El Centro Global para el R2P insta al Consejo de Derechos Humanos a exigir a la Alta Comisionada intensificar el monitoreo y reporte de la situación de los derechos humanos en Venezuela

(Washington D.C, 17/07/2019) Nuevamente Venezuela se encuentra en la categoría de «gran preocupación del «boletín bimensual» del Monito de la Responsabilidad de Proteger elaborado por el Centro Global para la Responsabilidad de Proteger (globalr2p)

Análisis

En medio de una lucha política intensa y continua entre Maduro y Guaidó por el control del Estado, los venezolanos se enfrentan un riesgo potencial de crímenes atroces. Con el liderazgo de las fuerzas armadas restantes son leales a Maduro, el gobierno ha tomado pasos para aislarse del estrutinio internacional, incluyendo su retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Los actuales esfuerzos de mediación constituyen una oportunidad importante, pero aún no está claro si las partes en disputa están dispuestos a trabajar juntos para solventar el conflicto. Violencia política ha creado un ambiente que facilita la realización de serias violaciones y abusos de los derechos humanos, algunos de los cuales podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad.

Aunque el gobierno ha acordado recibir algo de ayuda humanitaria por las NU y otros actores neutrales, las restricciones continuan. De acuerdo a OCHA, un estimado de 7 millones de personas, 25% de la población, están en necesidad urgente de asistencia.

El gobierno está fallando en cumplir con su responsabilidad de proteger a todos los venezolanos sin importar sus afilicaciones políticas.

Respuesta internacional

Varios gobiernos, incluyendo la mayoría de los Estados miembros de la OEA, públicamente han críticado violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos en Venezuela, y más de 50 gobiernos ahora reconocen a Guaidó como presidente interino.

Durante noviembre 2017 la UE impuso un embargo de armas sobre Venezuela. La UE también colocó prohibiciones de viaje y congelamiento de cuentas de 18 oficiales del gobierno. Los Estados Unidos también impuso sanciones extensivas sobre Maduro, su familia y miembros de su gobierno.

El 26 de septiembre 2018 seis estados refirieron la situación en Venezuela a la Corte Penal Internacional (ICC). Por solicitud de la Fiscal en Jefe abrieron una investigación sobre posibles crímenes contra la humanidad, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú se convirtieron el los primeros países en referir una situación al ICC por crímenes que tuvieron lugar en el territorio de otro estado miembro.

Acciones necesarias

El gobierno debe inmediatamente terminar la persecución de sus oponentes políticos, demobilizar milicias auxiliares, asegurar la realización de investigaciones imparciales de todas los asesinatos extrajudiciales, y suspender las restrcciones irrazonables sobre la ayuda humanitaria. El gobierno debería cumplir con su compromiso expreso de brindar acceso total a la ACNUDH a los centros de detención y liberar a todos aquellos que han sido detenidos arbitrariamente. 

Miembros de las NU deberían imponer sanciones sobre los oficiales del gobierno responsables de violaciones sistemáticas y abusos de los derechos humanos en Venezuela, incluyendo tortura de detenidos políticos. El proceso de mediación dirigido por el gobierno de Noruega también debería ser apoyado.

El CDH, durante su 42 sesión en septiembre, debería solicitar al ACNUDH  mejorar su monitoreo y reporte sobre la situación en Venezuela,  con el fin de garantizar la rendición de cuentas para posibles crímenes contra la humanidad.

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