Sociedad civil venezolana denuncia la emergencia humanitaria compleja en audiencia de la CIDH

(Caracas, 28/2/2018, Examen ONU Venezuela) Durante la segunda ronda de audiencias del 167 período de sesiones de la Comisión Intermericana de Derechos Humanos (CIDH)  llevadas a cabo en Bogotá el pasado 27 de febrero, tuvo lugar la audiencia “Derecho a la Salud y Alimentación en Venezuela” realizada a petición de la Comisión. 

En esta audiencia un grupo de organizaciones, entre ellas Codevida; PreparaFamilia; Convite A.C; El Observatorio Venezolano de la Salud (OVS); Acción Solidaria y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), expusieron sobre la actual emergencia humanitaria compleja que en estos momentos afecta a la población venezolana.

Francisco Valencia, representante de Codevida, denunció las medidas aplicadas por el Estado venezolano que  limitan en gran escala la adquisición de medicinas, equipamiento médico, tratamientos y servicios de atención a la salud, lo que ha conllevado a una escasez prolongada e incluso el retiro de estos insumos  y medicamentos de las listas de importaciones. “Estas prácticas ponen en peligro a 300 mil personas que presentan dolencias crónicas,  y que además dependen del sistema público de salud y del seguro social (IVSS)”, afirmó Valencia.

De igual forma, Valencia hizo mención de los 7 fallecidos entre enero y febrero del presente año a causa de las faltas a nivel nacional de filtros para la realización de hemodiálisis. A su vez resaltó  los 50 casos de rechazo de órganos ocurridos entre el 2017 y enero de 2018; los 7 fallecidos por la falta de imunosupresores; 34 muertes de hemofílicos por la carencia de factores de coagulación, y la muerte diaria de 66 mujeres  por cáncer de mama. Además, destacó que a causa de la escasez de medicamentos se encuntran en riegos 4 millones de venezolanos.  El representante de Codevida citó el Índice de Desabastecimiento de medicinas del 2017 realizado por la ONG Convite A.C, el cual establece que las medicamentos necesarios para el tratamiento de diábetes, hipertensión, diarreas y enfermedades respiratorias era de 91.6%, llegando incluso a 96.7% en el caso de medicinas para enfermedades respiratorias agudas.

Catherine Martínez de PreparaFamilia, organización que apoya a pacientes y familiares del Hospital J. M de los Ríos, denunció el aumento de muertes maternas en el año 2016, llegando a fallecer 2 mujeres diarias por complicaciones con el embarazo y las muertes en circunstancias similares de 32 niños menores de un año, siendo la mayoría recien nacidos. Así mismo informó sobre las precarias condiciones en las que se encuentra el ya mencionado hospital, donde no cuentan con reactivos para la realización de exámenes de laboratorio, la carencia de medicinas e insumos para 34 servicios que se ofrecen en este centro de salud, y la suspensión desde enero de 2018 del servicio de operaciones. Además indicó que la estructura física no cumple con los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Martínez señaló que debido al brote infeccioso ocurrido en la unidad de hemodíalisis, aunado a la carencia de antibióticos en 2017 fallecieron 10 niños en esta unidad. Así como la muerte de 36 niños por desnutrición ocurridas entre diciembre de 2017 y enero de 2018. La representante de PreparaFamilia comparó las cifras de fallecidos por desnutrición en el J. M de los Ríos, la cual en 2014 fue de 6 niños, mientras que en 2017 fueron 32  y en enero del presento año se han documentado 5 niños con desnutrición grave.

Francisco Cabezas, representante de Convite A. C, indicó que a causa del no cumpliemiento de los lineamientos de prevención en las áreas endémicas, los casos de malaria en el país aumentaron en 365% en el período 2000 – 2015. Los casos de malaria reportados aumentaron en 76% entre los años 2015 y 2016, siendo un total de 240.613 casos. En junio de 2017 los infectados de malaria incremetaron a 400 mil, siendo un aumento del 63%, dispersados entre 17 estados de Venezuela. En promedio han fallecido entre 300 y 500 personas por esta enfermedad en 2017.

Igualmente recalcó que el 70% de los pacientes con VIH en la país no recibieron tratamiento de antiretrovirales, haciendo énfasis en la comunidad Warao ubicados en el Delta del Orinoco. Además, Cabezas resalta el hecho de que diariamente se registran 18 nuevos casos de VIH; así como el reporte de los primeros casos  de muertes ocasionadas por difteria en 2016, y los 324 casos de difteria reportados a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por el Ministeio del Poder Popular para la Salud (MPPS) en 2016 y 609 en 2017, los cuales se extendian entre 21 de los 24 estados del país, con una tasa de letalidad del 21%, “solo el 14% de los afectados tienen la vacunación necesaria”, señaló Cabezas, quién también habló sobre el reporte de MPPS a la OPS de 773 casos sospechosos de sarampión en el 2017.

Mildred Rojas por parte de Transparencia de Venezuela, hizo incapié en los casos de corrupción que han afectado el derecho a la alimentación, las cuales han provocado el desmantelamiento del sistema de producción del sector de alimentos. Rojas señaló que de las 536 empresas del Estado, 71 pertenencen al sector agroaliementario. Así mismo informó a la Comisión que todas las funciones relacionadas a la alimentación están militarizadas y son manejadas con opacidad, así como la reducción del 50% de las tierra cosechadas y  del censo de animales en más del 70%

Posteriormente, Susana Raffalli por la organización venezolana PROVEA, señaló que la industria de alimentos inició el 2018 operando a un 30% de su capacidad, además que el índice de producción de enero disminuyó en 21.5%, dando como resultado una recesión acumulada de los últimos 36 meses de 62%. La experta resaltó que la escasez de fórmulas infantiles es de 100% , así mismo indicó que en 2017 fueron 125.246 las acciones contrarias  a los derechos económicos de los actores del sistema alimentario nacional, entre las cuales se realizaron expropiaciones; ocupaciones temporales; regulaciones confiscatorias; multas; invasiones; cierres de empresas; saqueos controlados y comisos.

Raffalli informó a la Comisión sobre los índices de desabastecimiento e inflación acumulada, siendo estos de 87%  y 2.616% respectivamente, por lo que “la posibilidad de comer se reduce a comprar una caja CLAP”, afirmó la experta. Además indicó la irregularidad en la venta de las ya mencionadas cajas, de las cuales solo el 23.8% de los beneficiarios tienen la posibilidad de adquirirlas mensualmente. Raffalli citó los resultados obtenidos en la Ecuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2017, donde se establece que el 87% de los venezolanos vive en pobreza; 61% en pobreza extrema, siendo más de la mitad de esta pobreza reciente y 30% crónica; 80% de los hogares viven en condiciones de inseguridad alimentaria, 61% de los representantes de los ya mencionados hogares se acuestan sin comer por no contar con el dinero suficiente para adquirir alimentos, y 64% de las parsonas adultas perdió en promedio 11 kilos durante el 2017.

Marianella Herrera por parte del OVS citó datos proporcionados por Fundación Bengoa, donde se reportan 33% de niños menores de 2 años provenientes de sectores populares de todo el país se encuentran padeciendo desnutrición crónica, “de no ser atendidas causaran desnutrición crónica y daños irreversibles a futuro”. De igual manera, Herrera informó a la Comisión sobre los resultados de los estudios realizados por Caritas Venezuela, donde se afirma que los niveles de desnutrición aguda infantil en las parroquias más pobres superan los umbrales de emergencia de la OMS, y tan solo en diciembre de 2017 la desnutrición aguda, moderada y severa entre niños menores de 5 años llegó a 16,8%, siendo esto una duplicación de la prevalencia en un año. 71% de los niños evaluados por Caritas presentan déficit nutricional, y 36% que sobreviven a la desnutrición aguda tienen síntomas de retardo en el crecimiento.

Ricardo Rosales por Espacio Público, indicó que  en 2016 esta organización presentó 91 peticiones de información, de las cuales solo una fue respondida, y en 2017 se presentaron 31 peticiones, ninguna obtuvo respuesta, esto según Rosales “se trata de una política de secreto con grandes consecuencias para los derechos humanos”. Así mismo señaló que no han habido respuestas a peticiones sobre consumo nacional de alimentos, ni sobre las medidas para atacar el déficit de producción, además de la carencia de informes de rendición pública de cuentas de las empresas estatales, ni datos oficiales sobre la escasez e índices inflacionarios en alimentos, “se busca separar a la sociedad de lo público”.

El OVCS, señaló a la comisión que las protestas por alimentos en los 2 meses del 2018 aumentaron en un 199%, y un  aumento de 642%  en los saqueos por alimentos, solo en enero de 2018. “Esta situación se agudizará si no se toman las medidas necesarias”.

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