Organizaciones venezolanas presentaron informe en la ONU sobre desigualdad de género

(Caracas 28 de junio 2015, Cepaz, Avesa, Freya y Ghendu). Cuatro organizaciones no gubernamentales venezolanas, Centro de Justicia, Apoyo y Paz (Cepaz), la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), Género, Democracia y Derechos Humanos (Gendhu) y Freya presentaron un Informe Alternativo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 114° período de sesiones a celebrarse en Ginebra, Suiza, en el que se examinará el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte del Estado venezolano los días 29 y 30 de junio.

El Informe Alternativo aborda ocho puntos del Pacto, específicamente los artículos 2, 3, 6 al 10 y 26; y en él se muestran las brechas existentes entre hombres y mujeres en el acceso y disfrute de sus derechos civiles y políticos en nuestro país.

El informe señala, la existencia de una brecha de género de 68% en participación política en los diferentes niveles (Poderes Legislativo, Ejecutivo, Municipal y Judicial). Si bien las venezolanas representamos el 50% de la población electoral para diciembre de 2011,  estamos al frente de menos de una quinta parte de las Alcaldías (18,2%), del 18% de Concejos Municipales, sólo ocupamos el 16% de puestos en la Asamblea Nacional, y en el Gabinete ocupamos un  22%, que es menos del promedio en América Latina y El Caribe (24%).

En cuanto al derecho a la vida y la protección de las mujeres ante la violencia, el informe señala las deficiencias en la implementación de la Ley Orgánica sobre el derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, que se traducen en un alto índice de impunidad (superior al 96%) y altas cifras de feminicidio, que colocan a Venezuela entre los 15 países con más feminicidios en el mundo.

Es significativa además, la insuficiencia de servicios de asesoría jurídica y acompañamiento a las víctimas, ya que según las estimaciones sólo se cubre el 23,69% de la demanda de servicios y no se tiene el detalle de las características y alcance de esta atención, como tampoco se tiene la precisión del número de Casas de Abrigo existentes en el país y su capacidad, ya que esta información no aparece reflejada en los reportes, página web, ni en la Memoria y Cuenta del MinMujer.

Adicionalmente, la no flexibilización de la norma que penaliza el aborto trae consecuencias negativas a la salud y la vida de las mujeres y ocupa el cuarto lugar dentro de las principales causas de muertes maternas, cuyas cifras son alarmantes en nuestro país.

En Venezuela no se utilizan las herramientas dispuestas para prevenir y sancionar casos de torturas y tratos crueles o degradantes contra las mujeres, tal y como se evidencia de casos como el de María de Lourdes Afiuni, Sairam Rivas y Marvinia Jiménez; tampoco se cuenta con los datos estadísticos al respecto, pues ni la Defensoría del Pueblo ni el Ministerio Público han facilitado esta información. No es posible desde el año 2009 conocer la información desagregada por sexo en materia de tortura y dentro de los informes presentados por el Ministerio Público presentados en los años 2012 y 2013 no se menciona la tortura, salvo para aludir a la ocurrida entre el período de 1958 y 1998

Con respecto al derecho de las mujeres privadas de libertad, se estima que existe una población de 3.260 mujeres privadas de libertad lo cual corresponde al 6% de la cifra total y la única cárcel de mujeres del país sufre una sobre población de 180% (marzo 2015). No hay políticas diseñadas para la atención de mujeres y en la mayoría de los anexos no se cuenta con espacios recreativos. Las mujeres están discriminadas y en condiciones de desigualdad en comparación con los hombres, en particular en lo que se refiere a sus derechos sexuales y reproductivos.

En el tema de trata y tráfico, pese a existir una legislación base en la materia y un Plan Nacional elaborado desde el 2007, no se conoce ninguna política pública actualizada o programa de prevención con estadísticas e información fiable sobre la situación actual en Venezuela que le dé seguimiento a esta grave problemática.

Las organizaciones que presentamos este informe solicitamos al Comité de Derechos Humanos que inste al Estado Venezolano a adoptar medidas progresivas que den cumplimiento de sus obligaciones bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tomando en cuenta la igualdad de género en materia de derechos humanos en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para la recuperación de la democracia política, social y económica del país que liquiden tales desigualdades y discriminaciones de género.

Informe Alternativo Conjunto Cepaz Avesa Freya Ghendu

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