Explotación laboral, trabajo infantil y efectos negativos en la vida de los pueblos indígenas a causa del Arco Minero fueron expuestos ante el Consejo de Derechos Humanos

(Ginebra, 15/07/2020) El día de hoy la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), presentó su nuevo informe sobre Venezuela, en cumplimiento con la resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde informó a los miembros del organismo sobre el estado del sistema de justicia, su acceso y la situación del Arco Minero del Orinoco.

La presentación del informe fue realizada por la Alta Comsionada Adjunta Nada Al- Nashifa continuación sus palabras.

Me complace presentar nuestro informe que se centra en la independencia del sistema de justicia y el acceso a la justicia en Venezuela, y la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco, según lo dispuesto por el Consejo de Derechos Humanos en la resolución 42/25. Les remito a la presentación de la Alta Comisionada de nuestro informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (A / HRC / 44/20) del 2 de julio, que examinó la situación de los derechos humanos en el país y destacó la cooperación entre el Gobierno y la Oficina.

Reconozco los esfuerzos del Gobierno para cooperar con la Oficina. Este informe refleja la información recopilada y analizada por el ACNUDH, a través de entrevistas con víctimas, testigos y otras fuentes. Siempre que fue posible, el informe cita información oficial.

El informe señala los esfuerzos del Gobierno para mejorar el acceso a la justicia y la independencia del sistema judicial, así como las iniciativas del Ministerio Público de investigar las violaciones de los derechos humanos presuntamente cometidas por fuerzas de seguridad. El informe explica los factores que socavan la independencia de los jueces, como las condiciones para el nombramiento y la titularidad del cargo, la falta de libertad de asociación y la presión política (incluidas las amenazas de destitución).

El informe encontró que reformas de gran alcance deben implementarse para permitir que el poder judicial cumpla efectivamente su función de garante de los derechos humanos, contribuya a la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y facilite el acceso a la justicia para las víctimas, particularmente a las mujeres. También debe reforzarse la protección efectiva de las víctimas de violaciones de derechos humanos para disipar los temores de revictimización y restablecer la confianza en el estado de derecho. Las acciones en estas áreas pueden contribuir a enfrentar la impunidad, incluidas por las violaciones graves cometidas por las fuerzas de seguridad, como asesinatos y violaciones de los derechos humanos cometidas en el contexto de protestas y operaciones de seguridad, y los casos de tortura y desapariciones forzadas.

El informe destaca el uso continuo del sistema de justicia militar para juzgar civiles, el cual debería ser y seguir siendo excepcional. Además, desde el 2018 los tribunales antiterroristas se han utilizado cada vez más para procesar casos de relevancia política. El informe también documenta cómo la insuficiencia de recursos ha obstaculizado la capacidad de la Defensoría Pública para brindar asistencia jurídica adecuada a las personas que representa, y que en algunos casos los acusados no se les permite nombrar a sus abogados, dejándolos sin una defensa legal efectiva.

Ahora paso a la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco, conocida como «el Arco Minero». Debido a la falta de transparencia en relación a la información sobre la actividad minera en el Arco Minero, la Oficina no es capaz de determinar en qué medida el Gobierno ha logrado efectivamente regularizar la actividad minera y frenar la minería ilegal. De acuerdo con testimonios obtenidos de primera mano, una gran parte de ellas permanecen bajo el control de grupos criminales organizados o armados que imponen sus propias reglas a través de la violencia y la extorsión. El informe destaca un patrón de explotación laboral, incluido el trabajo infantil, y se refiere a informes de trata de personas y explotación sexual. El informe encontró que los mineros deben dar una gran parte del oro que extraen a grupos criminales y armados, están sujetos a largas jornadas laborales en condiciones peligrosas y estarian expuestos a enfermedades y contaminación por mercurio.

A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad dentro de la región del Arco Minero, y los esfuerzos para abordar la actividad criminal, las autoridades aún tienen que cumplir con su obligación bajo el derecho internacional de prevenir, investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos relacionadas con las operaciones mineras.

La expansión de la minería ha afectado particularmente las vidas y los medios de vida de los pueblos indígenas, dentro del Arco Minero y más allá, principalmente debido a la presencia de actores armados y los impactos ambientales. Una consecuencia principal ha sido la pérdida de control de sus territorios y recursos tradicionales, lo que también socava su derecho a la libre determinación.

El informe presenta recomendaciones específicas al Gobierno para abordar la variedad de desafíos de derechos humanos documentados. La Oficina reitera su disposición de continuar de brindar asistencia técnica a las autoridades y apoyar los esfuerzos para mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Finalmente, la Oficina hace un llamado a todas las partes para que reanuden negociaciones políticas inclusivas destinadas a alcanzar acuerdos concretos para la realización de un proceso electoral pacífico, transparente, creíble e inclusivo.

Fuente oficial

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