Monitor R2P: “La ONU, con el apoyo de Estados de América Latina y la OEA, deberían ayudar a negociar un final pacífico a la crisis en Venezuela”

(Nueva York, 16/05/2019) Nuevamente en el boletín bimensual del Centro Global para la Responsibilidad de Proteger (GCR2P), clasificó a Venezuela como “gran preocupación”, motivado al conflicto político y graves violaciones de derechos humanos que pone en riesgo a la población de ser víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Respuesta internacional

Varios gobiernos, incluidos los estados miembros de la Organización de Estados Américanos, han criticado públicamente las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos en Venezuela. Más de 50 gobiernos reconocen a Guaidó como Presidente Interino de Venezuela. El 9 de abril de 2019 el Consejo Permanente de la OEA aceptó el nombramiento de representante designado por el gobierno interino como embajador. Tras esta decisión, el gobierno dirigido por Maduro se retiró formalmente de la OEA.

Durante noviembre de 2017 la Unión Europea (UE) impuso un embargo de armas y otras sanciones a Venezuela. La UE también ha impuesto prohibiciones de viajes y congelación de activos de 18 altos funcionarios del gobierno. Los Estados Unidos ha impuesto extensas sanciones a Maduro, su familia y altos miembros de su gobierno.

El 26 de septiembre de 2018, seis Estados refirieron la situación en Venezuela a la Corte Penal Internacional (CPI), al solicitar la apertura del Fiscal General una investigación formal sobre posibles crímenes de lesa humanidad, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú se convirtieron en los primeros países en remitir una situación a la CPI por delitos que tuvo lugar en el territorio de otro Estado Parte.

Acciones necesarias

El gobierno debe poner fin inmediatamente a las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos, desmovilizar las milicias auxiliares (incluyendo “colectivos”) y garantizar que las fuerzas de seguridad se abstengan de hacer uso desproporcionado y mortal de la fuerza contra manifestantes.

Los Estados miembros de la ONU deberían imponer sanciones específicas a todos los funcionarios gubernamentales responsables de violaciones sistemáticas y abusos de los derechos humanos en Venezuela, incluída la tortura de detenidos politicos. La ONU, con el apoyo de Estados América Latina y la OEA, deberían ayudar a negociar un final pacífico a la crisis.

Los esfuerzos de ayuda humanitaria deben ser estrictamente guiados por el principios de independencia e imparcialidad, y entregas de ayuda deben coordinarse con las agencias de la ONU, otras organizaciones internacionales y actores humanitarios.

Traducción no oficial.

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