Las políticas de seguridad del Estado venezolano agudizan la amenaza a la vida e integridad de la población

(Amnistía Internacional, 20/09/2018) Amnistía Internacional (AI) ha publicado un nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, títulado «Esto No Es Vida: Seguridad Ciudadana y Derecho a la Vida en Venezuela», donde se determina que «el Estado venezolano es responsable de la violación del derecho a la vida y a la integridad personal de cientos de víctimas»

Esta violaciones son causadas en primer lugar el Estado no ha podido garantizar el derecho a la vida en un contexto de violencia entre particulares; en segundo lugar porque el Estado ha implementado medidas represivas como ejecuciones extrajudiciales  para atender la situación de delincuencia, lo cual ha ocasionado graves violaciones a los derechos humanos.

Este escenario está conformado por la agudización de la amenaza a la garantía de la vida e integridad de los venezolanos a causa de la violencia armada y la actuación de los cuerpos de seguridad en operaciones de tal naturaleza, violencia que tiene lugar en su mayoría en las zonas populares, donde los principales protagonistas son los jóvenes entre 15 y 44 años de edad. Además,  de acuerdo al análisis de AI, «los planes de seguridad aplicados entre el año 2002 y el 2017, priorizaron la aplicación de sus elementos de represión con operativos reactivos policiales para combatir el delito, en los cuales se ha reportado la comisión de allanamientos ilegales, ejecuciones extrajudiciales y torturas».

En el informe se afirma que estas cifras son prueba de una «sutuación alarmante» que ubica a Venezuela entre  los países más violentos del mundo, con una tasa de homicidios de 89 por cada 100 mil habitantes para el
2017, por encima de países como El Salvador y triplicando la tasa de homicidios de Brasil. La tasa de homicidios de Venezuela desde 2010 no ha disminuído de 50 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Por lo que AI asegura que  «aunque no existiera un involucramiento directo de agentes del Estado venezolano, es ineludible la responsabilidad que el mismo tiene de prevenir dichas muertes, y en caso de que las mismas sean inevitables, debe dedicarse a investigar y sancionar a las personas responsables, para evitar la impunidad e implementar medidas de garantías de no repetición, de cara al futuro».

A su vez, AI en el informe indica que «se ha identificado que existen diversas actuaciones de agentes del Estado
venezolano que les atribuyen la responsabilidad sobre las altísimas tasas de homicidios en el país», lo que influye en la impunidad,  estimada en más de 90% de los casos de homicidios comunes. Esta siatuación se ha ido agravando debido a los  el uso desproporcionado de fuerza, incluida letal, como respuesta y supuesta justificación
de “combatir la delincuencia”. El Estado venezolano ha aplicado de forma constante aquellos planes que planteaban elementos represivos tales como los operativos de seguridad por parte del Ejército y otros componentes militares, en lugar de los planes de seguridad  con elementos preventivos, como las reformas policiales o del sistema de justicia pena.

La organización pudo documentar   ocho casos de ejecuciones extrajudiciales entre los años 2012 y 2017. De estos casos el patrón más evidente era la situación de exclusión social y que se trataba de hombres jóvenes. Por
ejemplo, el caso de Darwilson Sequera (20), quien fue ejecutado el 11 de junio de 2013 en el marco de un operativo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), como lo es el caso de Darwilson Sequera (20), quien fue ejecutado el 11 de junio de 2013 en el marco de un operativo del CICPC. En 2016, la Fiscalía General de la República informó que 4.667 personas murieron a manos de funcionarios de seguridad, lo que representa el 22% de los homicidios totales.10 Y entre enero y junio de 2017, esta misma fuente reveló que hubo 1.848 muertes. Ante esto, Amnistía Internacional manifiesta que  «ha podido observar que los funcionarios del Estado, guiados por una racionalidad militar, han empleado la fuerza de forma abusiva y excesiva con regularidad y, en algunos casos, de manera letal e intencionada en el marco de los operativos de seguridad» y  hace un llamado de atención sobre la impunidad que impera en los casos de violaciones de derechos humanos, la cual está estimada en 92% de los casos.

Amnistía en el informe brinda al Estado venezolano las siguientes recomendaciones:

  1. Desarticule los mensajes que avalan la política de represión, que incluye el uso abusivo e intencionalmente
    letal de la fuerza en contra de los jóvenes en situación de pobreza.
  2. Implemente una política de transparencia y publicidad de la información que permita tomar medidas de
    política pública adecuada (tanto preventivas de cara a la violencia, como de reforma policial y desarme)
    sobre las que las organizaciones de sociedad civil puedan ejercer un rol de contraloría social.
  3. Investigue de manera inmediata y urgente los casos tratados en el presente informe, y además cree un
    mecanismo de priorización de investigación y sanción de los casos de ejecuciones extrajudiciales.
  4. Adecúe las actuaciones policiales a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de
    Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
  5. Retomar la implementación de las medidas de desarme aconsejadas por la Comisión Presidencial para el
    Control de Armas, Municiones y Desarme (Codesarme), y fortalecer la política de control y regulación de armas.
  6. Acepte las visitas de los procedimientos especiales de la Organización de Naciones Unidas y de la Comisión
    Interamericana de Derechos Humanos cuyos mandatos son relevantes para la presente temática.

Para leer el informe completo, ingresa aquí