Asamblea Nacional Constituyente: Un problema para la región

(Caracas, 22/08/2017, Civilis DDHH) Desde su viciada convocatoria, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha usurpado la voluntad del pueblo como depositario del Poder Originario, haciéndola acreedora de un espíritu espurio que profundiza la ruptura del orden democrático, al querer imponer la transformación del Estado a partir de la sustitución del marco jurídico sin el respaldo de los venezolanos.

El Presidente desconoció el carácter intransferible de la soberanía, detentado y ejercido por la ciudadanía, al anunciar que convocaría a una Constituyente sin contar con el apoyo popular. Así, Maduro violó el artículo 348 de la Constitución venezolana, según el cual el máximo representante del Ejecutivo puede tener la iniciativa de la convocatoria, considerando que la convocatoria sólo la puede hacer el pueblo a través de elecciones libres, universales, directas y secretas. En tal sentido, la naturaleza de la ANC es ilegítima y rompe con el sentir articulado que representa el texto constitucional en el ordenamiento de la sociedad venezolana y sus instituciones.

Asimismo, el llamado a elegir a los «constituyentes» también estuvo viciado de ilegitimidad e ilegalidad. El Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) avalaron unas elecciones signadas por la discriminación política y las irregularidades en el proceso que ponen en jaque la veracidad de los resultados anunciados. Vale recordar que el CNE desestimó el principio de proporcionalidad como base del proceso electoral, sustituyéndolo por criterios discriminatorios, tal como lo reflejan unas bases comiciales que desvirtuaron el principio de la igualdad y la participación universal en las elecciones.

En consecuencia, esta ANC representa un fraude al orden democrático y constitucional que lejos, de exaltar los principios republicanos y democráticos y la progresividad de los derechos humanos, ha generado regresión en las conquistas alcanzadas por la democracia en Venezuela.

A pesar de las múltiples denuncias y protestas en contra de la ANC, tanto por la sociedad en su conjunto como por la comunidad internacional, el pasado 30 de julio se llevó a cabo un «proceso electoral» donde fueron elegidos 545 constituyentes y participaron, aproximadamente, 8 millones de electores en todo el país según cifras oficiales del CNE. Mientras las autoridades nacionales celebraron una“victoria» acompañada de una “genuina expresión de voluntades” ; en varios estados del país se registraron hechos de violencia, represión contra ciudadanos por ejercer sus derechos constitucionales, ataques a zonas residenciales y abusos de los cuerpos policiales del Estado, trayendo como resultado 16 venezolanos asesinados.

Por las razones esgrimidas, es posible afirmar que tanto la convocatoria, como la elección y la instalación de la ANC son ilegítimas y deben ser desconocidas.  De lo contrario, se estaría afectando la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales de los venezolanos.

Es así como la respuesta de la sociedad venezolana, de organizaciones y organismos nacionales e internacionales y de gobiernos de distintos Estados ante la instalación de la írrita Asamblea Nacional Constituyente no se ha hecho esperar. Considerando las distintas posturas adoptadas por los Estados, ya sea de manera individual o conjunta, pareciera existir un consenso en la comunidad internacional de rechazo hacia el proceso que derivó en la instalación de la fraudulenta ANC, la cual deriva, incluso, en desconocer su legitimidad, así como la de todas las decisiones que de ella emanen.

No es usual que la comunidad internacional rechace procesos electorales; no obstante, las denuncias de fraude hechas por la agencia de noticias Reuters y  Smartmatic, empresa que respalda el proceso de voto electrónico, fueron una piedra angular para el  pronunciamiento de varios países. El hecho de que surja una preocupación en la colectividad – como en la mayoría de los países europeos – sobre los resultados y el proceso demuestra que reconocen la grave situación política, el descontento social e ilegalidad con la que actúan las autoridades venezolanas y deja abierta la posibilidad de contribuir en un diálogo nacional o, por el contrario, de intensificar las acciones que pueden tomar los Estados y organismos respaldados por el derecho internacional, en caso de que se sigan socavando los principios democráticos.

En conjunto, al menos 40 países –Vaticano, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Jamaica, Guyana, México, Panamá, Perú, Paraguay, Santa Lucia, España y los 28 Estados de la Unión Europea – expresaron por medio de sus cancillerías y voceros encargados  la preocupación por la situación interna, así como el desconocimiento de los resultados del proceso constituyente, enfatizando el diálogo como medio para la restitución de la confianza en la democracia y el cese de la violencia. Para Mina Andreeva, vocera de la Comisión Europea “una asamblea nacional constituyente, elegida en condiciones dudosas y con frecuencia circunstancias violentas no puede ser parte de la solución”. En sus palabras, «ha aumentado la división» y la ANC «deslegitimará más las instituciones elegidas democráticamente».

Quizás uno de los pronunciamientos más significativos en contra de la fraudulenta ANC haya sido el del pasado 8 de agosto, conocido como la Declaración de Lima, en el cual 12 Estados de la región –Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú- desconocieron la legitimidad de la ANC y de todo lo que de ella emane. Dicha declaración viene enmarcada en los grandes esfuerzos que se han hecho dentro de la OEA, con la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, y el MERCOSUR, para condenar la ruptura del orden democrático y la alteración del orden constitucional y exigir la restitución de la democracia y los derechos humanos en el país. Deben recibir especial atención las declaraciones del Secretario General de la OEALuis Almagro, quien ya había afirmado que la convocatoria a la ANC era inconstitucional y nula de origen.

Los Estados que refrendaron la Declaración sostienen que la ANC opera en la ilegalidad, mientras que defienden la legitimidad de la Asamblea Nacional, electa democráticamente, y de la Fiscal General de la República, perseguida por el Ejecutivo por cumplir con las competencias que le otorga la Constitución y la legislación nacional.

En este orden de ideas, el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos aseveró que la ANC “tiene un origen espurio, y, por consiguiente, sus resultados tampoco podremos reconocerlosmientras que el Presidente de Argentina, Mauricio Macri afirmó que no se cumple con los requisitos impuestos por la Constitución de ese país”, dando a entender que se desconocerán las decisiones, contratos o eventuales tratados que de ella devengan. Por su parte, el Presidente peruano, Pedro Kuczynski, señaló que «la defensa de la democracia es un principio de (su) Gobierno (…) estamos comprometidos con los esfuerzos regionales para impedir que prosiga la descomposición de la institucionalidad en Venezuela”.

La consolidación de un frente común que condena la actuación del gobierno nacional y que se apoya en la voluntad política por contribuir en la restauración de la democracia, demuestra un cambio de percepción por parte de los países vecinos. De esta forma, se vislumbra el inminente aislamiento de Venezuela respecto a los gobiernos democráticos y se reduce su margen de acción e influencia.

Asimismo, los Estados firmantes reconocen que el país atraviesa una crisis humanitaria cuya irresolución radica en las trabas impuestas por el gobierno nacional, que no reflejan el compromiso con la salvaguarda de los derechos humanos.

Con la Declaración de Lima, los Estados dieron un importante paso para hacer frente a la arbitrariedad del gobierno nacional que es el reflejo de las voces venezolanas que exigen respeto a sus libertades y derechos.

Dentro del marco de las acciones que los Estados pueden tomar para coadyuvar en la recuperación de la democracia y los derechos humanos, otros países han optado incluso por imponer sanciones individuales previstas en sus legislaciones nacionales contra los responsables de violaciones a derechos humanos y del quiebre del orden democrático que representa la ANC. Tal es el caso de los Estados Unidos, que impuso medidas económicas y financieras contra altos funcionarios del gobierno nacional, replicadas por Colombia, México y Panamá.

A pesar del consenso de la comunidad internacional en rechazar la espuria ANC, al menos 7 países han aceptado su legitimidad y han rechazado las declaraciones ya mencionadas. Entre ellos, dos grandes potencias: Rusia y China, quienes hicieron un llamado al respeto evitando “planes destructivos” que puedan agudizar la polarización y a respetar el principio de la “no intervención en asuntos internos”. En esta misma lógica se insertan países que han sido consecuentes con sus posturas en defensa del gobierno venezolano por encima de las normas y principios internacionales: Bolivia, Cuba y Ecuador, quienes conciben la ANC como una «demostración del principio de la autodeterminación de los pueblos»; mientras que El Salvador y Nicaragua como una victoria y lo tildan de «proceso extraordinario».

 

Comunidad internacional en defensa de la institución legislativa

Durante sus primeras semanas de actividades, los representantes de la ilegitima y fraudulenta ANC no han realizado mayores esfuerzos por promover la bandera de la justicia, unión y paz” como resultado del proceso constituyente originario; en cambio, han fijado su mirada en el desmantelamiento institucional.

Por medio de una normativa inconstitucional, la ANC pretende subordinar, limitar o decidir la cesación de actividades de las autoridades que conforman el Poder Público Nacional en función de «la seguridad, soberanía e independencia nacional» si así lo determinarán sus autoridades.

De acuerdo a lo mencionado y como garantía del “pleno funcionamiento”  de la ANC, durante su primera sesión decidió remover a la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz – considerando el antejuicio de mérito solicitado por diputado Pedro Carreño meses atrás ante el TSJ – sin previa autorización de la Asamblea Nacional, conforme lo establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y, además, ejecutó el nombramiento de un fiscal provisionalasumiendo competencias que no corresponden al objetivo por el que fue creada y atentando contra el principio de Separación y Equilibrio de Poderes.

Tras su destitución, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz  aseguró que constitucionalmente ella sigue ejerciendo sus funciones en el país, pronunciamiento secundado por la comunidad internacional y en especial por el Bloque Sudamericano de Procurados y Fiscales generales quienes, a través de un comunicado, expresaron con vehemencia su rechazo al nombramiento arbitrario del ciudadano Tarek William Saab por considerarlo un acto ilegal que impide la recomposición del orden constitucional en Venezuela y atenta contra la autonomía e independencia del Ministerio Público.

Algo semejante ocurrió con la Asamblea Nacional, cuya Junta Directiva no compareció ante la Junta Directiva de la ilegítima y fraudulenta ANC, por lo que la última, amparándose en un falso desacato y desconocimiento del articulo 349, según el cual ningún poder constituido podrá impedir las decisiones que emanan de la ANC, decidió asumir las funciones del órgano legislativo con el objetivo de ejercer poderes absolutos que niegan la voluntad de 14 millones de electores que democráticamente eligieron a sus representantes ante el Poder Legislativo.

En consecuencia, la ANC nuevamente actúa contraria a la Constitución al querer detentar funciones de la Asamblea Nacional que, de acuerdo al artículo 138 del texto constitucional, son nulas e ineficientes porque devienen de una autoridad usurpada.

La violación de la autonomía legislativa es nuevamente un llamado de alerta para la comunidad internacional que anteriormente desconoció los resultados y a la ANC como instancia autorizada.

Al menos 18 naciones europeas y latinoamericanas como México, España, Francia, Reino Unido, Argentina, Canadá y Brasil han respaldado a los parlamentarios en las sesiones de la Asamblea Nacional a través de su representantes diplomáticos.

De igual modo los parlamentos del mundo y personalidades políticas expresaron su repudio y la firme voluntad de contribuir en la procura de la democracia, los derechos humanos y las libertades ciudadanas en Venezuela.