Informe resalta el aumento de las represalias contra defensores de derechos humanos que cooperan con la ONU

(Ginebra, 20/09/2017) El Subsecretario General de las Naciones Unidas, Andrew Gilmour, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un nuevo informe en el que advierte sobre el aumento de las represalias contra los defensores de derechos humanos y otras personas o grupos que acuden y participan en los diversos mecanismos y organismos de derechos humanos de la ONU. Entre los Estados resaltados en el informe se encuentra Venezuela.

Nota de prensa sobre la presentación del informe:

Traducción libre, en inglés aquí.

Un nuevo e importante informe de la ONU advierte que un creciente número de defensores de derechos humanos alrededor del mundo están enfrentando represalias por cooperar con las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.

El informe del Secretario General de la ONU señala que individuos y grupos han sufrido represalias e intimidación, que van desde prohibiciones de viaje y congelamiento de activos hasta detención y tortura.

“Francamente, es simplemente aborrecible que, año tras año, nos veamos obligados a presentar casos de intimidación y represalias contra personas cuyo crimen, según sus gobiernos, ha sido cooperar con las instituciones y mecanismos de la ONU”, dijo el Subsecretario General para los Derechos Humanos de la ONU, Andrew Gilmour, alto funcionario de las Naciones Unidas designado por el Secretario General para estudiar la situación.

“Deberíamos ver a estos individuos como el canario en la mina de carbón, cantando valientemente hasta que son silenciados por esta tóxica reacción en contra de las personas, los derechos y la dignidad – una oscura advertencia a todos nosotros”, afirmó Gilmour, al momento de presentar el informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

“Estamos al tanto de casos en los cuales individuos con los que nos comunicamos han sido secuestrados, detenidos, mantenidos incomunicados o desaparecidos”, añadió.

“También hay muchos casos relacionados con detenciones arbitrarias prolongadas, así como torturas y tratos crueles, con algunas víctimas amenazadas, amordazadas y golpeadas. Un caso implicó tratamiento psiquiátrico forzoso, otros han incluido confinamiento solitario, agresiones sexuales y violación durante la detención, contra hombres y mujeres” señaló Gilmour.

El informe, que sería el octavo de este tipo, nombró a 29 países* en los que se han documentado casos de represalias e intimidación, cifra significatiamente más alta que los 20 países incluidos en el informe anterior. Once de esos Estados son actualmente Miembros del Consejo de Derechos Humanos. Algunos han sido incluidos casi todos los años en el reporte anual sobre represalias desde que fue implementado, en 2010.

Los casos “generan gran preocupación” según lo señala el informe, resaltando que muchos son perpetrados o condonados por funcionarios del Estado. Muchos otros incidentes no son reportados por miedo a nuevas repercusiones, mientras que los detalles de algunos casos sobre los que se tiene conocimiento han sido ocultados para no poner a las víctimas en mayores riesgos.

“Las personas que trabajan con las Naciones Unidas han enfrentado intimidación, hostigamiento, amenazas en línea y fuera de ella, campañas mediáticas de desprestigio, prohibiciones de viaje, arrestos y detenciones arbitrarios, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles, inhabilitaciones y despidos de sus puestos, entre otras medidas”, según lo señalado en el informe.

“Más allá del grave impacto en la vida de las personas involucradas y sus familiares, la intimidación y las represalias perjudican sistemáticamente las acciones de las Naciones Unidas relativas a derechos humanos y afectan la confianza de los aliados en la Organización“, dice el informe.

Todos los casos señalados en el informe ocurrieron entre junio del 2016 y mayo del 2017, e involucran a individuos y grupos que han cooperado con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, que han utilizado los procedimientos de la ONU, que han enviado comunicaciones según los procedimientos establecidos por los instrumentos de derechos humanos, o que han provisto de asistencia legal o de otro tipo a otras personas. También cubre a familiares o defensores de víctimas.

Gilmour dijo al Consejo de Derechos Humanos que el informe no era bajo ningún concepto exhaustivo, y que el problema era mucho más generalizado.

“Dado que este informe está limitado a represalias contra personas que cooperan con las Naciones Unidas, los casos que cubre son sólo una pequeña porción de una reacción mucho más generalizada contra la sociedad civil y otros actores que desafían a als autoridades estatales, especialmente defensores de derechos humanos”, afirmó Gilmour.

Hizo énfasis en un número de casos recientes que ocurrieron luego de culminado el informe, incluyendo el del abogado egipcio Ebrahim Metwally, detenido en el aeropuerto de El Cairo el 10 de septiembre mientras viajaba para reunirse con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas en Ginebra, quien habría sido torturado y se mantiene aún detenido. Presuntamente, una carta del propio Grupo de Trabajo fue incluida en el caso en su contra.

Gilmour también indicó que, desde junio del 2016, miembros de la sociedad civil de Bahréin que han intentado colaborar con el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos han sido interrogados, intimidados, sujetos a prohibiciones de viajar e incluso detenidos o arrestados, generando un ambiente de temor. El número de representantes de la sociedad civil que vienen directamente de Bahrain (a Ginebra) ha disminuido significativamente durante el último año, lo cual se nota en la actual sesión del Consejo.

Gilmour también expresó su grave preocupación por la situación en curso de una defensora de derechos humanos bahreini, Ebtesam Abdulhusain Ali Alsaegh, quien, según reportes, “ha sido golpeada y abusada sexualmente, y quien se mantiene aún detenida”.

El informe urge a todos los Estados a cesar las represalias, investigar las denuncias hechas, dar remedio eficiente a la situación e implementar medidas para prevenir su repetición. Señala que los gobiernos que han sido confrontados con respecto a los casos no han respondido o han fallado en abordar las preocupaciones en las respuestas que han enviado.

El patrón de casos sugiere que algunos Estados tienen una estrategia para prevenir que las personas cooperen con las Naciones Unidas, añade el informe.

El Secretario General Adjunto Gilmour fue nombrado para ocupar dicho puesto en octubre del 2016 por el Secretario General, luego de que las Naciones Unidas notara un alarmante aumento en el número de casos de intimidación y represalias y decidiera que un enfoque más comprehensivo era necesario para acabar con el problema.

 

*Los países nombrados en el informe son (en orden alfabético): Arabia Saudita, Argelia, Bahréin, Burundi, China, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Honduras, India, Irán, Israel, Marruecos, Mauritania, México, Myanmar, Omar, Pakistán, Rwanda, Sri Lanka, Sudán, Sudán del Sur, Tailandia, Tajikistán, Turkmenistán, Turquía, Uzbekistán y Venezuela.

Informe (en inglés) aquí.

 

¿Qué dice el informe sobre Venezuela?

El párrafo 62 del informe hace referencia a los actos intimidatorios y amenazas que sufren los defensores de derechos humanos en Venezuela:

Traducción libre del inglés

El informe anterior del Secretario General, reflejó serias denuncias expresadas por expertos independientes sobre el patrón de desacreditación e intimidación a defensores de derech0s humanos en represalia por su cooperación con las Naciones Unidas y los organismos regionales de derechos humanos (ver: A/HRC/33/19, párr. 32-37). En una nota de prensa del 19 de mayo del 2017, el portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos hixo referencia al caso de Henrque Capriles, quien tenía pautada una reunión con el Alto Comisionado en Nueva York ese mismo día, pero a quien se le impidió salir de Venezuela para ello. El Alto Comisionado expresó sus deseos de que el incidente no fuese una represalia ligada a la reunión pautada con él. El Subsecretario General para los Derechos Humanos abordó los casos de represalias con el gobierno en abril del 2017.