Human Rights Watch: Informe sobre Venezuela 2015

(Caracas, 27/01/2016. Civilis DDHH) La organización internacional Human Rights Watch (HRW) publicó este 27 de enero su informe anual con la situación de los derechos humanos en todo el mundo, dentro del cual incluye un capítulo dedicado a Venezuela. En él, la organización indica cuáles son los problemas más graves que afectan el ejercicio pleno de los derechos humanos en el país.

En primer lugar, señala el proceso de acumulación de poder en el Ejecutivo llevado a cabo por el ex mandatario Hugo Chávez y por el actual presidente Nicolás Maduro; así como el deterioro progresivo de las garantías a los derechos humanos.

De igual forma, HRW indica que existen grandes obstáculos a la libertad de expresión. como ejemplo de ello, la organización señala la demanda interpuesta por el ex presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, contra los diarios TalCual y El Nacional y el portal digital La Patilla, por reproducir información de un diario español. HRW recuerda que en junio del 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que la no renovación de la concesión al canal de señal abierta RCTV constituía una violación de la libertad de expresión y ordenó que se restableciera la concesión al canal y se restituyeran sus equipos.

En el informe se señala que las fuerzas de seguridad habrían incurrido en abusos al reprimir manifestaciones pacíficas, al llevar a cabo detenciones arbitrarias y al violar el debido proceso de los detenidos. La organización afirma que existen evidencias suficientes de posibles ejecuciones extrajudiciales en el marco de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) iniciada por el gobierno durante el 2015.

Desde agosto del 2015 también se habrían llevado a cabo graves violaciones en el marco de los estados de excepción declarados por el Ejecutivo: deportaciones arbitrarias, separación de familias, desalojo forzado de viviendas y su posterior destrucción.

HRW indica que el Poder Judicial «ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno» desde el 2004. Un ejemplo emblemático sería el de la jueza María Lourdes Afiuni, quien estuvo presa por acatar una decisión de un organismo internacional de derechos humanos, en concordancia con los establecido en la Constitución, y quien aún hoy sigue sometida a un proceso penal.

La organización presenta varios ejemplos de cómo se ha utilizado el sistema judicial para  la persecución política: la sentencia dictada contra Leopoldo López, Christian Holdack, Demian Martin y Ángel González; el caso del médico detenido en febrero por declarar en un medio sobre la escasez, el ingeniero detenido por criticar la postura del gobierno ante la crisis eléctrica y el caso del abogado Marcel Crovato, quien fue detenido en el 2014 por asistir un caso de allanamiento y quien aún se encuentra bajo arresto domiciliario.

Por su parte, afirma que el sistema penitenciario presenta graves fallas debido a «la corrupción, la seguridad deficiente, el deterioro de la infraestructura, la sobrepoblación, la falta de personal suficiente y la capacitación inadecuada de guardias».

HRW afirma que en Venezuela se vive una crisis en salud debido al colapso del sistema de salud pública y a las trabas impuestas para la importación de medicamentos y de equipos médicos.

La organización critica la violación de los derechos sindicales en el país, así como los ataques permanentes contra los defensores de derechos humanos de parte de altos funcionarios del gobierno.

Por último, el informe señala que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los Comités de Derechos Humanos de la ONU han demostrado una gran preocupación por el rápido deterioro de la situación en Venezuela; a pesar del silencio de organismos regionales como el MERCOSUR y la UNASUR.-

 

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