Informe de la Comisión Internacional de Juristas: Venezuela, Crisis de Impunidad y Estado de Derecho.

(Ginebra, 22/08/2017. ICJ). La Comisión Internacional de Juristas (ICJ)  publicó su informe 2017 como parte de La Iniciativa Global para la Reparación y la Rendición de Cuentas ( en inglés, Global Redress and Accountability Initiative), el cual lleva por título «Alcanzando la Justicia por las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela» (en inglés, Achieving Justice for Gross Human Rights Violations in Venezuela) en el que se expone la situación de los Derechos Humanos y el Sistema de Justicia en Venezuela durante los últimos cuatro años, con especial énfasis en la coyuntura país del 2017.

De acuerdo con el informe, el contexto de extrema polarización política, social y económica; la ruptura del Estado de Derecho, el incumplimiento del Imperio de la Ley, la crisis humanitaria, la pérdida de la independencia del Poder Judicial, el aumento del autoritarismo y la militarización del gobierno nacional han obstaculizado severamente el ejercicio de los derechos humanos, han privado a las víctimas y sus familias de obtener justicia y han generado un marco de impunidad.

Respecto al ejercicio efectivo de las libertades fundamentales – libertad de expresión, asociación, reunión –  y otros derechos políticos, la CIJ comenta que han sido socavados tanto de hecho como de derecho. La CIJ afirma que las ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, las prácticas de tortura y malos tratos, la detención arbitraria, el juicio de civiles por tribunales militares, la criminalización y persecución de disidencia política y / o sociales han aumentado sin control alguno.

Asimismo, dedican un apartado a los agravios cometidos al Poder Público Nacional. Específicamente mencionan la ilegal destitución de la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, a la cual califican como un acto motivado políticamente que viola las normas internacionales, elimina uno de los últimos controles institucionales de la autoridad ejecutiva y destruye uno de los pocos caminos que aún existían para poner fin a la impunidad creciente en los últimos años.

A propósito de la institucionalidad, exponen su preocupación por la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y la «Comisión de la Verdad» a la cual conciben como un instrumento manipulado políticamente para afianzar la impunidad del Ejecutivo y el despojo de la inmunidad parlamentaria, en lugar de ayudar a cumplir el deber de Venezuela de investigar de manera rápida, independiente y efectiva las denuncias de graves violaciones a los Derechos Humanos.

Finalmente, para la ICJ el panorama de impunidad seguirá muy extendido en Venezuela mientras no se cuente con un mecanismo de justicia independiente que pueda abordar las violaciones de derechos y ayudar a restablecer el Estado de Derecho como parte de la transformación del rol de la justicia estatal.

Lea el informe completo aquí.