Represalias contra ONG y defensores de derechos humanos en Venezuela fueron incluidas en el informe del Secretario General de Naciones Unidas

El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el marco de su 47 periodo de sesiones, su informe anual sobre Cooperación con Naciones Unidas, sus Representantes y Mecanismos en el Campo de los Derechos Humanos, en cumplimiento con el mandato del Consejo en su resolución 12/2, donde manifiesta su preocupación por las represalias por parte de los Estados y actores no estatales contra quienes cooperan con el sistema de NU. En el informe el Secretario General habla sobre actos de intimidación contra organizaciones y defensores de derechos humanos en Venezuela.

Represalias por colaborar con Naciones Unidas

Entre marzo y abril 2019, personal médica, defensores de derechos humanos y miembros de movimientos estudiantiles que habían cooperado con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) durante su primera visita al país en el mes de marzo, reportaron haber sufrido ataques físicos, acoso y estigmatización. Los afectados incluyen al Dr. Ronnie Villasmil, Marlon Jesús Díaz Golindano, la Dra. María Auxiliadora Castillo, la Dra. Amarante Anza Maldonado, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Liliana Ortega del Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de febrero-marzo de 1989 (COFAVIC) y Rafael Uzcátegui of Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA).

En Octubre de 2019, Fernando Albán murió mientras se encontraba en custodia en Caracas luego de ser arrestado en el aeropuerto cuando se proponía regresar a Nueva York, donde debía participar en reuniones relacionadas a la Asamblea General sobre actuales y posibles iniciativas de las Naciones Unidas, en particular del Consejo de Seguridad para tratar la situación de Venezuela. El 23 de noviembre de 2018, el Secretario General Asistente atendieron las alegaciones por escrito.

Caso de la Jueza Afiuni

El caso de la Jueza María Louerdes Afiuni ha sido incluído en múltiples informes del Secretario General desde 2010 (A/HRC/14/19, paras 45–47; A/HRC/27/38, para. 46; A/HRC/30/29, para. 7; A/HRC/33/19, para. 45). El 23 de marzo de 2019, el Relator Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados presentaron una declaración sobre la sentencia de una corte en Caracas donde condena a la Jueza Afiuni a 5 años de prisión por corrupción, lo cual el relator ve con gran preocupación al ser otro acto de represalia contra ella.

La Jueza Afiuni fue puesta bajo arresto y encarcelada en 2009 por decidir sobre la libertad condicional del empresario Eligio Cedeño, de acuerdo con la decisión del Grupo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias (No. 10/2009). Mientras se encontraba en detención, se reportó que fue sometida a malos tratos que podrían equivaler a tortura, y se le negó tratamiento médico. Afiuni fue mantenida bajo custodia por 14 meses. En 2011, se le concedió arresto domiciliario por motivos de salud, y dos años después fue puesta bajo libertad bajo la condición de no dejar el país o usar redes sociales.

El 5 de julio de 2019 la Alta Comisionada para los Derechos Humanos señaló que se le había otorgado a la jueza Afiuni se le había concedido una libertad condicional. Su condicional estaba basado fue condicional basado en una de las medidas de su sentencia y, según los informes, todavía está en riesgo de ser detenida

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