca que después de haber denunciado casos de tortura o malos tratos ante los tribunales, las personas detenidas fueron devueltas a la custodia de los presuntos responsables de los malos tratos denunciados. «En algunos casos, los presuntos responsables habrían sido llamados a testificar contra las víctimas en los procesos penales que se seguían contra ellos». Además, la Oficina de la Alta Comisionada informó que continuó recibiendo denuncias de estos casos, sin que los jueces o los fiscales adoptaran medidas preventivas para proteger a las presuntas víctimas.

La Alta Comisionada en el informe manifestó estar preocupada por las denuncias de violencia sexual contra las mujeres en prisión preventiva, ya que la mayoría de las instalaciones no están adaptadas para cumplir las normas específicas de género y las detenidas a menudo están vigiladas por hombres. Mencionó el caso de un agente de la Policía Estatal de Barinas  que mató a una mujer bajo custodia policial, después de que ella se hubiera negado presuntamente a participar en actos sexuales.

Caso Acosta Arévalo

La Alta Comisionada recordó que el 9 de septiembre de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la acusación contra dos tenientes de las fuerzas armadas en el caso de Rafael Acosta Arévalo. En octubre, el Ministerio Público presentó una nueva acusación contra los dos
oficiales por cargos de homicidio culposo y tortura. Según la ACNUDH la calificación por parte del Estado de la muerte por tortura de Acosta Arévalo representa un paso positivo en la lucha contra la tortura. «Son necesarios más esfuerzos para garantizar la responsabilidad tanto de los autores directos como de los que están en la cadena de mando, a fin de desmantelar las estructuras y prácticas que han facilitado la tortura y los malos tratos y evitar que se repitan», afirma el informe. La ACNUDH agrega que para evitar se sigan cometiendo estos actos de tortura, se debe  garantizar el acceso regular y confidencial a un defensor de su elección; llevar a cabo investigaciones rápidas, independientes y profundas sobre las denuncias de malos tratos; y adoptar medidas preventivas para impedir la repetición de estos actos durante la investigación.

Informe completo 

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