Carta Abierta de Amnistía Internacional a los Jefes de Estado asistentes a la VIII Cumbre de las Américas

(Amnistía Internacional 12/04/2018) Con motivo de la celebración de la VIII Cumbre de las Américas, Amnistía Internacional, organización no gubernamental internacional que vela por la defensa y respeto de los derechos humanos, envían una “carta abierta” a los Estados del continente americano con la finalidad de que estos prioricen los derechos humanos para poderse realizar un abordaje del tema central de la cumbre “Gobernabilidad Democrática frente ala Corrupción”, debido a que  “las Américas continúan siendo la región más desigual y violenta del mundo”. A continuación un resumen del documento.

La discriminación y la desigualdad siguen estando presentes en el continente, exacerbadas por los estragos
causados por los altos niveles de violencia: oleadas de homicidios, desapariciones forzadas y detenciones
arbitrarias. Las personas defensoras de los derechos humanos también sufren de esta violencia al realizar su
labor. Los pueblos indígenas continúan padeciendo la discriminación, con constante vulneraciones de sus
derechos económicos, sociales y culturales, incluido su derecho a tierras ancestrales y al consentimiento libre,
previo e informado sobre proyectos que les afectan. En general, han sido pocos los avances de los Estados
americanos respecto de la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, así como de lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

Ante este contexto, durante esta VIII Cumbre de las Américas, hacemos un llamado a los Estados para que en la declaración final se incluyan compromisos firmes para garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas sin distinción. Estos compromisos deberán ser traducidos en acciones y políticas de inmediata implementación en las Américas. 

Amnistía Internacional desea aprovechar esta oportunidad de este encuentro regional para reiterar ante todos
los Jefes de Estado asistentes a esta Cumbre algunas consideraciones sobre la situación de los derechos
humanos en el hemisferio:

La retórica regresiva en materia de derechos humanos y sus efectos en las Américas

Millones de personas en toda la región afrontan una crisis de derechos humanos agravada por retrocesos en la
protección de los derechos humanos en legislaciones, políticas y las prácticas, y por el uso creciente de una
retórica regresiva y divisoria.

En Venezuela, donde se vive la peor crisis de derechos humanos en su historia, la retórica de
agresión contra voces disidentes del Presidente Maduro, es utilizada para justificar graves violaciones a los derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, ataques contra civiles y torturas y otros malos tratos, en medio de una crisis humanitaria que afecta a la población en general.

Acceso a la justicia y lucha contra la impunidad

La impunidad continúa siendo generalizada y pieza fundamental en los abusos y violaciones de los derechos
humanos en muchos países del hemisferio. Algunos ejemplos recientes ponen en descubierto la pendiente
deuda histórica que se tienen en materia de justicia:

Un reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se evidencia que
incluso en el caso de los 43 estudiantes Ayotzinapa, sujetos a desaparición forzada desde 2014, la investigación
oficial se sostuvo a través de tortura y otros malos tratos, encubrimiento y manipulación de evidencia. El resto
de los casos tampoco son gestionados de mucha mejor manera.

Por otra parte, el ex presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski concedió un indulto al expresidente Alberto
Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, así como el derecho de
gracia, que extingue todos los procesos penales que se seguían contra él. Esta medida tiene graves
consecuencias para el derecho de las víctimas de crímenes de derecho internacional y de violaciones graves de
derechos humanos a verdad, justicia y reparación.

Crisis de personas refugiadas

Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, durante el 2017 más de 57.000 personas de
Honduras, Guatemala y El Salvador solicitaron asilo en el extranjero. Muchas de ellas fueron obligadas a regresar
a sus países, donde la falta de un sistema de protección eficaz las deja expuestas a los mismos peligros y
condiciones de la que trataban de huir.

Además de la crisis de personas refugiadas que sufre Centroamérica, la organización no puede dejar de resaltar la situación en Venezuela, que ha provocado un aumento significativo del número de personas refugiadas venezolanas. Este aumento no se entiende sin dimensionar la crisis de derechos humanos por la que pasa este país.

Protestas y el uso excesivo de la fuerza

Las autoridades de varios países, incluidos Colombia, Argentina, Venezuela, Paraguay y Puerto Rico, han
respondido recientemente a protestas sociales en las calles con un uso innecesario y excesivo de la fuerza.

En Venezuela, las fuerzas de seguridad también hicieron uso excesivo y abusivo de la fuerza
contra quienes protestaban pacíficamente: entre otras cosas, emplearon gas lacrimógeno y balas de goma. En este marco de conflictividad social ocurrieron más de 120 muertes. Miles de personas fueron detenidas de forma arbitraria, y se registraron numerosas denuncias de torturas y otros malos tratos. El sistema judicial ha sido utilizado con frecuencia para acallar la disidencia —entre otras cosas mediante el uso de tribunales militares para juzgar a civiles— y para perseguir y hostigar a defensores y defensoras de los derechos humanos.

Personas defensoras de derechos humanos

Honduras continúa siendo el país más peligroso de la región para quienes defienden los derechos humanos,
especialmente para quienes trabajaban en la protección de la tierra, el territorio y el medio ambiente. En
Guatemala y Honduras los agentes estatales y no estatales vinculados a empresas nacionales y trasnacionales
los hacen blanco de campañas difamatorias que buscan desprestigiarles por su labor. De igual forma, las
personas defensoras sufren de intimidación, amenazas y ataques, sin que sean investigadas apropiadamente.

En Colombia, el incremento de ataques contra defensoras y defensores, especialmente lideresas y líderes
comunitarios, defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, y personas que hacen
campaña en favor del proceso de paz, es sumamente preocupante. Así, de acuerdo con la Oficina del Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, más de 100 defensores y defensoras de los derechos
humanos fueron víctimas de homicidio en el 2017. Esto se suma a las amenazas de muerte que son atribuibles
a grupos paramilitares. En la mayoría de los casos las autoridades no han sido capaces de identificar a los
responsables de las muertes ni de las amenazas.

Derechos de los pueblos indígenas

En las Américas, las violaciones contra los derechos de los pueblos indígenas continúan presentes en países
como Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú, entre otros.

En Perú se han promulgado leyes que debilitaron la protección de los derechos de los pueblos indígenas relativos
a la tierra y el territorio, y socavaron su derecho al consentimiento libre, previo e informado. Asimismo, Perú
continúa desatendiendo el derecho a la salud de cientos de miembros de pueblos indígenas cuyas únicas
fuentes de agua han sido contaminadas con metales tóxicos, y carecen de acceso a una atención médica
adecuada.

Igualdad y no discriminación

En toda la región, las mujeres y las niñas siguen siendo sometidas a una amplia gama de abusos y violaciones
de derechos humanos, que incluyen violencia, discriminación y violaciones de sus derechos sexuales y
reproductivos.

La impunidad de delitos como la violación, los homicidios y las amenazas es generalizada. La discriminación
en la investigación y persecución de este tipo de delitos está muy arraigada y a menudo se ve reforzada por la
falta de voluntad política y recursos limitados para tales fines.

La persistente violencia de género por ejemplo en República Dominicana se tradujo en un aumento en la cifra
de homicidios de mujeres y niñas. La violencia de género en contra de mujeres y niñas también es motivo de
honda preocupación en México, y empeoró en países como Nicaragua y El Salvador.

Para leer la carta completa ingresa aquí