Resumen de la participación de Venezuela en el 165º período de sesiones de la CIDH

(Caracas, 24/10/2017. Civilis DDHH) Este martes 24 de octubre tuvo lugar la segunda ronda de audiencias del 165° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Montevideo, Uruguay.

En esta ocasión, el Estado venezolano y organizaciones de la sociedad civil participaron en tres audiencias respectivas al derecho a la educación, la situación de institucionalidad democrática y violencia, seguridad ciudadana y libertad de expresión en Venezuela.

La representación del Estado estuvo en manos del Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos Larry Devoe, el Viceministro para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología Eloy Ruíz, la Viceministra para Política Interior y Seguridad Jurídica Suzany González, la Vicepresidente de la Comisión de Justicia y Tutela Efectiva de la Asamblea Nacional Constituyente María Alejandra Díaz, así como representantes del poder judicial venezolano quienes aseguraron que en Venezuela se garantizaban los derechos de todos los venezolanos, mientras que las organizaciones y sociedad civil se hicieron presentes a través de los miembros de la Coalición de Cátedras y Centros Universitarios de Derechos Humanos, CJDDHH, ACAE, CPDH-UCV,AVDC,EPIKEIA- ODH, PADRESORGANIZADOS, EXCUBITUSDHE, FENASOPADRES, PROVEA, Proiuris, CEPAZ, CIJ, Transparencia Venezuela, UVL,OVP, FVP, Espacio Público, CHD-UCAB y OVCS.

  • Derecho a la Educación en Venezuela – Audiencia solicitada por el Estado.

Durante la primera audiencia, los representantes del Estado presentaron ante la CIDH los avances en materia educativa entre los que destacan; la eliminación de la “ola privatizadora” de la educación venezolana y la consolidación del principio de “gratitud” en todos los niveles educativos.

Entre los logros de la revolución, Devoe señaló que para el 2016 hubo incremento de la matrícula escolar de 75,60% en el nivel inicial, 91,30% en el nivel básico y 80,06% en el nivel medio y diversificado. Asimismo, aseguró que el 77% de los estudiantes venezolanos son beneficiarios de educación pública y gratuita como consecuencia de la inversión pública en los programas de alimentación escolar, colección de textos bicentenario y canaima educativo.

A propósito del derecho a la educación se puntualizó que este año fue blanco de ataques, violencia política y medidas coercitivas adoptadas unilateralmente por los EEUU como parte de una política de bloqueo la cual, pretende restringir la capacidad de financiamiento y gestión de recursos necesarios para garantizar los derechos económicos, sociales y políticos de los venezolanos.

Por su parte, el Viceministro para Educación Universitaria Eloy Ruíz señaló que “todo lo que se ha hecho en materia universitaria ha sido realizado con absoluto respeto a los principios y valores del espíritu universitario, en particular el respeto a la “autonomía universitaria” lo que se refleja en los logros alcanzados durante los últimos años entre ellos: la creación de universidades especializadas para los trabajadores e indígenas, aumento en la presencia territorial a 93%, crecimiento de la matrícula en pregrado a 105% e incremento del 72% en el acceso a los centros universitarios.

Por último, expresó que gracias a la garantía de gratuidad educativa, Venezuela es el segundo país de la región con mayor porcentaje de educación pública aunque, reconoció que aún quedan retos pendientes como la agenda de evaluación universitaria y la investigación científica.

A la intervención oficial le siguió la participación de la sociedad civil.En primer lugar tuvo la palabra Mayda Hocevar en nombre de la Coalición de Cátedras y Centros Universitarios de Derechos Humanos, quien presentó un breve informe donde se explica cómo desde el 2013 se inició un proceso sistemático de erosión de la autonomía y libertad académica universitaria con el objeto de someter a las universidades a un proyecto político, sectario y excluyente.

Según Hocevar, la vulneración dela  autonomía universitaria tiene dos expresiones: una institucional con la creación de universidades paralelas que están subordinadas al ejecutivo nacional y otra legislativa mediante la imposición de normas, sentencias y decretos que desconocen no solo este principio sino también, la normativa vigente que rige a las universidades.

Como consecuencia de estas acciones la calidad y la matricula educativa descendió en más de un 40% socavando el derecho a la educación. Seguidamente, David Gómez de Aula Abierta denunció las detenciones y presentaciones arbitrarias e ilegales ante la justicia militar de profesores universitarios y estudiantes; asegurando que han sido víctimas de tortura, tratos crueles y degradantes que vulneran todos los estándares de justicia interna e internacional.

En esta misma línea, la organización Centro Juvenil de Derechos Humanos, Educazulia y Fenasopadres, aseguraron que es importante no solo abocarse a la realidad y los desafíos que enfrenta la educación venezolana sino también, en los temas esenciales referentes a la mejora de los procesos educativos y políticas como el programa de alimentación escolar y programa Canaima, que aseguren el acceso completo y la calidad real para todos los niños y adolescentes.

Finalmente, en la ronda de preguntas la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales Soledad García Muñoz aseguró que la audiencia deja “tantísimas preguntas por lo sugiero realizar una visita a Venezuela”.

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  • Institucionalidad Democrática en Venezuela – Audiencia de Oficio

La segunda audiencia comenzó con la participación del representante para Sudamérica de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) Federico Andeu Guzmán, quien tomó la palabra brevemente para exponer el informe de la organización sobre la jurisprudencia producida por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano entre diciembre de 2015 y marzo de 2017 a la luz de la Constitución Nacional.

El análisis realizado guarda relación con la revisión de más de 30 sentencias sobre la posesión del cargo de diputado, las posibilidades de reglamentar, el debido funcionamiento del poder legislativo, las facultades del legislativo para legislar y temas referentes a los estados de excepción y ley de amnistía.

Entre los aspectos relevantes de este informe, Andeu Guzmán señaló que el Tribunal Supremo de Justicia ha dejado de operar como garante de la constitución venezolana, subvirtiéndola e interpretándola en términos que no están escritos y que desestiman el modelo de contra-presos entre poderes. De igual forma, expresó que dicho órgano ha reducido el control jurídico-político del parlamento convirtiendo esta competencia en un “mero saludo a la bandera”.

Para la CIJ, el TSJ ha acabado con la separación de poderes y, conforme a intereses políticos ha socavando el principio de hecho y derecho así como todas las bases fundamentales del Estado de Derecho. Durante la intervención Guzmán también aseguró la preocupación que se tiene sobre las funciones que ha venido ejerciendo la ANC ya que, su competencia principal es la de crear una nueva constitución y no la de destituir a miembros del poder público como la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz.

En esta misma audiencia, tuvo el derecho de palabra la Directora Ejecutiva de CEPAZ Beatriz Borges con el objetivo de para presentar el documento titulado Estocada a la Democracia” que recoge los hitos antidemocráticos acontecidos durante los años 2016-2017 y explica como la institucionalidad democrática ha sido quebrantada por el gobierno nacional violando “el derecho de los venezolanos a la democracia y la obligación de los Estado a promoverla y defenderla”.

En palabras de Borges:el quiebre de la institucionalidad democrática se da en un país sumergido en una emergencia humanitaria, la población no tiene las respuestas del Estado ni la cooperación internacional necesaria que evite el sufrimiento que viven los venezolanos.”

Igualmente, acotó que la ANC es sí misma ilegítima e inconstitucional pues “no fue convocada por el pueblo como depositario del poder constituyente originario sino por Nicolás Maduro con aval de una Sala Constitucional que actúa como operador político”. Borges culminó pidiendo el acompañamiento de otros actores de la comunidad internacional ante la situación de emergencia democrática en Venezuela.

El último en dirigirse a la comisión como sociedad civil fue Rafael Uzcátegui coordinador general de PROVEA exhortó a la CIDH a adoptar recomendaciones en Venezuela como lo hizo ante la dictadura de Fujimori en el Perú un vez se determinó que hubo ruptura del hilo democrático en el país.

La presentación de Uzcátegui fue breve y se centró en explicar cómo llegan al poder las dictaduras del siglo XXI través de los procesos de elecciones, promoción de un proceso de refundación del Estado que surge a la par de un nuevo marco jurídico que luego es vulnerado, centralización de los poderes públicos, institucionalización de la lógica del enemigo interno, el castigo de la crítica y la disidencia, erosión del sistema electoral, utilización de medios públicos para justificar acciones arbitrarias y la descalificación de los sistemas de protección en derechos humanos.

Una vez finalizada las intervenciones de la sociedad civil, tuvo el derecho de palabra el Estado Venezolano cuya participación estuvo centrada en “exponer la verdad”. La primera en hablar fue la Inspectora General de tribunales en nombre del TSJ Mariely Valdez, explicó el papel de la Sala Constitucional como único y último interprete de la Constitución y por tanto el órgano capaz en el uso de sus facultades de dictar sentencia y no la Asamblea Nacional como se quiso ver.

Asimismo, aseguró que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato por no respetar una decisión de medida cautelar sobre la desincorporación de tres diputados hasta la culminación del proceso de impugnación electoral. Los cuestionamientos al poder legislativo se fundamentan en procesos írritos como por ejemplo la designación de magistrados al TSJ sin la aprobación de la mayoría calificada, sin que hubiese vacantes y con el fundamento de crear “una nueva justicia” en Venezuela. Cerró su participación acotando que el “TSJ goza de autonomía e independencia, que trabaja en para mejorar el sistema de administración de justicia contribuyendo significativamente en el mantenimiento al cumplimiento del Estado de Derecho”.

Prosiguió la delegada de la ANC María Alejandra Díaz, quien se refirió al modelo de consenso puntofijista como aparente por su enorme duda social el cual, desapareció cuando el ex Presidente Chávez irrumpe con la conciliación populista de élites llamando al poder originario del pueblo a crear una nueva constitución.

En su criterio la diferencia entre la ANC del 1999 y 2017 es que antes no había un marco constitucional democrático que lo permitiera, por ello no es posible que se use un solo artículo para deslegitimar todo un proceso en que participaron más de 8 millones de personas.

Finalmente los comisionados expresaron inquietudes sobre las competencias claras de la AN y la ANC, el principio de separación de poderes y la independencia de jueces y juezas por su condición de provisionalidad.

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  • Violencia y Libertad de Expresión – Audiencia de Oficio

La tercera audiencia tuvo como objetivo escuchar los aportes de la sociedad civil y el Estado en el ámbito de la libertad de expresión en Venezuela.

Entre los participantes se encontraba Carlos Correa en representación de CDH-UCAB y Espacio Público, resaltó que el 2017 ha sido el año con mayores casos de violación a la libertad de expresión desde el 2002, aproximadamente se registraron 634 casos con más de 800 violaciones en el conjunto de estos casos.

Brevemente subrayó que existen muchas dificultades para garantizar medidas judiciales acordes en los casos de periodistas. Según Correa, se han documentado torturas, incomunicaciones y situaciones graves ya denunciadas ante el Ministerio Público. Finalmente señaló que el espacio radioeléctrico también se ha visto afectado “solo en este año se han cerrado 49 emisoras, 8 canales de televisión y 17 medios impresos”.

Por su parte, Marco Ponce en nombre de OVCS aseveró que la realidad de Venezuela se caracteriza por la violación reiterada de manifestaciones pacíficas en defensa de la garantía de derechos económicos, sociales y políticos. En los últimos 5 años al menos han habido 38 mil protestas pacíficas en todo el país siendo 29 mil manifestaciones, paros, huelgas para exigir el derecho a la vida, a la vivienda, al agua y servicios básicos.

En el marco de esta idea, Ponce expresó que la respuesta del Estado ante estos problemas ha sido crear un sistema de represión que evolucionó con el llamado Plan Zamora y, tiene a caracterizar a una parte de la población interna como “agentes desequilibradores o enemigo interno”. Finalmente acotó que en el 2017 ha sido mayor la represión porque se ha fundamentado en la incitación al odio a través de medios públicos pre configurando la acción represiva en un marco ideológico en contra de una parte de la población.

También tuvo el derecho de palabra Carlos Nieto Palma de una Ventana a la Libertad, quien afirmó que Venezuela está viviendo la situación carcelaria más grave de su historia ya que existe un aproximado de 100 mil personas privadas de libertad, 45 mil de ellas en centros de detención preventiva sin ningún tipo de derechos.

Actualmente, hay una tasa de 340 personas por cada 100 mil habitantes privados de libertad que deben enfrentar condiciones de hacinamiento, graves problemas de alimentación y acceso a las medicinas, aumento de enfermedades y retardo procesal.

Para cerrar con la participación de la sociedad civil se le concedió la palabra a Gonzalo Himiob del Foro Penal, para el abogado desde el 2014 al 2017 se han registrado 11.989 arrestos de personas que estaban protestando de los cuales, hasta este momento 7.740 personas han sido criminalizadas y se encuentran con libertades restringidas. Himiob también señaló que existen 391 presos políticos mientras que 207 civiles están presos a la orden de los tribunales militares. Finalizó presentando la lista de las 19 personas que tienen sentencia de excarcelación.

En representación del Estado estuvo la Viceministra de Política Interior la cual expuso los logros alcanzados por dos grandes políticas en materia de seguridad; la gran misión a toda vida Venezuela y la gran misión justicia socialista entre los que destacan “la prevención integral como el movimiento por la paz y la vida, mejoras sustanciales de los cuerpos de seguridad, transformación del sistema de justicia penal, modernización del sistema penitenciario”, entre otros.

Según la Viceministra, el país se encuentra frente a un escenario de confrontación política agudizado por grupos con intereses contrarios a los de la “revolución bolivariana”. En sus palabras las manifestaciones durante el 2017 no fueron pacificas sino expresiones violentas y de odio promovidas por sectores de la “ultraderecha venezolana”.

Asimismo señaló, que el gobierno venezolano solo en tiempos de revolución ha garantizado el derecho a la manifestación pacífica y sin armas. Respecto a la incidencia delictiva en el territorio hubo una disminución del 19% y particularmente la tasa de homicidio ha pasado a 39 por cada 100 mil habitantes respectivamente. Desde el Ministerio se ejecuta una revisión exhaustiva de los cuerpos policiales que hasta la fechan han sido más de 5000 los funcionarios destituidos.

Sobre el cierre de canales el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos Larry Devoe explicó que se hizo apegado al ordenamiento jurídico interno y como consecuencia de las irregularidades en las concesiones necesarias para utilización del espacio radioeléctrico.

Finalizada su intervención, los comisionados solicitaron explicar los resultados o avances en las investigaciones de los manifestantes asesinados, detención de periodistas internacionales y cierre de canales internacionales.

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