Boletín humanitario OCHA – Colombia “los niños, niñas y adolescentes migrantes, especialmente los indocumentados, están expuestos a situaciones de alto riesgo”.

(Colombia, 03/01/2019)  La llegada de personas provenientes de Venezuela y colombianos retornados, se suma al impacto humanitario configurando situaciones de triple afectación, siendo un motivo de alerta y preocupación en Colombia. 

Norte de Santander es uno, sino el mayor departamento con múltiple afectación a causa del por conflicto armado, flujo migratorio mixto proveniente de Venezuela, y en menor proporción eventos de desastres naturales; los diferentes perfiles poblaciones que habitan las comunidades del Catatumbo (víctimas del conflicto armado, los connacionales retornados y la población migrante venezolana) permanecen expuestos a múltiples riesgos de protección a causa del accionar de los actores armados en el marco de sus dinámicas de control social y territorial.

Con este panorama, miembros del Equipo Local de Coordinación (ELC) de Norte de Santander y del Grupo Temático
de Protección, realizaron una misión a municipios del Catatumbo, donde pudieron determinar diferentes
situaciones. La población proveniente de Venezuela se enfrenta a un control migratorio irregular en las trochas por parte de grupos armados como el ELN y el EPL; a través de identificación con carnet se controla la movilidad y el acceso al trabajo de esta población, también hay víctimas de reclutamiento, homicidios, tráfico y trata de personas, explotación sexual y laboral, vinculación a economías ilícitas  (cultivo de coca), entre otras. En noviembre, el defensor del Pueblo de Colombia afirmó, en un informe sobre la niñez en zonas fronterizas, que los niños, niñas y adolescentes migrantes, especialmente los indocumentados, están expuestos a situaciones de alto riesgo como la trata de personas, trabajo infantil, explotación sexual, entre otros 12, que ponen en peligro su integridad física y psicológica. Así mismo, se reconoce que la presencia de grupos armados en la frontera aunado a la desescolarización y la deserción escolar, genera alto riesgo de reclutamiento y vinculación de menores en actividades ilícitas.

Las mujeres provenientes de Venezuela también son vinculadas a las economías ilícitas en roles específicos como labores de servidumbre y explotación laboral, destacándose la preparación de alimentos en las fincas de producción de hoja de coca. Adicionalmente, existe una proliferación de mujeres en ejercicio de sexo por supervivencia en lugares clandestinos que dificultan la verificación de sus derechos, su salud y las condiciones de estos sitios. Existe un subregistro de la población proveniente de Venezuela y de la cantidad de víctimas venezolanas del conflicto armado debido a su situación de irregularidad, la ausencia de rutas de atención, redes de apoyo, el temor a denunciar ante las autoridades, las restricciones a la movilidad y la permanencia variable en el territorio.

Retos para abordar las crecientes necesidades humanitarias en Colombia

Sumado a lo anterior, tres millones de venezolanos han abandonado su país desde el 2015. Más de un millón se
encuentra en Colombia, donde el Gobierno hace esfuerzos para regularizar su estatus migratorio con el Permiso Especial de Permanencia (PEP), para que tengan acceso a servicios sociales y trabajo.

Según Migración Colombia, a corte del 30 de septiembre de este año, 646.188 venezolanos se encuentran en situación regular, 218.098 en irregular y 167.730 en proceso de regularización, según Migración Colombia. 456.188 venezolanos han obtenido el PEP, de acuerdo con el Gobierno colombiano. “Las personas venezolanas sin acceso a un estatus legal son particularmente vulnerables a la explotación, la trata y la discriminación”, afirmó Filippo Grandi, Alto Comisionado de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) durante su visita a Colombia el pasado mes de octubre.

Norte de Santander es el punto fronterizo más concurrido en Colombia, contabilizando 75 por ciento de todas las entradas terrestres. Las autoridades nacionales y locales están trabajando con ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otras entidades en la zona para dar mejor abordaje a las necesidades humanitarias de quienes llegan, incluyendo refugiados y migrantes venezolanos – con más de 5.000 entradas
diarias al país, muchos de ellos a pie – y alrededor de 300.000 colombianos que han retornado.

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