ONG de derechos humanos denunciaron ante la CIDH la falta de garantías en los procesos electorales venezolanos»

(Washington D.C/ Caracas, 07/10/2020) Durante el 177 periodo de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se llevó a cabo la audiencia «Garantías de los derechos políticos en el proceso electoral en Venezuela«, la cual contó con la participación de las organizaciones de derechos humanos: Espacio Público, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Andrés Bello (CDH-UCAB), el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).

En la audiencia las organizaciones denunciaron ante los Comisionados y el relator para la libertad de expresión, Pedro Vaca Villarreal, las reiteradas violaciones a la libertad de prensa y expresión en Venezuela y sus efectos en los derechos políticos y civiles de la población, en ara de las próximas elecciones pautadas para el 6 de diciembre del presente año.

Los defensores y defensoras de derechos humanos presentaron ante la Comisión varias prácticas y normativas que violentan el derecho al voto y la participación en procesos electorales, como bien expuso la investigadora del CDH UCAB Marysabel Rodríguez, quien informó sobre las recientes modificaciones de las normativas electorales en el caso del voto de las comunidades indígenas, pasando a ser un voto de segundo grado debido a «normativas especiales» establecidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y facultado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). «Una de las primeras modificaciones fue el votar levantando la mano en medio de una asamblea comunitaria, lo que viola en totalidad el derecho al voto secreto. Esto fue posteriormente modificado», señaló la investigadora. Además, destacó que en la composición actual de la Asamblea Nacional carece de la representación de las poblaciones indígenas, al TSJ haber suspendido la toma de posesión de los parlamentarios alegando irregularidades en su elección lo cual tras 5 años no ha sido corregido.

En cuanto al acceso a la información el director de la organización Espacio Público, Carlos Correa, señaló que en Venezuela no existe la información pública. «La opacidad es la norma y la publicidad de los datos la excepción«, dijo el periodista, defensor de derechos humanos e investigador del Centro de Derechos Humanos de la UCAB. Para ilustrar lo anterior, Correa explicó que la ONG realizó un trabajo de investigación sobre el acceso a la información relevante a la respuesta del gobierno a la pandemia del COVID-19, la cual dio como resultado que faltaba el 80% de la información sobre el tema y la que era de acceso público presentaba deficiencias en su  calidad y fiabilidad.

Correa también informó a los miembros de la Comisión sobre la existencia de una nueva ley sobre acceso a la información, la ley Antibloqueo , la cual fue elaborada a petición de Nicolás Maduro y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. «Esta norma tiene la capacidad de violar los derechos humanos de manera multidimensional», afirmó. El defensor explicó que la nueva normativa consiste en clasificar como información sensible, de seguridad nacional y secreta cualquier tipo de dato de manera discrecional, incrementando la opacidad. Esto se suma al ya restringido espacio cívico venezolano (punto donde resaltó la dificultad de registro de organizaciones de la sociedad civil), donde no solo se dificulta el acceso a la información, también el elaborar bases de datos es un riesgo. «Nuestra organización ha documentado hasta la fecha más de doscientas detenciones por el hecho de buscar información y crear base de datos. Detenciones no solo dirigidas a periodistas, también investigadores y personas de a pie», destacó el director de Espacio Público.

El defensor de derechos humanos enfatizó que bajo este contexto y con las condiciones actuales no es posible realizar unas elecciones. «Un evento electoral sin garantías y soluciones no va a solventar la crisis del país, solo agravaría la situación de los derechos económicos y sociales», aseguró.

La directora de YPIS, Marianela Balbi, alertó que durante el primer semestre de este año la libertad de prensa se ha visto seriamente agravada, tanto por la crisis como por la pandemia del COVID-19. La periodista y defensora de derechos humanos hizo saber a la Comisión sobre una investigación realizada por YPIS «Atlas del silencio: los desiertos de noticias en Venezuela», explicando que de 317 municipios del país que fueron estudiados, 90 de ellos son desiertos de noticias, 122 son desiertos moderados, y 105 no son desiertos, lo que se traduce en 14 millones de personas que no cuentan con medios de comunicació locales. Además, destacó que al rededor del 7% de los venezolanos y venezolanas no tienen acceso a la información mediante medios impresos, «Esto no es a causa de cambios en el modelo de negocios, es por la falta de acceso al papel», destacó Balbi. La directora de YPIS agregó que no solo la falta de medio impresos afecta el acceso a la información y la libertad de prensa en Venezuela, también las restricciones a los medios digitales que suelen ser víctimas de bloqueos. «Entre enero y abril hemos registrado 98 violaciones a los derechos digitales», señaló.

Balbi también informó a la Comisión sobre los ataques y persecuciones dirigidos hacia las mujeres periodista en el país explicando que en el momento hay casos concretos donde se busca censurar y desacreditar a las periodistas, llegando al punto de ser víctimas de acoso a través de redes sociales e incluso vía whatsapp, como también ataques contra sus familiares, «A veces es difícil determinar si son atacadas por ser mujer o su trabajo como periodistas», destacó. Sumado a esto alertó a los comisionados sobre los efectos de las campañas de desinformación en los procesos electorales en Venezuela, asegurando que la plataforma de desinformación del gobierno es cada vez más sofisticada y distorsiona el espacio informativo. «Uno de los requerimientos necesarios para unas elecciones transparentes es el flujo de la información», dijo.

Marco Ruiz, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), denunció que en el primer semestre de 2020 el sindicato contabilizó más de 200 ataques contra periodistas y trabajadores de prensa, incluyendo 30 detenciones. Aseguró a la Comisión que en Venezuela se mantiene el patrón de amenaza y criminalización del trabajo de los periodistas quienes son víctima del acoso y persecución por parte de los funcionarios públicos, ya sean nacionales, regionales o locales. «En Venezuela ejercemos el periodismo en un entorno totalmente restrictivo», alertó. Además, Ruiz informó sobre el estado de los medios de prensa digitales informando que hasta los momentos no se reconoce como medio de comunicación a los medios digitales, «lo que crea una situación catastrófica», señaló.

Video audiencia «Garantías de los derechos políticos en el proceso electoral en Venezuela«