Grupo de Trabajo de la OEA: «A los venezolanos se les debe otorgar el estatus de refugiado a nivel regional»

(Medellín, 28/06/2019) En el último día de la °49 Asamblea General de la Organización de Estados Américanos (OEA), el Grupo de Trabajo, creado por iniciativa del Secretario General de la organización, presentó su primer informe sobre como abordar la región debe abordar esta crisis migratoria.

«La actual crisis de migrantes y refugiados venezolanos no tiene precedentes en la región», afirman los miembros del grupo de trabajo. Para el momento de la publicación de este informe (junio de 2019), al menos 4 millones de venezolanos han huido del país, lo que representa poco más de 13% de la población total de la nación. A nivel mundial, solo Siria que ha padecido una guerra por más de 8 años, supera a Venezuela en el flujo de migrantes y refugiados.

La mayoría de los migrantes y refugiados venezolanos se encuentran en Colombia (1.3 millones), Perú (768.100), Chile (288.200), Ecuador (263.000), Brasil (168.300), Argentina (130.000), Panamá (94.400), Trinidad y Tobago (40.000), México (39.500), Guyana (36.400), República Dominicana (28.500), Costa Rica (25.700), Uruguay (8.600) y Paraguay (5.000). En términos absolutos, 4 naciones, Colombia, Perú, Chile y Ecuador, concentran más del 65% de los venezolanos que ha abandonado su país. En Curazao (26.000) y Aruba (16.000), los venezolanos representan el 15% de la población total de cada una de las islas, la más alta de la región en términos relativos.

A pesar de no padecer un conflicto bélico ni una catástrofe natural, 5.000 venezolanos huyen a diario. Las determinantes identificadas por el Grupo de Trabajo, a través de testimonios de venezolanos desplazados de manera forzosa, consultas con la sociedad civil e información suministrada
por los gobiernos de países receptores son la crisis humanitaria, reflejada en la escasez de alimentos y medicamentos; el colapso económico, reflejado en una hiperinflación de 10.000.000%; la
violación sistemática y generalizada a los derechos humanos, a través de persecución, represión, control social y delitos de lesa humanidad; las reiteradas fallas en el suministro de servicios básicos, tales como electricidad, agua y gas; y la violencia generalizada con una tasa de homicidios de 81 personas por cada 100.000 habitantes. Todas estas determinantes se pueden considerar, además, como alteraciones del orden público en la cotidianidad del ciudadano venezolano.

De no haber una solución política, económica y social al corto plazo en Venezuela que permita el acceso a alimentos y medicamentos, la disminución de los índices delictivos, la recuperación del Estado de Derecho que garantice plenas libertades al ciudadano evitando persecuciones generalizadas
y una mejora de la economía, las estimaciones son que para finales de 2019 pudiese haber entre 5.3 y 5.7 millones de migrantes y refugiados venezolanos y para 2020 entre 7.5 y 8.2 millones.

Ante esta grave situación, el Grupo de Trabajo considera que a los venezolanos se les debe otorgar el estatus de refugiado a nivel regional, según la Declaración de Cartagena que establece que un refugiado también es aquella persona que huye de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos u otras circunstancias que hayan perturbado el orden público. Muchas de estas razones aplican formalmente para la crisis actual en Venezuela.

Caminar miles de kilómetros a través del continente para llegar a otro país, como hacen los “caminantes”, o tomar una pequeña lancha o bote por largas horas de trayecto hasta llegar a una isla del Caribe, como hacen los “balseros”, es la mayor evidencia de la desesperación que existe por huir para satisfacer necesidades básicas como el derecho a la alimentación y evitar ser víctima de la violencia generalizada y alteración del orden público. Además, explica la alta vulnerabilidad económica que impide que hagan su trayecto usando vías de transporte convencionales cuyos costos están fuera del alcance de muchos.

Es loable el esfuerzo que han hecho distintos países de la región implementando diversos instrumentos legales para otorgarles protección temporal a cerca de 1.8 millones de venezolanos que, con esa condición, les brindan acceso a la salud, educación y oportunidades para insertarse en los mercados laborales. Sin embargo, cerca de 2 millones de venezolanos están en condición de irregularidad o corren el riesgo de estarlo pronto.

El aumento de restricciones migratorias a los venezolanos, lejos de solventar la crisis, la va a agravar. A parte de las condiciones vulnerables en las que están saliendo las personas de Venezuela, solicitar una renovación de pasaporte o emitir uno nuevo en ese país es prácticamente imposible por los costos, las redes de corrupción, la falta de material o la discriminación generalizada del régimen con quienes no comulguen con sus ideas.

El Grupo de Trabajo está consciente de las limitaciones de infraestructura, servicios y financieras que tienen los países receptores. De hecho, después del primer semestre de 2019 Naciones Unidas solamente ha podido recaudar 21% (158 millones de dólares) del total estimado en el Plan de Respuesta Regional para los Migrantes y Refugiados Venezolanos. La brecha para completar lo estimado es de 579.5 millones de dólares, equivalente al 79%. Cuando se hace una comparación
con otras crisis de migrantes y refugiados en el mundo, se observa que la donación otorgada por la comunidad internacional para la crisis de desplazamiento forzado de venezolanos (325 millones de dólares) es significativamente inferior a lo que se ha donado para la crisis de los rohinyá (1.2 mil millones de dólares), Sudán del Sur (9.4 mil millones de dólares) y Siria (33 mil millones
de dólares).

Comparando las cifras anteriormente mencionadas y si tomamos un ejemplo, el financiamiento recibido per cápita para los sirios es de 5 mil dólares, mientras que para los venezolanos es de 100 dólares por persona.

Se reconoce el esfuerzo de muchos países en la región y más allá de la misma para cooperar financieramente para atender a los migrantes y refugiados venezolanos. Sin embargo, desafortunadamente, no es suficiente para el tamaño de esta crisis. El desplazamiento forzoso de millones de venezolanos no debe interpretarse en dimensiones regionales ni mucho menos subregionales. Debe verse en dimensiones globales.

Esta crisis de migrantes y refugiados representa un desafío inédito en la región para los países miembros de la OEA y el resto de la comunidad internacional. No se puede dejar de destacar la receptividad que ha recibido el pueblo venezolano por parte de los gobiernos y sociedades receptoras desde que esta crisis comenzó. A pesar de las dificultades que este episodio ha generado, este reto significa una inmensa oportunidad de integrar a millones que están deseosos de trabajar, estudiar e impactar positivamente en los países que los reciben.

Como muchos venezolanos han expresado cuando hemos visitado la región: “yo quiero trabajar aquí para estar mejor y poder ayudar a mi familia que aún sigue en Venezuela. Cuando las cosas cambien allá (Venezuela), regresaré.”

Para lograr la integración de millones que huyen dramáticamente es necesario crear las bases
para un consenso regional que garantice la protección permanente e integración de los venezolanos. Será la mejor contribución del continente a corto plazo por la prosperidad que se generará en las naciones receptoras y al largo plazo con el retorno de muchos venezolanos capacitados para aportar en la reconstrucción de su país.

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