Resolución 03/2018 de la CIDH “fortalecimiento al trámite de solicitudes de medidas cautelares”

(Santo Domingo, 14/05/2018) Durante el 168 periodo de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aprobó y adoptó la resolución 3/2018, con la intención de garantizar el debido cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por este organismo.

En la resolución la CIDH indica que el mecanismo de medidas cautelares no ha sido efectivo para tratar asuntos como:

  1. Supuestas faltas al debido proceso y protección judicial en el marco de procesos penales o civiles
    (Artículos 8 y 25 de la CADH y Artículo XVIII de la Declaración Americana);
  2. Determinar la compatibilidad en abstracto de una normativa a la Convención Americana u otros instrumentos
    aplicables;
  3. Pago de compensaciones pecuniarias, que incluyen procesos civiles, mercantiles y pensiones;
  4. Despidos alegadamente injustificados de empresas privadas o públicas de funcionarios no electos popularmente, pago de salarios, determinaciones sobre ascensos y vacaciones;
  5. Embargos de carácter mercantil o civil y desalojos en los que no se alegan situaciones de riesgo adicionales al derecho a la propiedad privada;
  6. Solicitudes de recursos o apoyos económicos;
  7. Trámites meramente administrativos, entre los que se incluyen, la emisión de certificaciones, hacer expeditos procedimientos y resoluciones declaratorias.

A lo que se suma ” la falta de respuesta a las solicitudes de información adicional por parte de las o los solicitantes así como la falta de presentación de información actualizada por períodos prolongados”, como un obstáculo para determinar la verdadera situación de riesgo de los propuestos como beneficiarios, así como para la celeridad del mecanismo.

Por tanto  en la resolución 03/2018 el CIDH resuelve:

  1. Desactivar las solicitudes de medidas cautelares donde no se haya solicitado información al
    Estado de conformidad con el artículo 25.5 del Reglamento, cuando no se cuente con información
    actualizada por parte de las o los solicitantes en un plazo mayor de 6 meses contados a partir de la
    última información presentada.
  2. en el supuesto de haberse desactivado una solicitud, si las o los solicitantes remiten
    información adicional considerando que la situación actual de las personas propuestas como
    beneficiarias satisface los requisitos establecidos en artículo 25 del Reglamento, la información
    presentada será tramitada con un nuevo registro de solicitud de medida cautelar, atendiendo a la
    situación actual;
  3. en ningún caso se podrá desactivar un asunto cuando la solicitud de información haya sido
    realizada al Estado y la falta de respuesta sea atribuible a éste.

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